La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desvelado en un extenso informe de más de 200 páginas que el PP de Murcia amañó la adjudicación de la desaladora de Escombreras (Cartagena) y se la entregó a la empresa ACS. 

De este modo, se desarrolló una 'trama del agua' con la que a través de contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables, el PP cargaba las deudas de ACS a los presupuestos regionales de Murcia. 

Así lo recoge El Confidencial, que ha tenido acceso al informe remitido en enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, después de que la UDEF investigara en secreto desde hace dos años la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. 

Esta trama implica al exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y a una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. Además, la mayor parte de las decisiones bajo sospecha se tomaron bajo el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo. 

En concreto, la trama comenzó cuando la compañía de Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en facturas ficticias para negociar con inversores locales que querían construir una desalinizadora que paliara el déficit de agua en la región.

Entonces, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA. Este proyecto se convertía por tanto en un trabajo gestionado en su mayoría por la Administración regional.  

Tras alirse con el PP, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Murcia llegó a pagar a empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez, casi 600 millones de euros en total por una desaladora que casi no funciona, lo que supone el quíntuple de su coste. Los datos extraídos en la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea Regional, indican que el Gobierno regional del PP ya ha pagado a empresas de ACS por la desaladora "al menos 122".

La UDEF concluye ahora en su informe que el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración regional entrara en el proyecto. Correos electrónicos hallados en registros así lo demuestran. Existen documento redactados hasta ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública.

En 2010 la Desaladora de Escombreras SA atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera. Entonces el PP decidió comprarle su 49%. 

Poco después de salir del proyecto, ACS denunció al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. Reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034. Esto podría suponer un total de 600 millones de euros, cuando solo invirtió 1,1 millones.

Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños. 

Además, al parecer la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. Con la producción extra de la desaladora, el Gobierno de Valcárcel recalificó más de 180 millones de metros cuadrados de suelo para construir hasta 250.000 casas.

La instructora del procedimiento, la jueza Azuar, ha imputado ya a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. Entre ellos, los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.