Una de las patas de la opacidad en torno a la venta de armas españolas al régimen saudí se prorrogará durante, al menos, otro año. Lo hará en medio del clásico silencio que preside estos asuntos: siguiendo el guion previsto, el Ministerio de Defensa evita dar cualquier dato sobre la vigencia del acuerdo alcanzado entre España y Arabia Saudí en 2016 para garantizar la "protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa" entre ambos países, otro aspecto clave para garantizar el secretismo en la venta de armas. 

El convenio con la dictadura saudí entró en vigor un día de calor y se renovará automáticamente en otra jornada veraniega. Su puesta en marcha se produjo el 25 de agosto de 2017 "con el propósito de reforzar las buenas relaciones de amistad" entre España y Arabia Saudí "a través de la estrecha cooperación en el ámbito militar".

La firma del acuerdo se registró un año antes y estuvo a cargo del entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, mientras que por la parte saudí estableció su rúbrica Mohamed ben Abdullah Alaiesh, ayudante del Ministerio de Defensa de ese régimen. 

El acuerdo destacaba la "necesidad de que las Partes garanticen la protección de la Información Clasificada que se intercambie en el curso de la cooperación en el ámbito de la defensa, así como entre sus Contratistas Autorizados", por lo que buscaba "establecer un conjunto de normas que garanticen la protección recíproca de la Información Clasificada que se intercambie entre las Partes".

Se fijó entonces que las "Autoridades de Seguridad responsables de la aplicación del presente Acuerdo" serían por parte de España, el director del CNI, mientras que del lado saudí la responsabilidad recaería en el Ministerio de Defensa y en el Comité de Inteligencia y Seguridad de las Fuerzas Armadas.

No era un momento cualquiera. Mientras Sanz Roldán y Abdullah Alaiesh estampaban su firma, Arabia Saudí continuaba con los bombardeos sobre Yemen que había emprendido en marzo de 2015 y que para entonces ya habían dejado un alto número de civiles muertos. 

En ese contexto, España se consolidó como uno de los principales suministradores de armamento al régimen de Salmán bin Abdulaziz, un viejo amigo de La Zarzuela. Las millonarias ventas de material militar español a las Fuerzas Armadas saudíes fueron autorizadas por la Junta Interministerial que concede estas licencias pese a los ataques en suelo yemení. 

El acuerdo sobre información clasificada se empezó a negociar en 2016 –ya con la guerra de Yemen iniciada y en pleno aumento de las ventas de armas españolas a Arabia Saudí– y se firmó en septiembre de 2016, pero recién entraría en vigor el 25 de agosto de 2017. En el medio hubo tiempo para una visita oficial de Felipe VI: el rey aterrizó en Riad en enero de 2017 para fortalecer los vínculos con esa dictadura.  

En marzo de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy llevó el convenio con Arabia Saudí al Congreso, que lo aprobó con el apoyo del PSOE. Las fuerzas políticas de la oposición rechazaron su contenido, alegando que sería empleado para blindar la venta de armas a ese país. 

En el cuerpo del acuerdo se establecía que su duración inicial sería de cinco años a partir de su entrada en vigor, de forma tal que llegaría a su fin el 25 de agosto de este año. No obstante, el texto determinaba que se prorrogaría "por periodos consecutivos de un año" salvo que "una de las Partes notifique a la otra por escrito y por conducto diplomático su intención de denunciarlo, al menos noventa días antes de la expiración del periodo correspondiente". 

Según ha podido verificar Público, no hay constancia de que el Gobierno haya dado ese paso a tiempo para cancelar el acuerdo. Este periódico se ha dirigido por escrito al Ministerio de Defensa en varias ocasiones para pedir información al respecto, pero hasta el momento de publicación de este artículo no había respuesta.

"Instrumento jurídico esencial"

Eduardo Melero, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, incluyó este convenio con Arabia Saudí en su análisis sobre "la política gubernamental de fomento de las exportaciones de armamento", un texto que forma parte del libro 'Armas, negocio, política y opacidad' (Editorial Icaria), coordinado junto a la también investigadora Tica Font. 

En ese documento, Melero subraya que España mantiene acuerdos sobre confidencialidad de este tipo con países como Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia o Corea, entre otros. Destaca que estos pactos son "jurídicamente vinculantes", mientras que su firma es impulsada por el Ministerio de Defensa.

El experto del Centro Delàs señala que tales convenios forman parte de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027. Allí se establece precisamente que "estos acuerdos constituyen un instrumento jurídico esencial" dado que "favorecen el desarrollo de la industria española de defensa y los intercambios comerciales de España con otros países en este sector".

Para Melero, "de esta forma se reconoce expresamente que el secretismo favorece las exportaciones de armamento". "La regulación a través de estos acuerdos es complementaria de la clasificación como secreto de Estado de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU) por parte del Gobierno español", añade el investigador.