La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, tres concejales en activo y otra media docena de exediles del PP declaran esta semana como imputados por un presunto delito ambiental sin que en el Ayuntamiento o en las filas conservadoras haya habido una sola dimisión o destitución en respuesta.

Como ellos, antes de heredar el escaño de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados, y por tanto de convertirse en aforado, estaba llamado a declarar el exteniente de alcalde y exconcejal de ese municipio durante 20 años, Mariano Pérez Hickman; el mismo que en la actualidad sigue siendo secretario jurídico electoral en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, del que también forma parte su líder nacional, Pablo Casado, en calidad de presidente del Comité Electoral.

En total, una decena de ediles, concejales y un funcionario del Ayuntamiento declararán entre el martes 18 y el miércoles 19 ante el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Pozuelo, el municipio que fuera epicentro de la trama corrupta Gürtel, la misma que prendió la mecha de la moción de censura que tumbó el Gobierno de Mariano Rajoy. En este caso, las responsabilidades políticas ni siquiera han llegado a Pérez-Hickman, que fue imputado meses antes de hacerse con su flamante escaño.

De hecho, la alcaldesa, Susana Pérez Quinslat, también está citada como investigada por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pero mantiene su asiento en la Junta Directiva Nacional de Casado, en la Regional y en el Comité Ejecutivo de Pozuelo.

Según el currículum publicado en la web del Consistorio, Pérez Quinslat también es vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid y forma parte de otros organismos similares. A muchos de ellos llegó antes de heredar la Alcaldía en 2015, cuando la cabeza de lista de su partido a las municipales, Paloma Adrados, renunció al bastón de mando en beneficio de su número dos para convertirse en presidenta de la Asamblea de Madrid.

Por la gestión de la depuradora de Húmera y sus vertidos de aguas fecales al río Antequina, que atraviesa la Casa de Campo, declaran también los concejales que desde 2005 han tenido responsabilidades de gestión y los primeros tenientes de alcalde. Entre los concejales imputados figura Pablo Gil Alonso, actual delegado de Obras y cuarto teniente de alcalde, que lleva desde 2003 alternando distintas áreas como edil, y que aún hoy es secretario general del PP en Pozuelo.

También declarará Mónica García Molina, hoy responsable de Cultura y anteriormente titular del área de Medio Ambiente (2007-2015). García Molina lleva en el Ayuntamiento desde los tiempos de Jesús Sepúlveda, exalcalde del municipio condenado a 14 años y 8 meses de cárcel por el caso Gürtel. Antes fue diputada en la Asamblea de Madrid durante la era Aguirre (2003-2007).

La lista de concejales en activo la cierra Eduardo Oria, hoy primer teniente de alcalde y responsable del área de Medio Ambiente entre 2015 y 2017. Será el primer edil en activo que declare este martes, mientras los otros tres están citados el miércoles.

Público ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Pozuelo para recabar su versión de los hechos, sin éxito.

El exjefe de Gabinete de González y un exalto cargo de Aguirre y Cifuentes, entre los imputados

Además de la alcaldesa, los tres concejales y el heredero del escaño de Santamaría -que asegura no tener ninguna intención de dimitir-, en la lista de imputados aparece también un funcionario del Consistorio, así como un exalcalde y varios exediles.

Gonzalo Aguado Aguirre fue alcalde entre 2009 y 2011, tras la dimisión de Sepúlveda por Gürtel; antes había sido primer teniente de alcalde, y ese año Esperanza Aguirre lo nombró director general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Empleo (2011-2016). La lideresa lo ascendió cuando aún estaba imputado por un supuesto caso de corrupción que fue archivado meses después, y junto con él estaban imputados el propio Sepúlveda y la exedil Yolanda Estrada, también investigada en el caso de la depuradora.

En la lista le sigue Diego Lozano Pérez, exconcejal de Presidencia y primer teniente de alcalde entre 2011 y 2012. Lozano Pérez fue director de Gabinete del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (2012-2015), detenido en 2017 por su vinculación con el caso Lezo. Antes, el edil de Pozuelo había ejercido como director general de Suelo de la Comunidad, en este caso durante el Gobierno de Aguirre (2007). También fue diputado en la Asamblea de Madrid desde 2011, hasta que en 2016 renunció a su escaño, entonces bajo el mandato de Cristina Cifuentes.

Otro de los investigados es José Antonio Sáenz Jiménez, también extitular del área de Medio Ambiente. Fue imputado por fraude continuado a las administraciones públicas y prevaricación continuada en el marco de Gürtel, y fue absuelto en la histórica sentencia que voló el Ejecutivo Rajoy.

El último de los imputados es Félix Alba Núñez, primer teniente de alcalde entre 2015 y 2017, y antes delegado de Sanidad y Consumo. Todos ellos están citados a declarar en apenas dos días, sin que el PP siquiera haya dado muestra de querer asumir responsabilidades políticas, siquiera por los cuatro políticos que siguen gobernando en Pozuelo.