La ley de familias parece haber superado el bloqueo que sufría desde hace meses y ya tiene un horizonte concreto para su aprobación en Consejo de Ministros: el mes de septiembre. La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha alcanzado un acuerdo con la parte socialista del Gobierno para impulsar esta norma en el plazo de cuatro meses, después de que se haya retrasado su aprobación en varias ocasiones.

Este mismo jueves, Belarra, acompañada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de organizaciones en defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, ha anunciado que la ley se aprobará en septiembre en el marco de un acto organizado con motivo del Día Internacional de las Familias.

Este acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no solo pone fin al bloqueo que sufría la norma desde hace meses, sino que recupera una agenda social del Ejecutivo que ha sido completamente eclipsada en las últimas semanas por el escándalo del espionaje de Pegasus.

Desde hace varios días, algunas voces del espacio confederal alertan de que esta polémica está dificultando sobremanera la profundización en la agenda social de un Gobierno que se mantiene "a la defensiva" desde que se conoció el espionaje. 

Que ya haya fecha para llevar la ley de familias al Consejo de Ministros no quiere decir que su texto esté cerrado. De hecho, todavía quedan dos cuestiones fundamentales que, a día de hoy, separan al PSOE y a Unidas Podemos y obstaculizan el acuerdo.

Se trata de la denominada renta por crianza para las madres que no tienen trabajo y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, dos medidas económicas que precisan del beneplácito del Ministerio de Hacienda.

Renta por crianza y permisos de maternidad y paternidad

A día de hoy, el departamento dirigido por María Jesús Montero no ha abierto una negociación sobre estos dos asuntos; para Unidas Podemos que se haya fijado el mes de septiembre como fecha para aprobar la norma obligará a Hacienda a abordar este asunto (en unas negociaciones que previsiblemente liderará, por parte de UP, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez).

Esta norma no solo es fundamental para Unidas Podemos por representar uno de sus principales compromisos de legislatura, sino que tiene una segunda lectura política: es una oportunidad, afirman desde el espacio confederal, para disputar a la derecha y a la ultraderecha un concepto, el de familia, que siempre ha sido esencial para los conservadores, que la consideran como el elemento fundamental y vertebrador de la sociedad.

Si la ley sale adelante, el Gobierno centraría su actividad legislativa también en políticas de familias, lo que, a juicio de Unidas Podemos, interpelaría directamente a un electorado progresista que, según apuntan las encuestas, estaría en retroceso y un tanto 'desactivado'.

El espacio confederal le ha trasladado en varias ocasiones al socio mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, la necesidad de llevar a cabo políticas valientes y abiertamente progresistas como modo de combatir el ascenso de la ultraderecha.

Otras leyes, como la de Vivienda, también sufrieron importantes retrasos, a pesar de tener un plazo concreto pactado entre las dos partes que conforman el Gobierno. Habrá que esperar para ver si la ley de familias ve la luz en septiembre o si se convierte en un nuevo motivo de disputa entre UP y los socialistas.