El rey emérito no sale gratis. Ni su abdicación, ni su abandono de la actividad pública, ni tampoco su decisión de irse de España en medio de un mar de escándalos han impedido que el Estado siguiese cubriendo los gastos derivados de la atención que Juan Carlos I requiere al tratarse oficialmente de un miembro de la Familia Real. Lo que el Gobierno ha evitado aclarar hasta ahora es el importe exacto de todo esto. 

"Se trata del anterior jefe del Estado en España, y su seguridad concierne al Estado español", se limitó a aclarar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, allá por agosto de 2020. Entonces y ahora surgía una misma pregunta: ¿Cuánto dinero suponen los tres escoltas que acompañan al emérito? 

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu intentó averiguarlo, pero fracasó en el intento. Y no una vez, sino hasta tres. "¿Cuál es el número de personas, con salario público, que trabajan para Juan Carlos I en su estancia en el exterior?", preguntó el representante de la coalición abertzale por escrito a comienzos de 2021, cuando también requirió datos concretos y exactos acerca de "cuántas personas, con salario público, han estado destinadas en el exterior a atender a Juan Carlos I desde su salida de España".

Si Iñarritu registró al menos tres preguntas distintas sobre este tema, el Gobierno optó por una respuesta única y monolítica para cada una de ellas. En términos generales, el Ejecutivo se limita a señalar que "el personal eventual al servicio de los miembros de la Familia Real en la Casa de Su Majestad el Rey" presta sus servicios de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005".

En aquel Consejo de Ministros "se autorizó a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), para que aprobase la Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual que realizan funciones calificadas expresamente de especial confianza", de conformidad con la ley reguladora del Patrimonio Nacional. 

En la respuesta del Gobierno no aparece ni una sola vez la palabra "euros", por lo que la consulta concreta de Iñarritu quedó sin resolverse. El diputado de EH Bildu insistió, aferrándose a las informaciones aparecidas que apuntaban que los gastos de los escoltas de Juan Carlos I en Abu Dabi corrían a cuenta de Patrimonio Nacional, según publicó ElDiario.es en enero de 2021.

"No corresponde al Ministerio del Interior confirmar o desmentir las informaciones que pudieran publicar los medios de comunicación social, ni tampoco informar sobre los desplazamientos y actividades de los miembros de la Familia Real o de otras altas instituciones del Estado", respondió el Gobierno en marzo de 2021.

Secretos oficiales

La administración alegó entonces que la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista –aún vigente– garantiza que "los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma están clasificados como reservados". 

El regreso de Juan Carlos I a España abre otras interrogantes en torno a los gastos que su mantenimiento como emérito podrían acarrear a las arcas públicas, principalmente en materia de asistentes, vivienda y escoltas. Su hijo, el rey Felipe VI, le retiró en marzo de 2020 la asignación pública que cobraba como emérito, pero otros gastos siguen corriendo a cuenta del Estado.

Todos esos puntos forman parte del listado de privilegios que los miembros de la Familia Real, entre los que se encuentra el cuestionado exmonarca, mantienen a día de hoy.