El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana está a un paso de ser procesado por haberse apropiado, supuestamente, de comisiones ilícitas en el proceso de privatización de las ITV valencianas cuando se cumplen tres años de su puesta en libertad provisional, tras ser detenido y encarcelado por estos hechos.

La investigación, según han informado a Efe fuentes del caso, se encuentra en su fase final y, pese a la reciente prórroga de la instrucción acordada por la titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia, se espera que se ponga punto final a la misma en cuestión de semanas, todo ello con la intención de sentar en el banquillo a los acusados este mismo año.

Esta prórroga, han señalado las mismas fuentes, se acordó exclusivamente para la solicitud de información a varios ayuntamientos castellonenses sobre supuestas irregularidades en la contratación con la firma Elecnor y el cobro de presuntas mordidas por parte del exconseller Fernando Castelló.

Sin embargo, entre los investigadores existe la sensación de que esta parte de la investigación no afecta al núcleo del caso y, en consecuencia, podría ser desgajada de la pieza principal e incluso remitida a los juzgados de Castellón, lo que permitiría concluir la instrucción del conocido como caso Erial y abrir la fase de presentación de escritos de acusación y defensa.

En esta fase es muy probable, según ha podido saber Efe, que las acusaciones queden sensiblemente acotadas respecto al gran volumen de investigados que se han acumulado en la fase de instrucción.

El exdirigente del PP fue detenido el 22 de mayo de 2018 y fue puesto en libertad el 7 de febrero de 2019 aunque, de esos 259 días, 51 los pasó en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.

Sobre el también exdirectivo de Telefónica y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana.

Las últimas pesquisas de la UCO han permitido a los investigadores reconstruir la estructura societaria de la que supuestamente se sirvieron los investigados para ocultar los fondos provenientes de sus mordidas.

En varios informes, los técnicos de la Guardia Civil han hallado rastro de unos nueve millones de euros que estuvieron depositados originalmente en Luxemburgo y posteriormente fueron transferidos a cuentas de Andorra, tituladas por testaferros de Zaplana y cuyo origen se presume delictivo.

Según consta en el sumario del caso, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.

Parte de estos supuestos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo en una operación accionarial realizada por los sobrinos del exdirector general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

Además de la cuestión central -las adjudicaciones y las supuestas mordidas millonarias-, la causa tiene ahora otras ramificaciones en forma de operaciones societarias e inmobiliarias, con las que supuestamente se repatriaron fondos provenientes de aquellos sobornos.