El caso de los ERE fraudulentos ha marcado a fuego la política andaluza de los últimos catorce años. El asunto es una de las causas principales —no la única— de la pérdida de la hegemonía en Andalucía del PSOE, el partido que gobernó durante 37 años.

Esta es la cronología fundamental, dividida en seis capítulos, desde que en 2011 el exdirector general Javier Guerrero, hoy fallecido, le dijo a la Policía en un interrogatorio, que disponía de un "fondo de reptiles" para empresas en crisis.

La frase impulsó las pesquisas de la magistrada Mercedes Alaya, quien en un trabajo minucioso al principio y muy polémico después, logró destapar una trama de falsos prejubilados y un desmadre en la Consejería de Empleo, en torno a Guerrero.

Fue ella también la que apuntó hacia arriba, en los años de Gobierno de José Antonio Griñán (2009-2013), a la cúpula del Gobierno andaluz. Aunque los socialistas aguantaron aún cinco años más en la Junta, el caso y las condenas acabaron por desarbolarlos.

Griñán evitó la prisión por su estado de salud —padece un cáncer—, pero el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, y la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, acabaron entrando en la cárcel. El Constitucional ha sentenciado ahora, en un nuevo giro argumental de un caso repleto de sorpresas y que ha hecho correr ríos de tinta, que las leyes no pueden delinquir y los fondos de los ERE estaban en las de presupuestos, y, sobre todo, para Vallejo y Aguayo, que no había pruebas suficientes para condenarlos por malversación, justo el delito que conlleva prisión.

1. Fondo de reptiles

¿Cómo acabó Guerrero interrogado por la policía? Dos años antes, en 2009, dos empresarios sevillanos grabaron al entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet y a su lugarteniente Daniel Ponce, mientras les reclamaban 450.000 euros. Arrancaba así la investigación del caso Mercasevilla después de que la petición de 'mordida' acabara en la Fiscalía. Ambos están hoy condenados por ello.

Después el PP interpuso una querella y el caso recayó en el juzgado la magistrada Mercedes Alaya, quien inició una investigación, en la que, como una hormiga, paso a paso, acabó por descubrir que en un ERE del mercado público había intrusos, personas que nunca habían trabajado allí. Ella tiró del hilo y encontró que no era el único caso. Había más falsos prejubilados que cobraban fondos de la Junta en más empresas. Aquí está el origen del caso. 

En el curso de esas pesquisas relacionadas con los intrusos en los ERE se produce el interrogatorio de Guerrero. Aunque este luego se desdijo, la idea del "fondo de reptiles" germinó en los investigadores. La magistrada, así, prosiguió su investigación con esa idea en la cabeza. En su investigación, Alaya y la Policía Judicial acabaron por demostrar que, en efecto, el gasto de la partida para ayudas sociolaborales, que constaba en los presupuestos de cada año, había funcionado sin controles durante años. 

El desmadre quedó simbolizado por la declaración ante la jueza del chófer de Guerrero, quien confeso haber recibido dinero público sin tener derecho a ello y haber comprado cocaína con él. Hoy está condenado por ello. La policía, en un informe, constató que el descontrol había sido máximo. 

Alaya apunta al Gobierno andaluz

La magistrada, en sus investigaciones, acabó por apuntar a la cúpula del Ejecutivo andaluz, entonces presidido por Griñán. En un polémico auto reclamó a la Junta las actas de todos los consejos de Gobierno durante diez años. 

Alaya señalaba la responsabilidad del Gobierno. Creía que habían permitido un reparto de fondos públicos con un procedimiento ilegal. Se basaba para ello en informes de la intervención en los que se decía que en el reparto de algunos de los fondos para ERE se había "estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo".

Finalmente, en el verano de 2013, después de dos años de intensa presión por el caso, Griñán anunció que dimitía por circunstancias personales y familiares. El expresidente vinculó también su marcha a los ERE en un intento de "preservar a la Junta de la erosión" por el caso. Susana Díaz lo sustituyó al frente del Gobierno andaluz. 

Las decisiones de Alaya, en este punto, fueron muy discutidas en los ámbitos jurídicos, que consideraban que iba al límite en su actuación, y en los políticos, porque algunas de sus decisiones y autos se hicieron públicos en fechas discutibles, en la cercanía de procesos electorales.

3. El juicio

En junio de 2015, después de que Griñán y su antecesor, Manuel Chaves, bajo cuyo mandato se generó y prosperó el desmadre en Empleo declarasen en el Tribunal Supremo, quedó claro que iban a ser enjuiciados por el caso. El Supremo, entonces, manifestó que existían indicios de prevaricación, pero excluyó la malversación. Es este último delito el que conlleva prisión.

Después de esta decisión del Supremo, ambos expresidentes, referentes en el PSOE, dejaron sus escaños y también la militancia en el partido. Al dejar ambos de estar aforados, la causa regresó a los juzgados de Sevilla. Alaya había dejado ya su juzgado para pasar a la Audiencia de Sevilla.

Un juez de refuerzo, Álvaro Martín, concluyó la instrucción iniciada por Alaya y procesó a los dos expresidentes, junto con otros seis exconsejeros. Lo hizo a un mes de las generales del año 2016 e incluyó para Griñán la malversación, que también pedía la Fiscalía Anticorrupción. Para Chaves, la acusación fue solo por el delito de prevaricación.

Lo que se discutía en este juicio es si el tribunal consideraría criminal el sistema opaco —ninguna ayuda se publicó en el BOJA— que habilitó la Junta de Andalucía para el reparto de los fondos destinados –680 millones en diez años– a paliar los efectos de las crisis empresariales en una Comunidad Autónoma azotada por unas altas dosis de paro estructural.

Las imágenes en el banquillo de los dos expresidentes, que habían gobernado entre 1990 y 2013, 23 años, fueron difundidas por tierra, mar y aire y causaron un daño tremendo al PSOE.

El juicio se inició a finales de 2017 y, tras 152 sesiones, duró casi un año. El caso quedó visto para sentencia a finales de 2018. Durante el juicio, tanto Chaves como Griñán aseguraron con toda contundencia que desconocían las irregularidades en Empleo. Ni uno ni otro se han visto a sí mismo jamás como delincuentes y vivieron todo el proceso como un auténtico calvario, sobre todo, Griñán, amenazado por penas de prisión.

El caso de los ERE, además de la llamada pieza política, la que incluyó a la cúpula del Gobierno andaluz, se desgajó en otro centenar de causas diferentes, una por cada ayuda considerada fraudulenta. Una mayoría de estos juicios aún no se ha resuelto.

4. La condena

En una demoledora sentencia, en noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla, asumió las tesis de la Fiscalía y de la instructora Alaya y condenó a prisión a Griñán y a varios consejeros. Chaves recibió también una pena de inhabilitación por prevaricación.

Así resumió el magistrado ponente, Juan Antonio Calle, lo sucedido: "La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil [para dar ayudas], si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".

El director general Javier Guerrero también fue condenado, al igual que sus jefes, los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. El dinero de los ERE fue en tres direcciones diferentes, según la sentencia.Por un lado, ayudas sociolaborales, por otro, ayudas a empresas en crisis, y, por último, a diversos fines ajenos a los presupuestados. Hoy hay 6.000 trabajadores cobrando prejubilaciones con cargo a este fondo. La Junta las legalizó en el año 2012. Estas terminarán de abonarse el año próximo.

Este fallo supuso un tremendo varapalo para el PSOE. Después de la condena, que llegó nueve días después de las generales de 2019, los socialistas no han vuelto a ser primera fuerza en Andalucía. Todos los comicios desde entonces los ha ganado el PP.

5. El Supremo y la cárcel

Los condenados recurrieron al Tribunal Supremo. La Fiscalía pidió que se ratificaran sus condenas. En el año 2022, el Supremo celebró una vista a menos de dos meses de las elecciones autonómicas del 19 de junio de ese año, en las que el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo una mayoría absoluta.

Después de esos comicios, en julio de 2022, el Supremo confirmó las condenas. La decisión se tomó por tres votos a dos. Dos magistradas discreparon de la mayoría y manifestaron que se había condenado a Griñán —y a otros— sin que existieran pruebas sólidas contra ellos. 

Tras la sentencia, los condenados gastaron su último cartucho y recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, al estar confirmada por el Supremo, los condenados fueron entrando en prisión. El PP, que impulsó durante años como acusación la investigación y pidió prisión para el expresidente Griñán, se quedó, empero, sin ver su entrada en la cárcel. Fue dispensado durante cinco años por el cáncer que padece.

6. La revisión por el Constitucional: una nueva dimensión

Ahora, tras la revisión por el Constitucional de los recursos de amparo de los exconsejeros Viera, Fernández, Aguayo y Vallejo, el tribunal le ha dado una nueva dimensión al caso. Las decisiones para Aguayo y Vallejo, que, según ha sentenciado el Constitucional, fueron condenados por malversación sin las pruebas suficientes, un argumento similar al de los votos particulares del Supremo, le ha dado una nueva dimensión al caso.

El giro, si se confirma para Griñán y Chaves, cuyos casos ve el Constitucional la semana del 18 de julio, le dará munición al PSOE y argumentos a los que agarrarse después de catorce años de calvario judicial y político. Los socialistas, de hecho, ya han iniciado la guerra por el relato de lo que fueron los ERE con el PP. También están en vías de rehabilitar políticamente a los cargos condenados por la Audiencia y el Supremo a los que el Constitucional ha aliviado sus penas.