La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender dos de las medidas aprobadas en su seno: la subida del salario mínimo interprofesional y la trasposición de la directiva europea de condiciones transparentes y previsibles en las relaciones laborales.

Díaz ha afirmado que "España es un país mejor" tras la subida de los salarios más bajos, una medida que Trabajo pactó con los sindicatos y de la que no quiso participar la patronal. La subida del SMI va desde los 1.080 euros hasta los 1.134 euros mensuales en 14 pagas.

La vicepresidenta ha recordado que esto supone 398 euros más al mes y 5.573 euros más al año, unos incrementos que, ha destacado, están sirviendo para reducir las brechas salariales, especialmente la de género (con una reducción de 25 puntos tras las últimas subidas).

Sin embargo, Díaz ha recordado que "España mantiene todavía una distancia de 19 puntos respecto a las medias salariales europeas", una  brecha que, ha insistido, no puede resolver el salario mínimo y que se tiene que ver reducida a través de la subida de los salarios en las empresas.

En este contexto, la vicepresidenta segunda ha señalado el abismo salarial existente entre los trabajadores y los directivos de los consejos de administración de sectores como el de la gran banca, después de que se haya conocido que las principales entidades financieras españolas obtuvieron unos beneficios de más de 26.000 millones de euros en 2023.

Fin del "trabajador a llamada"

"Un directivo del IBEX percibe una diferencia de 54 veces más que sus asalariados. Acabamos de conocer los beneficios de las entidades financieras y retribuciones de algunos dirigentes de entidades financieras muy importantes: hay casos extremos en los que la diferencia es de 200 veces. Tenemos un debate importante acerca de las retribuciones en los consejos de administración y la banca respecto a los asalariados", ha afirmado.

Respecto a la directiva europea, la vicepresidenta segunda ha destacado que "damos un paso más en la lucha contra la precariedad y la temporalidad en España y en Europa". La norma exige la obligatoriedad de recoger por escrito no sólo las condiciones de la relación laboral, sino también sus hitos (jornada, horarios, registro de la jornada y afectación salarial).

"Todas las horas que se realicen tienen que estar previsibles en la relación laboral y no se van a poder modificar las jornadas laborales como mecanismo para bajar los salarios en los contratos a tiempo parcial", ha señalado Díaz. La directiva también recoge, ha apuntado la ministra, que a partir de su entrada en vigor no se pueden empeorar las condiciones de los trabajadores en la negociación colectiva, aunque haya acuerdo entre las partes.