A mediodía de este martes ha terminado el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había dado a la Generalitat para ejecutar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas y la respuesta política aún no está del todo atada. En una carrera contrarreloj, el Govern aprobó el lunes un decreto que evita la aplicación de porcentajes y establece que el Departament es el responsable último de los proyectos lingüísticos de cada escuela.

Apenas este martes los centros han recibido instrucciones sobre cómo adaptar su proyecto educativo a este nuevo marco normativo. En paralelo, en el Parlament se encuentra atascada una nueva ley con el apoyo de ERC, JxCat, PSC y los Comuns para acabar de blindar la inmersión y driblar los porcentajes. La cámara ha fijado para el próximo miércoles el pleno donde se votará.

Todo ello constituye la estrategia bicéfala del Govern para modificar el marco legislativo y hacer frente así a la sentencia y sortear la aplicación de porcentajes. Las dificultades para alcanzar el "consenso" con las formaciones políticas y entidades han retrasado el impulso de las medidas hasta el punto de que, el día en el que ha finalizado el plazo, la ley todavía está en trámite. Analizamos las diez claves de la estrategia de la Generalitat para driblar la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

¿Tendrá que impartirse un 25% de castellano en las escuelas a partir del miércoles?

No, porque según el decreto ley 6/2022, impulsado este lunes por el Govern, el aprendizaje de lenguas en las escuelas no puede estar sometido a ningún tipo de parámetro numérico, proporción ni porcentaje. Los centros tendrán que contestar un cuestionario de siete preguntas del Departament para garantizar que el proyecto lingüístico se adapte al nuevo marco normativo. En caso de que no sea así, tendrán que adaptarlo. Tienen hasta el 30 de junio para remitir las respuestas.

¿El Govern está desobedeciendo la sentencia?

El conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha evitado hablar en rueda de prensa de desobediencia y se ha limitado a señalar que "las nuevas normativas deben servir para no aplicar ningún porcentaje en ningún centro del país". Esto, en la práctica, implica no cumplir la sentencia.

En el escrito que el gabinete jurídico de la Generalitat ha presentado al tribunal se refiere a "la imposibilidad legal" de ejecutarla porque el marco normativo ha cambiado y el nuevo rechaza explícitamente el uso de porcentajes. "Ni la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía de Catalunya, ni la legislación básica estatal en materia educativa imponen que la regulación sobre el uso de las lenguas en la escuela deba seguir un modelo de porcentajes", argumenta el texto.

¿Esto vulnera la legalidad?

La Generalitat defiende que está actuando de acuerdo con las reglas democráticas y su capacidad de impulsar legislación, y recuerda al TSJC que en la sentencia le reprochaba "inactividad normativa" en cuanto a la regulación del uso de las lenguas en la escuela. "Esto es precisamente lo que se está tratando de superar con esta primera norma de rango legal aprobada", sigue el texto, y se remite a la "plena libertad" de la Generalitat para decidir el contenido de las normas legales, con el único límite de la Constitución y el Estatut.

¿El TSJC lo aceptará?

Está en entredicho cuál será la respuesta del tribunal. Según la Generalitat, existe jurisprudencia que establece precedentes en la imposibilidad de aplicar sentencias debido a la modificación del marco legal. "El Tribunal Supremo lo ha admitido de forma expresa en varias ocasiones", señala el texto.

¿Qué apoyos tiene este decreto?

El decreto ley, aunque ya ha sido aprobado por el Govern, deberá ser convalidado en el Parlament. El voto favorable de los socios del Ejecutivo, ERC y JxCat, no suma suficientes apoyos, pero los Comuns ya han anunciado que también se suman y entonces saldrá adelante. Lo consideran una continuación natural de la ley que también está pendiente de aprobarse en la cámara sobre las lenguas en la educación. El PSC, pese a que sí suma con la ley, se ha desmarcado del decreto por considerar que busca esquivar la aplicación de la sentencia.

Y la ley, ¿qué garantizará?

ERC, JxCat, PSC y Comuns sellaron la semana pasada el acuerdo para impulsar una nueva ley que se complementa con el decreto. Una ley es de mayor rango que un decreto, por lo que dota de mayor solidez a la respuesta política. El texto fija que el catalán es el idioma vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y su normal uso en la acogida del alumnado recién llegado. También incluye que el castellano se utilizará en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, y que sea lengua curricular.

¿Por qué no se ha votado todavía?

La ley debía votarse la semana pasada después de tramitarse con lectura única para cumplir con el plazo impuesto por el TSJC, pero finalmente no fue así. La razón es que PP, Ciutadans y Vox la llevaron al Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene hasta el próximo martes para emitir un dictamen. Ya se ha convocado para el miércoles el pleno para su aprobación, aunque ya fuera del plazo que el TSJC había impuesto.

¿Por qué se han agotado los plazos?

La gestación de la respuesta política a la sentencia lleva meses arrastrándose y el desacuerdo entre los grupos parlamentarios y los propios socios del ejecutivo ha hecho que se retrasara mucho el impulso de las nuevas medidas legislativas. A finales de marzo, JxCat, ERC, Comuns y PSC llegaron a un acuerdo para reformar la ley de Política Lingüística y sortear la sentencia del TSJC, pero los de Puigdemont se desmarcaron tras la polémica generada en las redes y el posicionamiento contrario de algunas entidades y figuras políticas.

Hasta la semana pasada no se logró el nuevo acuerdo, y aunque se hubiera podido votar hace días, la impugnación del PP, Ciutadans y Vox ha retrasado los plazos.

¿La nueva legislación podría tumbarse?

Una vez que se ha sacado adelante la nueva legislación, quien puede impugnarla es el Tribunal Constitucional. El PP y Ciutadans ya han anunciado su intención de impugnar el decreto, aunque esto iniciaría un nuevo proceso judicial que probablemente se dilataría en el tiempo y por lo tanto no implicaría en ningún caso la aplicación inmediata de la sentencia del 25 % de castellano en las aulas.

Y la comunidad educativa, ¿cómo lo vive?

Los docentes están viviendo con incertidumbre todos estos cambios, que han llegado además en medio de polémicas políticas y una pugna abierta de la comunidad educativa con el Departament por diversas medidas que ha impulsado, como la modificación del calendario escolar o los currículos. "Todo es un desbarajuste. La mala gestión y la mala política educativa está generando inquietud y descontento, en los centros hay malestar", afirma Iolanda Segura, portavoz del sindicato mayoritario, USTEC. Asegura que las preguntas enviadas a los centros para determinar si el proyecto lingüístico se adecua al nuevo decreto son "muy interpretables" y recela de que realmente blinde el modelo educativo catalán, porque algunos centros podrían decidir aplicar incluso más del 25% de castellano. "Nos preocupa que puedan abrirse conflictos por la lengua, algo que hasta ahora no había ocurrido", concluye.