El empresario lucense Jorge Dorribo, principal encausado del caso Campeón sobre corrupción de subvenciones públicas, ha sido condenado a 4 años y 5 meses de prisión y al pago de 6,2 millones de multa por delitos contra hacienda, fraude, falsedad, insolvencia contable y blanqueo de capitales.

Así lo indica una sentencia de la Audiencia provincial de Lugo con fecha del pasado lunes, cuyo contenido ha sido divulgado este jueves, que condena, además de a Dorribo, a otras once personas más de complicidad y otros delitos, entre ellas el exdiputado autonómico del PPdeG Pablo Cobián.

La operación Campeón, que tomó el nombre de una de las palabras que Dorribo solía utilizar en las conversaciones telefónicas grabadas por las autoridades judiciales, puso de manifiesto una trama de corrupción de subvenciones públicas que permitieron a beneficiar a su empresa, laboratorios Nupel, y obtener incluso un crédito del Banco Europeo de Inversiones.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de instrucción 3 de Lugo y llevó en 2010 a la detención de varias personas sospechosas de supuestas irregularidades.

Su socio en Nupel, Arsenio Méndez, ha sido condenado a casi dos años de cárcel por delitos contra la Hacienda pública, contables e insolvencia punible, y al pago de multas por valor de más de dos millones de euros, según la sentencia.

Por su parte, Cobián ha sido condenado a ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias y a una multa de 45.135 euros, además de un período de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público, conforme un acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

La Audiencia condena además a seis colaboradores de Cobián por varios delitos de complicidad en la tramitación del fraude de subvenciones públicas y de irregularidades contables, imponiéndoles penas de mes y medio hasta siete meses y medio de prisión para cada uno y multas que suman un total de más de cinco millones de euros para todos ellos.

Dorribo y Méndez Pérez, además de los colaboradores Carlos Monjero Álvarez, Javier Rodríguez Díaz, Araceli González García, Marcos Iglesias Prieto y María Isabel Fernández Pena, condenados por complicidad, deberán indemnizar al instituto público gallego Igape con 2,09 millones de euros del importe de crédito concedido, señala la sentencia.

Para dos antiguos altos cargos del Igape, el exdirector general Joaquín Varela y el exdirector de Programas Carlos Silva, la Audiencia les impone seis meses de multa y un año de suspensión de empleo y sueldo.

Además, la sentencia confirma la absolución de la exdirectora de Financiación del Igape Cristina Quintela.