Hace un año y diez días que el coronavirus aterrizaba legalmente en la ordenación del derecho español con el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma. Casi ocho meses después, la que hasta entonces había sido una anomalía normativa, se convertía en el trasfondo del marco regulatorio español. Ocurre que este marco altera los derechos y libertades que poseíamos en la "antigua normalidad" en pro de garantizar la salud pública. Y aunque la mayoría de las medidas han sido asumidas obedientemente por la sociedad, hoy salta a la palestra la polémica por la prohibición del derecho de manifestación (recogido en el art. 21 CE pero autorizado en el estado de alarma) por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid en el Día de la Mujer.

La arbitrariedad de los poderes públicos es inconstitucional

Marta Esquembre, jurista española y especialista en Derecho Constitucional, considera que "jurídicamente, en sentido estricto, dicha prohibición queda amparada por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2". Según la experta, es el art. 7.3 el que regula explícitamente el tema, pues dispone que "las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios", señala a Público.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Madrid podría haber incurrido en arbitrariedad al permitir manifestaciones en las que no se pudiera garantizar la distancia personal, como por ejemplo, la protesta autorizada del 23 de enero, que concentró a manifestantes negacionistas, muchos de ellos sin mascarillas.

Esquembre entiende que "tratar dos casos iguales de forma desigual es discriminatorio y la arbitrariedad de los poderes públicos está absolutamente prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución", concluye.

Una decisión "antifeminista"

La Comisión 8M, convocante de los actos centrales del Día Internacional de la Mujer en los últimos años, ha denunciado la decisión por antifeminista: "Salimos durante los meses más duros de confinamiento a cuidar de nuestras vecinas, salimos a trabajar, salimos a consumir, pero quieren prohibirnos salir a protestar. El movimiento feminista estará el 8 de marzo", ha escrito la organización en sus redes sociales.

El Movimiento Feminista de Madrid ha dado un paso más allá, al anunciar que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión de la Delegación. Su portavoz, Ana Sánchez de la Coba, ha mostrado la "disconformidad" del movimiento con esta decisión cuando, ha explicado, las concentraciones previstas ya llevaban autorizadas "desde hace más de 20 días" y contaban con restricciones de aforo de 250 mujeres para las que, según explica Sánchez de la Coba en declaraciones a Europa Press, se había trabajado para cumplir con todas las recomendaciones de Sanidad.

El Movimiento Feminista de Madrid no comprende por qué ha sido prohibida "argumentando motivos de salud", cuando en la Comunidad de Madrid, se celebran "continuamente y todas las semanas manifestaciones", los transportes públicos van "atestados", se realizan "fiestas ilegales" o las terrazas están "llenas". Lo consideran un "ataque directo a las mujeres".

En el mismo sentido se expresa la asociación feminista Pan y Rosas, quien en un comunicado ha denunciado "el escándalo" que supone la prohibición de las concentraciones cuando paralelamente "las mujeres nos arriesgamos todos los días a contagiarnos en los trabajos precarios y en los metros abarrotados", señala la organización.

Cambio de criterio

La decisión la ha tomado la Delegación del Gobierno en Madrid, entendiendo, ha dicho, que la situación es de "riesgo extremo" por la situación epideomiológica en la que se encuentra la Comunidad. "El problema no es las que se han prohibido antes", ha dicho el delegado José Manuel Franco, quien ha defendido que la prohibición no responde a un "cambio de criterio".

La prohibición ha recibido el aplauso del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que la celebraba por "prudente" durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea. Además, Escudero ha incidido en el que fue el argumento por antonomasia de la oposición de la derecha una vez instaurado el Estado de Alarma de marzo de 2020: "Ojalá hubiera tenido esa misma prudencia el año pasado, cuando también advertimos del riesgo que corría con la celebración de la manifestación del 8M". Cabe recordar que José Manuel Franco estuvo investigado por supuesta prevaricación administrativa al no prohibir la manifestación del pasado año, investigación que fue archivada definitivamente por la Audiencia Provincial en noviembre.

Público ha hablado con la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, quien cree "sorprendente" que "prohíban las manifestaciones del 8M y que hayan permitido tantas otras durante este año. Debemos preguntarnos por qué cuando las mujeres luchamos se nos señala de forma distinta", ha apuntado la portavoz.

Serra cree "llamativo" que se tome esta decisión en un momento en el que se está intensificando "la campaña de criminalización del movimiento feminista que lleva haciendo la derecha un año", a lo que añade "me parece importante señalar que el movimiento feminista no había decidido hacer una gran manifestación, porque es responsable y sabe que tenemos que cuidar la salud", concluye la portavoz.