Esta semana los Jefes de Estado y de Gobierno tienen una cumbre telemática para debatir y cerrar los flecos del plan anticrisis que presentó la Comisión Europea en mayo. Conscientes de las diferencias de criterio entre los ortodoxos y los defensores del gasto común, se da por hecho que no habrá fumata blanca este viernes y por eso desde el sur claman que haya luz verde antes de verano, para poder hacer uso de estas ayudas a partir de septiembre.

El plan anticrisis puesto encima de la mesa tiene como objetivo aliviar los estragos en las economías de los países más afectados por la covid-19 en la UE, que ha dejado más de 170.600 muertos tras su paso por el Viejo Continente. Sin embargo, sigue sin estar definido el importe final del fondo, cuándo estará disponible, qué condicionalidad tendrá y si será a través de subsidios y préstamos o no.

Las voces más optimistas aventuran que el acuerdo llegará en julio, probablemente el día 9, coincidiendo con la elección del nuevo presidente o presidenta del Eurogrupo. Aunque podría hacer falta una nueva cita presencial en la segunda quincena para limar diferencias. Sin embargo, el ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra, admitió la semana pasada que ve "muy posible que el acuerdo no se alcance hasta otoño".

Alemania ha demostrado que no quiere ser el poli malo en esta crisis y quiere jugar un papel central, aprovechando que le corresponde asumir la presidencia semestral de la UE el próximo 1 de julio. El respaldo de la canciller Angela Merkel al programa de recuperación del Ejecutivo comunitario es vital y la alemana confía en llegar a un acuerdo el próximo mes, convencida de que la efectividad de la respuesta a la crisis depende de la rapidez con la que pueda estar operativo.

Con el objetivo de conseguir un acuerdo en la mayor brevedad posible, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha mantenido dos semanas maratonianas de reuniones telefónicas con los dirigentes de las instituciones europeas y con la mayoría de líderes europeos, entre los que se encuentran la canciller alemana o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los representantes permanentes ante la UE también han debatido a contrarreloj en las últimas semanas, para alcanzar acuerdos de mínimos. Parece ser que todos los Estados miembros, incluidos los autodenominados como frugales- Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia- son conscientes de la importancia de aceptar la propuesta de la Comisión como base negociadora.

De hecho, Dinamarca podría bajarse del carro, lo que supondría un duro golpe para el club de la austeridad, después de perder a su hermana mayor (Alemania), cuando presentó junto al presidente galo la propuesta franco-alemana que ha sentado las bases del plan de la Comisión.

Según ha explicado el comisario de presupuestos, Johannes Hahn, a Euronews, el acceso al fondo de recuperación no es gratis e insta a los cuatro halcones del euro a entender que se trata de una inversión. Señala que, por ejemplo, el segundo destino de las exportaciones austríacas es el país transalpino y, por tanto, "si Italia no está en buena forma, hay un impacto inmediato en la economía austriaca" porque un gran número de los empleos del país depender del comercio.

Miedo a que los tribunales frenen el plan anticrisis

El Parlamento Europeo también está llevando a cabo reuniones por delegaciones. La semana pasada los populares de la Eurocámara se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se espera que el grupo socialista lo haga con Josep Borrell. Según fuentes consultadas, el objetivo de estas reuniones es que los eurodiputados vean más allá de la partida concreta que va a su área de trabajo y valoren que es una "propuesta revolucionaria".

Según fuentes del grupo popular, varios eurodiputados alemanes alertaron a la jefa del Ejecutivo del peligro de que los tribunales alemanes frenen el fondo de rescate. Según explican, "la base jurídica del plan de recuperación es un acuerdo intergubernamental sin control parlamentario, hecho que podría usar el grupo de extrema derecha Alternativa por Alemania para llevar el plan anticrisis ante la justicia, porque es dinero sin control parlamentario".

Por esta razón, insisten en que el dinero debe de gastarse "en proyectos que tengan un valor añadido, porque es dinero de todos" e instan a sus colegas a apoyar la propuesta de la Comisión Europea, que pretende condicionar las ayudas a reformas en el marco del Semestre Europeo.

Este fin de semana el parlamento finlandés ha declarado oficialmente su oposición al fondo presentado por Bruselas. De acuerdo al comunicado emitido por la Gran Comisión que recogió EFE, los diputados respaldarían recortar la cuantía del plan al medio millón de euros y extender préstamos en lugar de subvenciones. También piden acortar la vigencia del fondo- prevista para cuatro años, y los periodos de reembolso de los créditos emitidos.

Al igual que podría ocurrir con Alemania, la Comisión Constitucional finlandesa ha cuestionado abiertamente la legalidad de la propuesta e insta a la UE a "garantizar que el plan cuente con una base jurídica adecuada en la legislación europea". Según señalan, el plan podría suponer "una desviación sustancial del principio de equilibrio presupuestario recogido por los Tratados".

Fondo de recuperación tras la covid-19

En la condicionalidad se encuentra la clave para acceder al dinero propuesto por la Comisión Europea: un fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros para aliviar los estragos del virus en el bloque comunitario. De este dinero, 500.000 millones corresponden a subsidios a fondo perdido y 250.000 a préstamos.

A este plan anticrisis habrá que sumarle la triple red de seguridad que aprobó el Eurogrupo en abril. Este paquete, que pretende movilizar hasta 540.000 millones de euros, incluye los 240.000 millones de crédito a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 100.000 millones a través de un fondo contra el desempleo (SURE) y una línea de crédito de 200.000 millones de euros a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El instrumento aprobado por el Eurogrupo estará disponible una vez que los Estados miembros presenten las garantías necesarias para que la Comisión Europea pueda acudir a los mercados. En el caso del SURE, que España espera como agua de mayo para financiar los ERTE, es necesario que los países pongan encima de la mesa 25.000 millones.

El Ejecutivo comunitario ha insistido en que las ayudas del fondo de recuperación no estarán sujetas a condiciones ligadas a reformas financieras como en la crisis precedente. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha reiterado estas semanas que "no es un programa de ajuste", sino que se trata de "una herramienta nueva, voluntaria y basada en las prioridades nacionales". Sin embargo, la condicionalidad es la gran batalla en la negociación de este fondo.

Mientras que los populares insisten en la importancia de vincularlo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, otras formaciones temen que haya una vinculación excesiva que pueda desvirtuar el plan anticrisis. Según la propuesta de la Comisión, los países podrán presentar su plan de recuperación hasta el 30 de abril de 2021, apoyado en las recomendaciones del Semestre Europeo y con la transición ecológica y digital como objetivo central.

Este fondo estaría disponible en los próximos cuatro años e iría ligado al presupuesto europeo para el periodo 2021-2027. Se financiaría a través de la emisión de bonos con un vencimiento máximo de 30 años y estaría respaldado por el propio presupuesto de la UE, conocido como Marco Financiero Plurianual.

Para hacer frente a esta cifra y evitar que los Estados miembros se vean obligados a incrementar sus contribuciones o reducir el presupuesto europeo, la Comisión Europea propone la creación de nuevas fuentes de ingresos a través de recursos propios. Bruselas plantea como nuevos recursos un gravamen al plástico, una tasa por la entrada de carbono al bloque, una tasa digital y una parte de los beneficios del sistema de comercio de emisiones.

Consciente de la emergencia de la crisis, la Comisión Europea propone que una parte de este fondo (11.500 millones de euros) se ponga a disposición de los Estados miembros a partir de septiembre de 2020. Para ello, los jefes de Estado y de Gobierno deberían de dar su aprobación antes de verano, algo que parece que no está garantizado.