Desde el día 13 de diciembre, unas pequeñas bolitas de plástico de distintos colores, más bien claras, empiezan a llegar, desde el mar, a las costas gallegas. Ninguna provincia se librará de ellas. Por aquel entonces, la palabra "pellet" todavía no había trascendido, pero ya hubo llamadas al 112 advirtiendo de su presencia en la arena. A 8 de enero de 2024, todos los periódicos hablan de ello y se ha convertido en un dolor de cabeza para Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular (PP) a la reelección, al que la oposición le acusa de no haber intervenido con rapidez. Pero, ¿cómo se han desarrollado, exactamente, los acontecimientos?

Los primeros restos de estos pellets (son el material que suele servir como materia prima para fabricar productos plásticos y presenta, habitualmente, formas esféricas) llegaron a Galicia el día 13 de diciembre. O, al menos, las primeras llamadas al 112 de ciudadanos anónimos para avisar de ello tienen fecha de ese día. También aparecen, entonces, algunas noticias en medios autonómicos gallegos. Incluso algunos días antes, la entidad de perfil ecologista Noia Limpia ya había advertido de la presencia de sacos flotando en el agua.

En un hilo de Twitter, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, insiste en que ya desde aquel 13 de diciembre, la Xunta tuvo que tener constancia del vertido, toda vez que el servicio de emergencias del 122 de Galicia lo gestiona la propia Xunta. No obstante, la institución no activó ningún plan de actuación.

El vertido al mar se había producido el día 8 de diciembre, cuando "el buque mercante Toconao, mientras navegaba en aguas portuguesas, perdió varios contenedores que formaban parte de su carga, uno de los cuales contenía pellets plásticos, lo que fue notificado al Centro de Coordinación de Salvamento (CSS) de Finisterre y posteriormente a la Dirección de Costas y a la Delegación del Gobierno", según informó el 4 de enero la Xunta a través de un comunicado en su página web. 

A partir del día 13 de diciembre, varias asociaciones ecologistas y ciudadanos anónimos avisan al 112 de sacos que dejan "un rastro blanco", tal y como publicó La voz de Galicia ese mismo día 13. La siguiente fecha importante y, quizá, la que contiene una de las claves del escándalo, es el día 20 del mismo mes.

20 de diciembre: Salvamento Marítimo avisa a la Xunta

Es una fecha destacada porque centra la gran disputa que mantienen el Gobierno de Pedro Sánchez y la Xunta de Alfonso Rueda. En un desayuno informativo organizado por Europa Press este lunes, Rueda ha insistido en que el Gobierno no se puso en contacto con él hasta el día 3 de enero, es decir, el miércoles de la semana pasada. "La primera comunicación oficial del Gobierno central, que es el que tiene conocimiento, a través de Salvamento Marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, es del 3 de enero", ha aseverado Rueda.

Miembros del Ejecutivo, entre ellos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insisten en que se produjo una comunicación previa, en concreto, el 20 de diciembre.

Según informa, también, la agencia Europa Press, la Delegación del Gobierno corrobora dicha versión y confirma que Salvamento Marítimo, dependiente del Gobierno central, llamó al servicio gallego de Gardacostas, dependiente de la Xunta, para informar del suceso el miércoles 20 de diciembre a las 18.30 horas. Muchos días antes, por tanto, de ese 3 de enero del que habla Rueda.

5 de enero: la Xunta activa el plan de emergencia

El 4 de enero, la Xunta emite un comunicado —antes referido—explicando que la limpieza de playas en este tipo de situaciones compete a los Ayuntamientos, pero que, dada la magnitud del asunto, "se trasladó a los municipios de las zonas afectadas la máxima colaboración, facilitando el protocolo con el que actuar y recoger toda la información de los trabajos y costes asumidos por estas administraciones para que posteriormente sean trasladados a la empresa". Hay que tener en cuenta que la Ley de Responsabilidad Ambiental obliga a las empresas causantes de un vertido a encargarse de las "medidas de prevención, evitación y reparación". La propia Xunta informa de que la compañía se ha abierto a colaborar.

No deja de ser reseñable, en otro orden de cosas, que Rueda se dejara caer, el 1 de enero, por Carnota, una población muy cercana a Muros, uno de los epicentros del vertido, para hacer campaña de cara a las elecciones gallegas. A pesar de que ya hacía más de dos semanas desde que las bolitas habían empezado a llegar a las playas, Rueda no se acercó a las mismas para interesarse por los trabajos de los voluntarios.

En cualquier caso, no es hasta el viernes, día 5 de enero, que la Xunta activa, finalmente, el plan de emergencia. Más concretamente, el Plan Territorial de Contingencias por la Contaminación Marina Accidental. Eso sí, lo hizo en su "nivel 1", algo que imposibilita la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que solo puede entrar en acción una vez se haya activado el nivel 2, algo que Rueda descarta por el momento.

Entra en juego la Fiscalía

Este lunes, 8 de enero, la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el vertido, después de hacer un seguimiento a la situación desde el pasado 4 de enero. En Asturias, hasta donde están llegando, también, restos del pellet, ya se ha activado el PLACAMPA (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental del Principado).

Por el momento, Rueda no ha vuelto a pronunciarse, a pesar de que, tal y como informa Público, "parte de los pellets vertidos en Galicia tienen un 30% de aditivos potencialmente tóxicos para los humanos", lo que lleva a varios biólogos y expertos a desaconsejar a los voluntarios realizar los trabajos de saneamiento sin el debido material de protección. Tampoco ha hablado de las acusaciones del principal sindicato de trabajadores de la Televisión de Galicia (TVG), que acusa a la dirección de la televisión de esconder la importancia del caso y amortiguar su difusión entre la opinión pública.