SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
Actualizado:“Es el PP el que decide lo que se paga en A, en B y lo que se factura a los empresarios también”. Así de tajante se ha mostrado el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, en el juicio sobre la financiación irregular de este partido en Valencia que se celebra en la Audiencia Nacional.
El PP pagó con dinero “en efectivo” (negro) los trabajos de Orange Market, la empresa en Valencia de Gürtel, que organizó los actos electorales de dicha formación política en los comicios de 2007 y 2008. Este dinero iba a la Caja B de la red de Francisco Correa, según ha revelado el número dos de la trama.
“La otra parte de los trabajos para el PP fueron pagados por los empresarios que prestaron aquí declaración”, ha agregado Crespo en el juicio que se ha reanudado este viernes. Estos nueve empresarios ya han reconocido los pagos a Gürtel con facturas falsas, tras pactar con la Fiscalía esta confesión a cambio de una reducción de condena.
Pablo Crespo ha delatado a Ricardo Costa como el político del PP de Valencia que les ordenó girar facturas falsas a diversos empresarios para reducir la deuda que dicha formación política tenía con ellos.
Crespo: "El señor Costa dijo que no tenían dinero y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios"
Estas revelaciones suponen un giro en la estrategia defensiva de Crespo. Estas revelaciones llegan después de que el líder de la trama, Francisco Correa delatara a Costa como el político que les ordenó realizar facturas falsas, quien ha decidido colaborar con la Fiscalía para reducir su condena.
“El señor Costa dijo ante la presión que hacíamos para cobrar que no tenían dinero y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios”, ha asegurado Crespo. La reunión se celebró con Costa, mano derecha de Francisco Camps en Valencia, y con el delegado del grupo de Correa en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.
Todo apunta a Ricardo Costa
“Era hacerlo así o no cobrar”, fue el mensaje que les transmitió Ricardo Costa. Ellos accedieron, según su versión, para no verse inmersos en un concurso de acreedores.
“Se lo voy a poner fácil”. Con esta frase dirigida a la fiscal Myriam Segura, el número dos de la red de empresas de Gürtel, Pablo Crespo, había comenzado a tirar de la manta sobre la financiación irregular del PP de Valencia.
La Fiscal interrogaba al procesado sobre la documentación incautada a la red de empresas de Gürtel, factura a factura. Pero el juez Penal José María Vázquez Honrrubia ha zanjado el rodeo y ha preguntado directamente a Crespo sobre la identidad del político que les ordenó cobrar la deuda del PP de valencia a través de empresarios. “Ricardo Costa” ha sido la respuesta de Crespo.
Estaban los tres solos. Crespo recuerda en que aquella reunión no se habló de nombres de empresarios: “Mi percepción es que el señor Costa tenía una idea muy vaga (...) Nos explicó el cómo, pero no sabía ni quién ni cuándo”. La reunión no fue pacífica, aunque sí que fue “galante” por parte de Crespo y Pérez ya que el PP era el cliente.
El PP "decide lo que se paga en A y B"
“Es el PP el que decide lo que se paga en A y en B y si se produce una circunstancia de facturar su deuda a empresarios, también”. Así se tajante ha respondido Crespo a la acusación popular al ser preguntado por quién decidía por qué canal de se realizaban los cobros al PP.
Crespo ha recordado que en el juicio sobre la primera época de Gürtel el PP se sentaba en el banquillo por haberse beneficiado del dinero de la trama Gürtel en la realización de la campaña a las elecciones municipales de 2003 en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, ambas en Madrid.“No se porqué razón” el PP “no está aquí, sentado en el banquillo como responsable a título lucrativo, ha apostillado. “Esa no es una cuestión mía” ha dejado caer el número dos de Gürtel en alusión a las acusaciones, como la Fiscalía y la acusación popular.
Crespo, que se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de cárcel, ha comenzado así a tirar de la manta, después de que el miércoles el juicio quedara suspendido para intentar un acuerdo con la Fiscalía y reducir la pena, tras las revelaciones de Correa.
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