Podemos ha presentado este jueves una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por posible responsabilidad contable contra tres altos cargos del Ayuntamiento de Madrid por el caso Mascarillas: Elena Collado, coordinadora de presupuestos y recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid; Engracia Hidalgo, delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del ayuntamiento; y Matilde García, coordinadora general del consistorio.  

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Público, el posible "quebranto causado a las arcas públicas por la conducta de los denunciados", derivado del sobreprecio de los productos adquiridos, "puede cuantificarse en base a las comisiones efectivamente percibidas por los intermediarios" Luis Medina y Alberto Luceño, y que ascienden a 6,1 millones de dólares. 

Un año después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase una querella ante las elevadas comisiones que obtuvieron Luis Medina y Alberto Luceño en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia para la adquisición de mascarillas, guantes y test para la covid, el juez Adolfo Carretero propone juzgarles, cerrando la instrucción ante las quejas de la mayoría de las acusaciones, que ven lagunas en la investigación y posibles responsabilidades que podrían quedar sin reproche penal, como la falta de controles por parte del consistorio.

En este sentido, Podemos lleva al Tribunal de Cuentas la posible responsabilidad contable de las tres altos cargos que gestionaron los contratos con la empresa malasia Leno a través de Medina y Luceño.

La denuncia describe "la falta de reacción" de las tres altos cargos del consistorio ante los incumplimientos contractuales de los comisionistas y de la empresa Leno. "Debemos señalar que en el caso de los guantes, es la propia Sra. Collado quien establece un precio minorista en España de 0,23 euros el par de guantes, lo que nos permite fijar el sobrecoste final 400.000 euros", dado que fueron 2,5 pares de guantes los suministrados. 

"En el caso de los test, finalmente, atendiendo a la cantidad de test no fiables, conforme a criterios de los técnicos del Ayuntamiento, ascenderían a 190.000 test de los 250.000 adquiridos, lo que permite evaluar el sobrecoste en 3,2 millones de dólares", dice Podemos.

La denuncia explica los agujeros negros de la decisión de que fuera la empresa pública de Servicios Funerarios la que suscribiera los contratos de emergencia para material sanitario. 

Sin embargo, la experiencia que pudiera tener esta empresa en adquisición de materiales similares resultó completamente intrascendente, dice Podemos, "dado que la misma se limitaba a ejecutar las instrucciones que recibía de la persona responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, esencialmente suscribir los contratos que, ya negociados, se le facilitaban para su firma, y afrontar los pagos que derivaban de los referidos contratos, sin que existiera ningún tipo de negociación por parte de la citada empresa municipal de precios, plazos, cantidades y u otras condiciones de las contempladas en los contratos, elementos que ya habrían sido concretados por el propio consistorio antes de remitir la documentación a la empresa para su firma". 

Por otro lado, en el caso de los contratos con Leno, "no se ha cumplido ninguno de los requisitos que el propio Ayuntamiento de Madrid estableció para la contratación de emergencia", que permite una contratación directa, sin concurso público.

En efecto, dice la denuncia, "ni existe acuerdo declarando la emergencia por parte del órgano de contratación, que es la que justificaría la aplicación del propio procedimiento de emergencia; ni se ha solicitado un presupuesto del precio de los productos sanitarios a técnico municipal, circunstancia que hubiera permitido sin duda advertir el sobreprecio que se acabó pagando por dichos productos". 

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, ha indicado que "la falta de controles en la contratación del material sanitario durante las primeras semanas de la pandemia en el Ayuntamiento de Madrid propició una serie de contratos a precios exorbitantes a través de dos comisionistas sinvergüenzas que se embolsaron seis millones de euros a través del primo de Almeida. Contratos que fueron suscritos por el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios tras recibir el encargo de la máxima responsable de compras en el Ayuntamiento, Elena Collado". 

Y ha destacado que las "abultadísimas comisiones" de Luceño y Medina llegaron incluso a quintuplicar el precio de adquisición al fabricante. "Según el Tribunal de Cuentas, la adquisición de mascarillas fueron las más caras de toda España, material que llegó en mal estado en la mayoría de las ocasiones. No sólo no se exigió la devolución del dinero, sino que tampoco se exigió la plena devolución del material defectuoso", indica Sotomayor.