La primera Diada nacional de Catalunya desde la irrupción del procés sin el independentismo al frente del Govern de la Generalitat pondrá a prueba la capacidad de movilización del espacio, que llega a ella profundamente dividido, en proceso de replanteamiento estratégico y en plena convulsión, especialmente en el caso de algunos de sus principales actores, como es ERC.

Como sucede desde 2012, la manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) –este año, impulsada conjuntamente con Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el CIEMEN, el Consell de la República, la Intersindical y los CDR– será el acto más multitudinario de este 11 de septiembre, si bien falta por ver qué poder real de convocatoria conserva una entidad que, con los años, ha perdido fuerza, transversalidad e incidencia política.

Paralelamente, la movilización de la Diada ha perdido atractivo desde los momentos álgidos del procés y el número de asistentes ha ido a la baja. Si entre 2012 y 2018 la cifra de manifestantes superaba con creces el millón o, como mínimo, se situaba a tocar, en 2019 ya cayó a los 600.000, un volumen que lógicamente se hundió en los pandémicos 2020 y 2021, pero que no se ha vuelto a recuperar, con apenas 150.000 personas en 2022 y 115.000 el año pasado, según los recuentos de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La falta de una mínima estrategia compartida, la inexistencia de un horizonte que permita visualizar el logro de un Estado propio para Catalunya a corto plazo y un contexto marcado por los reproches cruzados –con ERC como principal receptor de los ataques del resto de los actores del espacio– pone en entredicho que asistamos a una gran recuperación en la cifra de manifestantes. Lo que parece garantizado, pero, es que el rechazo al nuevo Govern de la Generalitat, formado en solitario por el PSC, marcará las movilizaciones de la jornada y, de paso, también se escucharán –y se leerán en pancartas– críticas a Esquerra por votar a favor de la investidura de Salvador Illa.

En este sentido, las entidades convocantes han hecho un llamamiento a movilizarse este miércoles porque con la desmovilización "solo gana el Estado español" porque "paraliza el movimiento y normaliza el maltrato sistemático del Estado con Catalunya". En un comunicado aseguran que la movilización -que será simultánea en cinco ciudades (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa) debe servir para demostrar que "el anhelo de independencia continúa latente, las aspiraciones nacionales siguen intactas y el movimiento se mantiene comprometido".

El "sí" a Illa de ERC rompe los puentes

Después de unos años de deterioro progresivo de sus relaciones, en octubre de 2022 la decisión de Junts de salir del Govern que compartía con ERC evidenció que el proyecto compartido entre las dos principales formaciones independentistas no daba más de sí. A partir de aquí el acercamiento de los republicanos con el PSC y los Comuns –con quién aprobaron los presupuestos de la Generalitat del 2023– ensanchó una distancia que, con todo, durante unos cuántos meses de este 2024 parecía que se había acortado.

La aprobación de la amnistía, el acuerdo para garantizar una mayoría independentista en la Mesa del Parlament bajo la presidencia de Josep Rull (Junts) o el recibimiento a los represaliados por el Tsunami Democràtic fueron algunos de los episodios que los últimos meses crearon un cierto espejismo de unidad, al menos en cuestiones vinculadas a la represión.

El acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente del Govern lo desvaneció completamente, en parte porque supuso torpedear la estrategia de Junts de forzar una repetición electoral para intentar aspirar a un retorno de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat que los resultados del 12 de mayo hacían del todo imposible.

Aquel "sí" a la investidura generó ataques a ERC por parte de Junts, la CUP, la ANC y, incluso, Òmnium Cultural, a pesar de que fueron de intensidad variable. La Assemblea, por ejemplo, es seguramente la entidad que más reproches dedica a los republicanos con su presidente, Lluís Llach, cargando constantemente contra la formación.

Alejada del carácter transversal que la caracterizó en sus inicios y escorada hacia posiciones cada vez más próximas a Junts, la entidad mantiene que "con la investidura de Salvador Illa, la dirección de ERC ha culminado su ruptura con la estrategia unitaria seguida desde la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional contra el Estatuto. ERC ha vuelto a la política fracasada de los gobiernos tripartitos, a la alianza con el PSOE, Sumar y sus respectivas sucursales en Catalunya". En cambio, Llach ha dado la bienvenida a la manifestación a Aliança Catalana, la formación independentista de extrema derecha que gobierna Ripoll y que se ha estrenado con dos diputados en el Parlament.

A su vez, Junts ha emitido un comunicado este mismo martes en el que asegura que, con el "sí" a la investidura de Illa, ERC ha "roto de forma grave la posibilidad de mantener la unidad independentista en el corto plazo". Un hecho que, según la formación de Puigdemont, "obliga a repensar la estrategia para lograr la independencia de Catalunya".

Precisamente, con el objetivo de convertirse en el epicentro del movimiento, Junts celebrará su congreso entre los días 25 y 27 de octubre en Calella (Barcelona), en el que algunos sectores de la formación abogan por dotarlo de una mayor transversalidad con la intención de captar a antiguos electores de ERC . Los últimos años, Junts ha mantenido recetas fiscales y económicas marcadamente de derechas y en algunas cuestiones, como en seguridad e inmigración, se ha acercado a la extrema derecha.

La batalla cainita de ERC

El pésimo último ciclo electoral que han protagonizado también ha llevado tanto a ERC como a la CUP a procesos internos para redefinir sus estrategias, que en el caso de Esquerra culminará con el congreso nacional del 30 de noviembre. A medida que se acerca la fecha, el cónclave de los republicanos se ha ido envenenando, con una batalla cada vez más cainita entre los sectores liderados por la todavía secretaria general, Marta Rovira, y el presidente del partido hasta junio, Oriol Junqueras .

La guerra interna en Esquerra ha subido de tono desde que se conoció la existencia de una estructura B en el partido, dedicada tanto a atacar otras formaciones como a hacer acciones de falsa bandera para generar solidaridad a la formación, como por ejemplo los carteles contra los Maragall por el Alzheimer. Sin grandes diferencias estratégicas entre las dos principales candidaturas, los últimos días han aparecido dos nuevas listas que quieren liderar el partido, Foc Nou -con el ex conseller Alfred Bosch como principal referente- y la que impulsa el minoritario Col·lectiu 1 d'Octubre.

En cuanto a la CUP, el día 21 tiene que culminar el llamado Procés de Garbí, su particular proceso de refundación, puesto en marcha en octubre del año pasado, tras quedarse fuera del Congreso y no obtener representación en algunos de los principales ayuntamientos catalanes, como Barcelona, Tarragona, Lleida, Terrassa o l'Hospitalet, entre otros. El 12 de mayo, además, perdió más de la mitad de sus diputados en el Parlament, al obtener apenas cuatro. Entre otras cuestiones, tiene que decidir el papel que quiere jugar en las instituciones, si alarga el mandato de su secretariado nacional -la ejecutiva- y la política de alianzas que sigue.

Apoyos electorales a la baja

La no consecución de la independencia hace tiempo que pasa factura en las urnas a los partidos independentistas, con la pérdida de la mayoría en el Parlament como último y más doloroso episodio. Los apoyos electorales se han reducido y, a la vez, han virado hacia a la derecha, con la pérdida de peso de ERC y la CUP, el mantenimiento de Junts y la aparición de la extrema derecha que representa Aliança Catalana.

En los comicios del Parlament del 12 de mayo, el conjunto del independentismo reunió apenas 1,36 millones de votos, claramente por debajo del techo de 2,08 logrados el 21 de diciembre de 2017, pero también 81.000 menos que los guarismos de 2021, con unas elecciones celebradas en plena pandemia y marcadas por la baja participación. Además, durante el 2023, el independentismo ya se había dejado el 40% de los sufragios en la generales –pasó de 1,65 millones de votos a 986.000, cayendo por primera vez por debajo del millón desde la irrupción del procés– y 300.000 papeletas en las municipales -se quedó en 1,26 millones-.

El retroceso se acentuó en las europeas del 9 de junio pasado, cuando entre Junts y ERC apenas reunieron 780.000 sufragios, menos de la mitad de los obtenidos en 2019. A diferencia de lo que sucedía hace unos años, nada hace pensar que esta Diada sirva para reimpulsar el movimiento, para rehacer puentes entre los diferentes actores y, sobre todo, para marcar el futuro de la política catalana a corto plazo.