Las fuerzas de seguridad han impuesto más de 102.000 denuncias y detenido a 932 personas por infringir las medidas de restricción de la movilidad decretadas desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, según ha avanzado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro añadió que ya hay jueces que han comenzado a imponer condenas por saltarse el confinamiento. Así, se refirió a una pena de cuatro meses de cárcel dictada por un juez en Santa Cruz de Tenerife.

En una rueda conjunta con la ministra de Industria, Reyes Maroto, el titular de Interior ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, que en general están cumpliendo las normas, pero ha recordado algunas actitudes insolidarias, como la de los tres infectados por el coronavirus que han escapado de los hospitales donde estaban siendo tratados.

Marlaska se ha referido en concreto a dos enfermos que se escaparon de un hospital de la localidad madrileña de Leganés y a otro que huyó del centro sanitario de Benidorm (Alicante), aunque la Policía ha conseguido reingresarles con las medidas de seguridad pertinentes.

Sobre estos hechos, el ministro ha indicado que se estudiará "decididamente" la responsabilidad, incluida la penal, de esos tres pacientes que "abandonaron de forma indebida, negligente e imprudente" el hospital y que se dará traslado a la Fiscalía.

Al inicio de su comparecencia, Marlaska ha lamentado la muerte de José Antonio, el tercer guardia civil fallecido por el coronavirus, y la de una presa de 78 años, que también ha muerto víctima del COVID-19.

El ministro ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad, tanto las del Estado como las autonómicas y locales, y de los funcionarios de Prisiones, así como el comportamiento de los presos, que han comprendido la situación y aceptado las medidas del estado de alerta, que les ha restringido las comunicaciones directas con sus allegados, entre ellas los "vis a vis".

Sobre las fuerzas de seguridad, ha destacado su papel para garantizar que la movilidad sea solo la que se permite en el decreto: la tendente a garantizar los servicios básicos, la atención sanitaria y el abastecimiento de medicamentos y de alimentos.

Desde que comenzó el estado de alerta, 932 personas han sido detenidas y se han impuesto mas de 102.000 sanciones por saltarse las medidas del decreto. Solo este martes, ha explicado el ministro, se han practicado 130 detenciones e impuesto más de 20.000 denuncias a personas que "no se han metido en la cabeza que todos somos corresponsables en la lucha contra la propagación del virus".

Ha recordado que ya se han dictado algunas condenas por desobediencia, como la de un juez de Santa Cruz de Tenerife, que impuso 4 meses de cárcel a un ciudadano.

Respecto a la protección de los funcionarios de Prisiones y de los agentes de los cuerpos de seguridad, ha dejado claro que están a su disposición todos los elementos necesarios para evitar la propagación del virus.

Asimismo, ha dicho que se han asegurado nuevas partidas de material que se distribuirán a corto plazo. "Estamos garantizando, como no podía ser de otro modo, que las fuerzas de seguridad trabajen conforme a los criterios de prevención de riegos laborales", ha enfatizado.

"Tienen medios y estamos comprometidos a que los seguirán teniendo", ha zanjado Marlaska.

Preguntado sobre la petición del defensor del Pueblo y de algunas asociaciones para dejar en libertad a los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el ministro ha reiterado que se hace un estudio individualizado, "persona por persona", para ello.

Y ha recordado que "toda persona ingresada cuenta con una autorización judicial" y si se observa que es imposible el retorno a su país de origen, se acuerda su libertad "con las garantías necesarias y precisas".