“En la actualidad no existe un protocolo de acoso laboral que pudiera aplicarse en aquellas situaciones en las que se vean implicados como sujetos activo y pasivo el personal militar”, señala la División de Igualdad y Apoyo al Personal del Ministerio de Defensa, en la resolución por la que rechaza la solicitud para acogerse a esas medidas que presentó C. V. A., la soldado que ha acabado despedida tras denunciar un presunto episodio de mobbing en el que un general y tres oficiales llegaron a ser imputados en la justicia civil (antes de que la militar se hiciera con el caso) por atribuirle haber protagonizado unos vídeos porno en los que, en realidad, no aparecía.

“En estos casos, se deben de reconducir los hechos, si revistiesen tal consideración, por la vía disciplinaria o penal”, anota la División de Igualdad, que añade que, “no obstante lo anterior, cabe significar que el Ministerio de Defensa está trabajando en la elaboración de un protocolo a tal efecto, que se pretende aprobar en los próximos meses”.

La resolución, fechada el 16 de diciembre y en la que Defensa constata la inexistencia del normas específicas para los episodios de mobbing entre militares, confirma también que la aplicación del que se utiliza en el conjunto de la Administración lleva más de ocho años vetada en las fuerzas armadas.

Concretamente, el veto se mantiene desde que el 1 de septiembre de 2011 la Subsecretaría de Defensa hizo pública “la adaptación” de ese protocolo al mundo castrense con un matiz sobre su ámbito de vigencia: “no será de aplicación cuando concurra la condición de personal militar en el denunciante y el denunciado”, lo que hace que en el Ejército español no exista el acoso laboral cuando este se produce entre militares por un único motivo: porque así lo dice el ministerio.

Más sombras sobre las ya existentes

La resolución añade nuevas sombras a las ya existentes sobre el grado de compromiso real de los responsables castrenses para atajar este tipo de prácticas, ya que el propio Ministerio de Defensa anunciaba a finales de julio ( ) la corrección de una instrucción ( técnica, adelantada por Público), según la cual la "violencia solo se da en una relación de trabajo" cuando al menos uno de los implicados sea civil.

Sin embargo, y según la División de Igualdad del departamento que dirige Margarita Robles, ese criterio sigue sin ser modificado medio año después del anuncio.

La soldado, vinculada a la asociación Red45+ y que en los últimos años ha sufrido un calvario en el que llegó a perder un hijo, denunciaba “haber sufrido una serie de irregularidades que han motivado que le haya sido incoado un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas”, lo que le llevó a pedir “que se active el Protocolo de Acoso Laboral entre militares correspondiente” o, en caso “de no existir”, el de los funcionarios de la Administración General del Estado.

Se “excluye, expresamente, de su ámbito de aplicación”

“No procede” acceder a esa petición ya que la instrucción del 1 de septiembre de 2011 “excluye, expresamente, de su ámbito de aplicación aquellos supuestos en los que ambos intervinientes tengan la condición de personal militar”, resuelve Defensa, eliminando con esas palabras cualquier duda sobre su posicionamiento, que incluye la sugerencia a la soldado para que, “si lo estima pertinente, pudiera ejercer las acciones penales o disciplinarias que legalmente le correspondiesen”.

Cercenadas las dos primeras vías, a lo que se suma el hecho de que los tribunales castrenses pueden reclamar las causas en las que denunciado y denunciante son militares y el asunto tiene que ver con su empleo, Defensa recomienda a C. V. A. un plan “c” consistente en “plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida”.

El contenido de la resolución choca también con el del último comunicado del Ministerio sobre el tratamiento de este tema, en el que, apelando a una “política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso”, anuncia que “ha iniciado los trámites para establecer un protocolo de actuación frente al posible acoso profesional en las Fuerzas Armadas” con el que “pretende asegurar una protección adicional frente a supuestos de acoso profesional que pudieran producirse entre militares a la ya aportada por la legislación militar”.

Con más de cuatro años de retraso

Las cosas están algo más avanzadas, aunque más sobre el papel que en la práctica, en la respuesta al acoso sexual, en la que el Ejército español sí dispone de un protocolo aplicable a los militares.

Aprobado en 2015 y criticado por su laxitud y falta de presupuesto, el escaso impulso que ha recibido llega al punto de que las UPA (Unidad de Protección frente al Acoso), que eran su aportación más innovadora, van a implementarse con más de cuatro años de retraso y como consecuencia de una instrucción emitida hace dos semanas por el actual equipo ministerial.

Defensa da ahora tres meses para activar las UPA, que son las encargadas de diseñar los planes de apoyo integral individualizados para las víctimas y los de divulgación entre la tropa y los mandos, al tiempo que establece que los responsables de cada unidad militar deben activar el protocolo “desde el momento en que tenga conocimiento de cualquier conducta susceptible de ser calificada como acoso sexual o por razón de sexo” y poner en marcha de manera simultánea “la instrucción de una información reservada para la averiguación de los hechos y adopción de medidas cautelares, que se tramitará en el menor tiempo posible”.

El tratamiento que el Ejército da en la práctica al acoso sexual disuade a las víctimas de denunciar, ya sea por temor a represalias o ante la sospecha de que su paso al frente no va a llevar a ningún sitio visto que tres de cada asuntos acaban en nada, según los datos del Observatorio de la vida Militar.

Esa situación llevó a Unidas Podemos a pedir una comparecencia de Margarita Robles ante el Congreso que no llegó a producirse por la disolución de las cámaras a principios de este año.