El pasado mes de julio la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) comenzó la búsqueda de varias fosas comunes en El Rellán, en el concejo de Grau, en asturiano, y Grado, en castellano. La memoria oral mantuvo vivo el relato de que allí se había dado sepultura a muchas de las víctimas de la represión franquista, prácticamente en el mismo lugar donde alrededor de los años 50 se había levantado una granja de cerdos. En su primer día de prospecciones, la ARMH encontró los restos de tres cuerpos y hasta 19 proyectiles de bala. 

Fue entonces cuando acudió hasta la fosa la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Grado, acompañada de la Policía Judicial, y ordenó paralizar la exhumación y se hizo cargo de los restos, así como de las evidencias balísticas. Se trataba de un movimiento inusual y noticioso ya que, tal y como explica la ARMH, la mayoría de ocasiones los juzgados incumplen su deber y se niegan a llevar a cabo actuaciones con respecto a las fosas del franquismo. 

Sin embargo, han transcurrido seis meses desde entonces y la exhumación sigue paralizada. La asociación memorialista contactó el pasado mes de diciembre con el Juzgado para conocer cómo se encontraba el procedimiento y recibió la siguiente respuesta de la juez titular: "Visto el contenido del escrito remitido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hágase saber por medio de la presente resolución que las diligencias se encuentran archivadas, por sobreseimiento provisional, hasta que se reciba el informe forense".

Los retrasos y la parálisis que sufre la exhumación de esta fosa suponen un grave problema para los familiares, algunos nonagenarios, que ya llevan 80 años esperando para poder recuperar a los suyos de la fosa y que, ahora, cuando la solución parecía acercarse ven como el proceso vuelve a paralizarse. Por ello, la ARMH ha dirigido por registro un escrito al Ministerio de Justicia exigiéndole celeridad en este tipo de actuaciones que afectan a personas de muy avanzada edad, que llevan demasiados años esperando a dar con los restos de sus seres queridos.

Desde la Asociación denuncian que no sería el primer caso en el que un juzgado interrumpe la exhumación de una fosa común y tras el transcurso de unos meses decide que no va a llevar a cabo ningún tipo de actuación al respecto. "Entendemos que el Ministerio de Justicia debería crear un protocolo de actuación para este tipo de casos, algo que agilice las decisiones y tenga en cuenta por cuestiones humanitarias que si el juzgado puede permitirse el paso del tiempo hay mucho familiares que no", explica Marco Antonio González, vicepresidente de la ARMH.

"Cuando encontramos restos humanos acudimos a denunciarlo al juzgado o al cuartel más cercano y lo hacemos con la idea de que se judicialice y se lleven a cabo actuaciones que garanticen los derechos de las familias, pero a veces nos encontramos con situaciones que añaden complicaciones y retrasos a algo que ya es suficientemente complicado y muy urgente", sentencia González.

Un número de desconocidos de víctimas

La arqueóloga que dirigía la exhumación de la fosa, Arantza Margolles, explicó a Público que la existencia de esta fosa en Grau siempre ha sido conocida por los vecinos, aunque se desconocía la cantidad de personas que podía haber dentro. 

"En Grau esta fosa siempre ha sido muy conocida y ha estado rodeada de leyendas. Se ha hablado de que puede haber hasta 300 personas aquí, pero eso es algo que nosotros, con la información que tenemos ahora, descartamos. No creemos que haya suficiente espacio para tantas personas. Un estudio de la Universidad de Oviedo para el Mapa de Fosas de Asturias señaló los nombres de 25 personas, pero en nuestras investigaciones previas hemos encontrado testimonios que dicen que creen que sus familiares están en esta fosa y que no aparecen en el listado de la Universidad. Entre unas y otras, alrededor de 50 familias creen que pueden tener a un familiar en esta fosa", explicó a Público Arantza Margolles.