Aplauden el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática por representar un "importante avance" respecto a la conocida como Ley de Memoria Histórica que aprobó el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero. Sin embargo, consideran el texto del Anteproyecto de Ley, presentado por la vicepresidencia de Carmen Calvo, como "insuficiente". Las razones son amplias y varias. ¿La principal? No garantiza el acceso a la Justicia para las víctimas del franquismo ni acaba con la impunidad de la dictadura. 

Así se han pronunciado varios representantes del Encuentro estatal de colectivos de Memoria Histórica y víctimas del franquismo que este miércoles, en una mesa redonda virtual, han expuesto las conclusiones y peticiones que más de 100 organizaciones memorialistas y de víctimas de la dictadura han consensuado durante los últimos meses para instar al Ejecutivo a ir más lejos en sus pretensiones y objetivos. 

Así, Domènech García, miembro de la Junta directiva de la asociación catalana de expresos políticos, ha señalado que uno de los principales problemas del texto del Anteproyecto de la Ley de Memoria es que no supone "ni políticamente ni jurídicamente una ruptura con el denominado modelo español de impunidad". "Este Anteproyecto introduce algunas mejoras, pero también sería una oportunidad perdida para desmantelar el modelo español de impunidad", ha señalado. 

Los más de 100 colectivos incluidos en el Encuentro, entre los que se encuentran organizaciones como la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la Comuna de expresos y expresas del franquismo o la Amical de Mauthausen, piden al Ejecutivo la nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 ya que "constituye uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo" y "aceptar su vigencia supone legitimar implícitamente la legislación de la dictadura". 

Ha sido en este aspecto, en el relativo a juzgar los crímenes del franquismo, donde más críticas se han vertido por por parte de las asociaciones memorialistas y organizaciones de víctimas. Rosa García Alcón, miembro de la asociación La Comuna, ha denunciado el olvido sistemático que sufren las víctimas del franquismo, especialmente, cuando se habla de Justicia.

"Hace apenas unos días el Constitucional cerró la puerta a que se investigaran en España las torturas de policías franquistas. Y no creemos que esta situación vaya a cambiar con la nueva Ley. Sin embargo, seguiremos peleando y acudiremos a tribunales internacionales y seguiremos peleando en el Congreso para anular la Ley de Amnistía e introducir el principio de legalidad internacional", ha explica Rosa García, víctima de torturas del policía, ya fallecido, Antonio González Pacho, alias Billy el Niño.

En este sentido, Ángel González, expreso político y miembro de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, ha señalado que el principal problema de esta Ley es que sigue sin ofrecer tutela judicial efectiva a las víctimas del franquismo independientemente de que se traten de víctimas de la Guerra Civil, de la dictadura o de la Transición.

"No ofrece Justicia. Sigue sin garantizar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva. No lo hace con los torturados, pero tampoco lo hace en la localización y exhumación de fosas comunes del franquismo. Queremos sentencias judiciales que establezcan la verdad de lo que sucedió, ha señalado González". Eso sí, el expreso también ha calificado como "muy positivo" que, por primera vez, el Estado español "asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas". 

Ampliar la definición de víctima del franquismo

Asimismo, los participantes en el acto, entre los que hay que añadir a Lourdes Farratell Castro, de la Asamblea Andaluza Memorialista, han reclamado al Gobierno mejorar la definición que el texto del Anteproyecto realiza del concepto "víctimas del franquismo". Tal y como han explicado, la redacción del Anteproyecto parece dejar fuera a algunos de los colectivos afectados por las diferentes formas de represión franquista vulnerando así sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Se han referido, concretamente, a la necesidad de nombrar específicamente a las víctimas de torturas policiales o detenciones policiales, a los asesinados por las fuerzas del orden público y a las personas que sufrieron represión por actuaciones de resistencia antifranquista fuera del país y al resto de víctimas del nazismo, como a los judíos o el colectivo gitano. 

Cabe destacar, en este aspecto, que el documento de conclusiones que ha salido del Encuentro también pide "mejorar y ampliar" la redacción del texto en lo referido a las víctimas del robo de bebés durante la Guerra Civil, la dictadura y la Transición y ampliar el período de investigación, al menos, hasta 1999. "Es necesario incluir la variedad de motivos que generaron ese crimen durante la dictadura y la transición, perpetrado por entidades o o personas vinculadas a las instituciones del Estado", denuncian. 

Abrir archivos, un presupuesto estable y las sentencias

Los colectivos memorialistas representados en el Encuentro estatal también han considerado insuficientes los avances que el Anteproyecto realiza respecto a la declaración de nulidad de las sentencias de los tribunales represivos del franquismo como "nulas e ilegítimas". Rosa García ha señalado que calificarlas como ilegítimas no es suficiente, ya que es un término moral, y convendría calificarlas como ilegales. En su opinión, el Anteproyecto debe apostar por declarar "ilegal" y "nulo" tanto a los tribunales del franquismo, las sentencias como toda su legislación represiva" y dejar claro que también incluye a víctimas como Salvador Puig Antich. 

"También nos surge la duda si todas las sentencias serán declaradas nulas de oficio o tendrán que ser las víctimas o sus familias las que pidan una a una esta declaración de nulidad", ha señalado Rosa García. 

Asimismo, el Encuentro considera que el Anteproyecto sigue sin "garantizar" la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados que contienen información sobre la represión franquista. También denuncian que el texto no se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los contenidos contenidos en los archivos. Así, las organizaciones han llegado a la conclusión de que, con esta redacción, la futura Ley volvería a cometer el error de no asegurar "el acceso a la información ni el derecho a la verdad de las víctimas". 

Como ejemplo, Lourdes Farratell Castro ha expuesto el caso de la finca del Gambogaz, un cortijo privado que después de la Guerra Civil pasó a manos del general Queipo de Llano y que todavía hoy explotan sus herederos. Farratel ha mostrado la necesidad de que se abran los archivos para poder conocer cómo y de qué manera estas tierras pasaron a manos del general.  

Por último, y no menos importante, los colectivos memorialistas han denunciado que el Anteproyecto vuelve a cometer el error que se cometió en 2007 al no asegurar con una ley de acompañamiento "una detallada y suficiente dotación presupuestaria" que asegure su aplicación en los próximos años. La experiencia de lo sucedido con la Ley de Memoria Histórica con el Gobierno de Rajoy, que dejó a cero euros de dotación la Ley, muestra que cometer este error sería peligroso.