Parecía un conflicto laboral más. Otro de los tantos que se dan, o deberían dar, en la hostelería. Lo típico del sector: horas extra sin pagar y trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social. En el caso de la pastelería La Suiza, ubicada en Gijón, a estas presuntas irregularidades se sumó una denuncia de una trabajadora por acoso sexual al jefe y dueño del obrador. Y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) se puso manos a la obra. La afectada recurrió a la central anarcosindicalista, que después de tres años de idas y venidas en numerosos tribunales de la ciudad asturiana, este 26 de abril se enfrenta a un juicio en el que la acusación particular pide más de 20 años de prisión para los ocho investigados y en torno a 525.000 euros al sindicato como indemnización por daños morales al empresario.

José Riestra, nombre ficticio de uno de los acusados por represalias laborales, es tajante: "Lo que se va a juzgar este lunes es el sindicalismo. Si nos condenan, estarán condenando la lucha de la clase obrera en España". Él mismo desarrolla los antecedentes: "El conflicto era como otro cualquiera hasta que el hijo del jefe se lo tomó como una cruzada contra la CNT. Este hombre no es una persona medianamente normal. Ha denunciado a Pedro Sánchez por alta traición a España y al delegado del Gobierno en Asturias por no prohibir las concentraciones de nuestro sindicato, algo que evidentemente no puede hacer. En fin, todas las demandas que ha presentado contra nosotros han sido archivadas".

Evaristo Pérez es el abogado de CNT Asturias y así describe la acusación como "un popurrí de las más de 20 anteriores y que la mayoría han sido archivadas". ¿Pero qué ha pasado durante estos tres años? "Solo hicimos sindicalismo. Como el dueño de la pastelería se negaba a recibir a la comisión negociadora de la CNT por la compañera despedida, empezamos a concentrarnos cerca del local para informar al barrio de lo que estaba sucediendo", agrega Riestra. Y continúa: "Después de la segunda concentración, algunas compañeras son llevadas a comisaría por la Brigada de Información de la Policía Nacional de Gijón, sin ningún tipo de orden judicial. Cuando empezamos a avisar de la persecución, las siguientes movilizaciones en el negocio llegaron hasta la centena de asistentes".

Calumnias, injurias, coacciones, amenazas…

SI al principio el conflicto laboral era tan sencillo que no sobrepasaba la típica reclamación de cantidades, la cuestión del acoso por parte del empresario a la empleada recrudeció la situación. Finalmente, la denuncia de ella quedó archivada. Él no perdió la oportunidad y también se querelló contra ella por denuncia falsa, un proceso que tuvo corto recorrido. En realidad, la denuncia de la afectada no era falsa, sino que en el juicio se mostraron dos versiones tan enfrentadas una a la otra y sin ninguna prueba que apoyara alguna de ellas, que no se podía concluir el presunto acoso por parte del jefe a la trabajadora.

A Riestra en concreto, la Fiscalía le pide una pena de dos años de cárcel y 60.000 euros que debería pagar solidariamente todo el sindicato por un delito contra la Administración de Justicia además de calumnias, injurias, coacciones y amenazas, entre otros. Tal es la ristra de delitos presentados por la parte denunciante que algunos de los acusados ni siquiera entienden el por qué. "El empresario se piensa que les amenazábamos cuando lo único que hicimos fue hacer valer nuestro derecho como sindicato a convocar movilizaciones en defensa de los trabajadores. Vamos muy tranquilos al juicio porque sabemos que no hemos cometido ningún delito. Además, lo que realmente le molesta de la CNT es que practicamos la acción directa en un sector en el que no están acostumbrados a que haya ni sindicatos ni ningún tipo de organización entre los empleados", en palabras del acusado.

Él mismo añade que "este conflicto en particular apenas ha tenido gran trascendencia, no ha habido sabotajes, y acostumbrados al movimiento obrero en Asturias ha sido bastante blando". Otro aspecto que remarca Riestra es la perspectiva de género en el asunto: "A este tío le jodía mucho que las interlocutoras del sindicato fueran mujeres. Somos conscientes de que le molestaba que las tías le plantaran cara y se atrevieran a pedir por ellas mismas lo que es suyo". Y es que en el sindicato de CNT-Gijón hay una alta presencia de mujeres que prestan sus servicios en la hostelería, por lo que la mayoría de los implicados en el juicio son mujeres que, además, no superan los 30 años de edad.

Ilegalizar a la CNT

Pérez, el letrado de la central anarcosindicalista, afirma que "la CNT se limitó a hacer su trabajo ante la negativa del empresario a sentarse a hablar con la delegación mediadora". Así habla de este empresario: "Intentó ilegalizar a la CNT en Gijón acusándola de prácticas mafiosas e incluso se organizó con otros patrones para denunciar a la CNT por asociación ilícita. Después de que se instruyera el caso y se realizaran los indicios pertinentes, el juzgado de instrucción lo archivó". De hecho, según el letrado, en el auto se remarca que "las intenciones de los empresarios parecen responder a intereses espurios". Público ha intentado ponerse en contacto con la patronal de hostelería en Gijón sin obtener resultado.

Preguntado el acusado qué harán si la sentencia termina siendo condenatoria, responde que recurrirán "hasta llegar a Estrasburgo si hace falta". Y agrega: "Lo que está en juego no es solo nuestras condenas, porque a mí me importa poco entrar en la cárcel, sino que se pueda hacer sindicalismo en este país o quede prohibido de facto ya que se sentaría el precedente de que por convocar una concentración informativa puedas terminar entrando en prisión. Todo es una aberración de pies a cabeza y quien va a juicio es la clase obrera".

El sindicalista compara este juicio como el mayor ataque a la organización de los trabajadores desde el denominado Proceso 1001 iniciado en 1972 y que terminó con la cúpula de la ilegalizada Comisiones Obreras en prisión. "No tenemos antecedentes de una cosa tan disparatada, incluso supera a lo que les pasó a Cándido y Morala", vuelve a ejemplificar el cenetista. En este caso, se refiere a dos sindicalistas de Naval Gijón llamados Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala que fueron encarcelados con una pena de tres años por ser considerados culpables de romper una cámara de vídeo durante el trascurso de una manifestación que tuvo lugar en 2005 en defensa del astillero de la ciudad, que estaba amenazado de desmantelamiento.

El sindicalismo, a juicio

Para más inri, el empresario defiende que se vio obligado a cerrar el negocio por las constantes movilizaciones de la CNT, y esta sería una versión que podría ser válida si no fuera porque tiempo antes del inicio del conflicto, él mismo ya había anunciado que quería vender el comercio, tal y como apuntan algunos de los acusados. "A mí me encausan por leer un panfleto, que fue lo único que hice en todas esas concentraciones, porque ni siquiera estoy afiliado en CNT Gijón", enfatiza Riestra.

Asimismo, el empresario irá a la vista judicial acompañado de su letrado, el conocido Javier Gómez Bermúdez, antiguo presidente de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional entre 2004 y 2012 al que denunció la asociación de abogados Preeminencia del Derecho allá por 2010. Esta denuncia, ya archivada, se debió a que su nombre aparecía en las filtraciones de Wikileaks y en ellas se explicitaba su negativa a encausar a los militares de Estados Unidos acusados de asesinar al cámara José Couso mientras cubría la invasión de Irak. Sea como fuere, ocho personas se enfrentan a penas de prisión que superan los 20 años de cárcel en su conjunto y una multa económica solidaria a CNT Gijón de 60.000 euros, cuantía que ya han depositado en el juzgado. "La clase obrera y el sindicalismo van a juicio", reitera el acusado.