La defensa de Francisco Camps, expresidente del País Valencià, ha alegado en la primera sesión del juicio por un contrato de Fitur a la trama Gürtel que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia en relación a la manera en la que fue incorporado como investigado en esta pieza a raíz de las declaraciones de varios acusados y ha pedido anular la vista oral que se ha retomado este lunes en la Audiencia Nacional.

Los principales procesados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, lo que ha sido calificado este lunes por Camps, a la entrada de la Audiencia Nacional, como "pactos secretos y obscenos" de Anticorrupción para perjudicarle.

El exlíder del PP en el País Valencià trata de invalidar su procesamiento en esta pieza del caso Gürtel, en la que la Fiscalía le pide dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación y de fraude a la Administración por considerarle responsable de la adjudicación por parte de la Agencia Valenciana de Turismo a la empresa Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', para la instalación del expositor de grandes eventos en el País Valencià en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid en 2009. 

La letrada de Camps ha aludido este lunes a la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que solicitó poder presentar y que la Audiencia Nacional rechazó por tratarse de un asunto que había que abordar en la vista oral. 

Camps pretendía solicitar al TJUE  su interpretación de  "determinados hitos procesales acaecidos" en esta pieza del caso Gürtel  "a la luz" de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerzan aspectos de la presunción de inocencia.

La estrategia de su abogada, según ha quedado patente en la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional, será la de intentar impugnar las declaraciones de testigos e investigados que provocaron su imputación, en base a la irrelevancia penal y a la interpretación "errónea" de la Fiscalía. Por ejemplo, en la confesión de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', menciona sus estrechos lazos de amistad de Camps, que fueron esenciales para lograr numerosas adjudicaciones de contratos en el País Valencià. 

La letrada de Camps también se ha referido a una presunta vulneración del derecho de defensa e información y ha asegurado que los delitos que se le imputan estarían prescritos. Según ella, el auto dictado por la Audiencia Nacional en que se otorgaba la condición de investigado a Camps, en 2019, se habría producido unos meses después de haber prescrito el plazo de prescripción de 10 años por el contrato en cuestión, en 2008. 

La vista oral que sienta a Camps y a otros 26 acusados en el banquillo viene precedida de las confesiones y conformidades de los principales protagonistas del caso Gürtel. 

Así, el líder de la trama, Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo; la administradora de la trama, Isabel Jordán; el gerente de la empresa Orange Market, Cándido Herrero; y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', han presentado escritos de confesión, adhiriéndose a las tesis de Anticorrupción. 

Camps se ha librado de condenas

Hay que recordar que Francisco Camps se ha librado hasta ahora de una condena por sus vínculos con Gürtel. No así sus más estrechos colaboradores en el gobierno valenciano, como el que fuera el secretario general del PP regional Ricardo Costa, que declaró que Camps estaba al tanto de todas las irregularidades cometidas a favor de la trama 'Gürtel'. 

La Fiscalía considera que en este caso existen sólidos indicios de que Camps es el responsable directo de la adjudicación a Orange Market del contrato de Fitur de 2009. Esta mercantil se había ocupado entre 2005 y 2009 de la ejecución de todos los actos del Partido Popular en el País Valencià. "Esta corriente de servicios generó una deuda muy voluminosa, que llegó a elevarse a
unos ochocientos mil euros, entre Orange Market SL y el Partido Popular", dice la Fiscalía.

Para Anticorrupción no hay duda de que el PP, que ya ha sido condenado tres veces por lucrarse de la trama 'Gürtel', utilizó distintas estrategias para gestionar esta situación: "la primera, el pago de parte de estas deudas mediante pagos en metálico (cantidades obtenidas con donaciones ilegales de empresarios valencianos); la segunda, el giro de facturas falsas de Orange Market a empresarios valencianos, que las asumían y pagaban". 

Para la Fiscalía, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana "estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda así como, también, de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla". 

La adjudicación irregular a Orange Market del stand valenciano en Fitur 2009 fue una forma de pago para paliar las deudas del partido con la trama 'Gürtel', según la Fiscalía.