El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha incorporado al sumario de la pieza 9 de Púnica, que investiga la posible caja B en el PP de Madrid, un informe que aprecia anomalías en algunas de las facturas emitidas por las obras de reforma en la sede de Madrid de la formación, informa Europa Press.

El magistrado había solicitado al PP madrileño en 2019 los contratos de la obra, realizada entre 2005 y 2010. El partido respondió que no había encontrado la documentación requerida y envió al juzgado la relación de pagos y facturas que dijo tener. El informe, elaborado por la Agencia Tributaria en 2020, echa en falta dos facturas emitidas por la empresa INDECOR, "la responsable del mayor coste de la obra", realizada entre 2005 y 2010, que sí aparecen mencionadas en la relación de pagos. 

Asimismo, los peritos de Hacienda apuntan a posibles incongruencias entre los documentos referidos a una misma superficie. En los papeles entregados por el PP aparece una factura por 30.248,35 euros por la demolición de muros de fábrica de ladrillo de 35 metros cuadrados de superficie y el suministro y la colocación de una mampara acristalada de 25 metros cuadrados de superficie.

Sin embargo, el mismo extracto también abarca la colocación de un parquet de 350 metros cuadrados, con lo que los autores del informe manifiestan que "con tal superficie se antoja muy escasa la superficie de demolición de muros y de colocación de mamparas de cristal, salvo que en las facturas que faltan aparezcan o que en realidad se mantuvieron muchos de los muros o mamparas ya existentes".

Del mismo modo, el informe también destaca una factura emitida por otra empresa, Erin South, en mayo de 2010 por 1.000 euros en concepto de trabajos realizados con las mamparas, pero "muy anteriormente, en el año 2008", que se pagaron al contado. Destacan respecto a esta segunda empresa que los inspectores de Hacienda de Andalucía y Madrid reflejaron en sendos informes emitidos en 2014 y 2015 que Erin South "podría formar parte de una cadena de facturación irregular".

La investigación de esta pieza separada de Púnica, la de mayor trascendencia, en la que el juez trata de determinar si el PP madrileño, financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, concluyó el 26 de enero. En un primer momento, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción.

Una de las personas imputadas es la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.