El servicio de protocolo de la Comunidad de Madrid que el martes impidió el acceso del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la tribuna de autoridades en el desfile del Dos de Mayo, podría haber incumplido la ley española que regula la presencia de cargos públicos en actos de ese tipo.

Los responsables de protocolo de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, alegaron que la representación del Gobierno de España ya "estaba cubierta" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que Bolaños no estaba invitado oficialmente al acto y acudía sólo en calidad de "acompañante" de Robles. Pero lo cierto es que en la legislación española no existe esa supuesta figura de "ministro consorte" que acompaña a otro en un acto oficial.

Además, fuentes del Ministerio de Presidencia aseguran a Público que informaron vía email a la Comunidad de Madrid de que Bolaños acudiría al acto en sustitución de la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García. De ser así, los servicios de protocolo de Ayuso habrían incumplido la norma que establece que no es la comunidad de Madrid la que tiene capacidad de decisión sobre quién puede y quién no puede subir a esa tribuna, y que es el Gobierno el que tiene la última palabra sobre quién o quiénes le representan en ella. Ese protocolo ya está descrito en la ley y es, por tanto, de obligado cumplimiento.

El Título II del Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, establece con claridad el orden de relevancia que deben ocupar las autoridades que acudan a actos oficiales. Éstos estarán presididos por el representante de la institución que los organice, pero en el caso de Madrid, "en su condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales", la precedencia -que la Real Academia define como "preeminencia o preferencia en el lugar y asiento y en algunos actos honoríficos"- está establecida meticulosamente en el artículo 10.

La precedencia en los actos institucionales celebrados en Madrid empieza, según la citada ley, por los reyes, reinas y sus consortes, seguidos del príncipe o la princesa de Asturias y demás infantes e infantas. Les siguen, por este orden, los presidentes del Gobierno, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, seguidamente, los vicepresidentes y vicespresidentas y los ministros y ministras del Gobierno.

El alcalde y el jefe de la oposición

El jefe de la oposición, en este caso Alberto Núñez Feijóo; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ocupan los puestos de relevancia 15 y 16, respectivamente, en el protocolo legalmente establecido. Es decir por detrás de todos los anteriores y, por lo tanto de Félix Bolaños. Por delante de Feijóo y Almeida estarían incluso, según la ley, los presidentes de otras comunidades autónomas, el decano del Cuerpo Diplomático y los embajadores extranjeros acreditados en España.

"En ningún supuesto podrá alterarse el orden establecido para las instituciones, autoridades y corporaciones del Estado señaladas en el presente ordenamiento", señala la norma.

Además, el artículo 11 de la citada ley establece que la precedencia interna de los altos cargos de la Presidencia del Gobierno los determinará "la propia Presidencia", y no el protocolo del Consejo del Gobierno autonómico, que no debería haber impedido a Bolaños ejercer su papel de representación del Ejecutivo estatal junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

No es la primera vez que más de un miembro del Gobierno ocupa un puesto de relevancia en la tribuna de autoridades durante el desfile del Dos de Mayo. Sucedió en 2018, cuando María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, ambas del PP, compartieron protagonismo en ella.

Fuentes socialistas aseguran que a Bolaños no le dejaron subir sólo "por el hecho de ser un ministro socialista", informa Amanda García. Las mismas fuentes lamentan la "instrumentalización política que ha hecho el PP de la fiesta de la Comunidad de Madrid faltando, incluso, al deber básico de lealtad institucional", y subrayan que se trata de hechos de "una gravedad pocas veces vista en un acto institucional en nuestro país". "Impedir a un ministro del Gobierno de España el acceso a la tribuna de autoridades, ejerciendo la fuerza física para ello, cruza todas las líneas rojas del respeto institucional y el sentido común", concluyen.