Son desconocidos para el gran público, están protegidos por una policía paralela para multimillonarios y dirigen todos los resortes del poder económico, político y hasta judicial de España. Son la verdadera cúpula de poder que lo controla todo desde las sombras, a la que una fuente que los ha conocido de cerca califica como "el Círculo de Gstaad". Y los audios de las grabaciones de la operación Lezo los están sacando a la luz, uno a uno, por primera vez.

El "Círculo de Gstaad" está formado por los que poseen casas en esa ciudad suiza, una estación invernal del Cantón de Berna donde van a esquiar desde hace muchos años los miembros de la beautiful people (gente guapa) que empezó a enriquecerse desorbitadamente en el entorno de los gobiernos de Felipe González y acabaron de convertirse en magnates gracias a las privatizaciones de José María Aznar. Todo ello, bajo el manto real de Juan Carlos I y, después, Felipe VI.

El arquetipo de esa beautiful es el empresario, y gran amigo del actual monarca, Javier López Madrid, imputado en el caso Lezo por transferir 1,4 millones de euros a una cuenta suiza, como pago por una comisión de la constructora OHL –propiedad de su suegro, Juan Miguel Villar Mir–  a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en prisión.

"Más beautiful que los de OHL no había nadie", recuerda la fuente de Público. "Si te casas con la hija de Villar Mir, te meten en el consejo, te dan responsabilidades de gestión… ganas un pastón. Y se hizo muy amigo, ¡muy amigo!, del entonces príncipe Felipe, con el que esquiaba a menudo en Gstaad..." Por eso, la reina Letizia le mandó mensajes de apoyo –cuando le imputaron en la Púnica–, llamándole "compiyogui".

El Círculo de Gstaad está formado por los propietarios de lujosas residencias en esa localidad exclusiva, empezando por Ana Patricia Botín y llegando a otro de los más grandes: el actual presidente de Endesa, Borja Prado Eulate, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal –quien fuera el administrador privado de Juan Carlos I y acabó condenado repetidamente por pelotazos de miles de millones de pesetas–, a quien el Gobierno González entregó el monopolio de todas las contrataciones de suministro de petróleo de los países del Golfo Pérsico.

Pero aún hay alguien más beautiful en Gstaad: el "superbeautiful "Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, al que se conoce como "el residente local"; ya ciudadano suizo y una de cuyas empresas, Serena Digital aparece citada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el banco suizo Dresdner Bank donde guardaba 20 millones de euros. De la Joya también ha sido imputado en el caso Lezo porque la transferencia de López Madrid de 1,4 millones fue a parar a una de sus cuentas suizas. Interrogado por el juez Eloy Velasco, ha afirmado que no le entregó ese dinero a Ignacio González, sino que se lo quedó él mismo porque OHL le debía dinero.

Hace ya casi un año que Público reveló el papel preeminente de Adrián de la Joya en operaciones irregulares como la de la Hacienda La Alamedilla, que en 1997 pasó de las manos del vicepresidente de Banesto, Arturo Romaní, a cuatro socios que podrían estar ayudando a Romaní a ocultar los bienes de la entidad bancaria de Mario Conde. Tanto investigadores de la Policía como de la Guardia Civil sospechan que esta finca puede ser una ocultación de bienes del caso Banesto.

A principios de los 90, De la Joya estuvo imputado en el escándalo de Construcciones Atocha: él y Rafael Martín Sanz (exconsejero de Presidencia de Castilla-La Mancha con el socialista José Bono) fueron investigados por el cobro de comisiones por adjudicaciones irregulares de la Comunidad de Madrid, de 1989 a 1992. Después, ambos se hicieron con la empresa Avanzit –cuyo principal cliente era la Telefónica de Juan Villalonga–, a la que llevaron a la suspensión de pagos en 2001

Pero sus buenas relaciones sociales y empresariales vienen sobre todo por su matrimonio en 1994 con Cristina Fernández Longoria, cuñada de Abdul Rahman El Assir. quien a su vez estaba emparentado con el famoso traficante de armas Adnan Kashogi. La tercera de las hermanas Longoria, Beva, estaba casada con José Luis Alcocer, y en el entorno de esa beautiful people estaban Mario Conde, los Albertos y muchas otras grandes fortunas. Fortunas de 500 o 700 millones de euros.

“De la Joya y sus amistades representaron la época de la jet-set marbellí, donde traficantes de armas libaneses, empresarios saudíes, el propio rey Juan Carlos o políticos como Felipe González y Aznar se mezclaban en las fiestas de superlujo y de ahí surgían los grandes negocios que han acabado en operaciones de blanqueo de capitales”, declararon en su día fuentes empresariales a Público.

En 2007, De la Joya liquidó muchas de sus empresas, colocó otras sociedades en paraísos fiscales, traspasó sus propiedades inmobiliarias y se trasladó a Suiza, desde la que ofrece servicios de intermediario financiero, tras borrar todo rastro (incluso en el buscador Google) de su etapa marbellí.

"Ahora, a Adrián le han fastidiado el negocio, porque se basaba en cero publicidad, en mantener un perfil superbajo" –explica quien le ha conocido bien–. "Algo que no cuadraba muy bien con su personalidad, porque es alguien muy de alardear de su avión privado, de sus contactos... Pero, claro, había pasado bastante desapercibido para vosotros, en la prensa. Mientras que todos los de arriba saben perfectamente para qué servía y a qué se dedicaba".

Además, De la Joya es el gran padrino del comisario José Manuel Villarejo Pérez, quien ha amasado una fortuna de 25 millones de euros y decenas de empresas actuando como protector de los integrantes de La Trama. "Villarejo es súper íntimo de De la Joya", explica la fuente antes citada. "Tanto que en más de una ocasión, se lo ha llevado en su avión privado a viajes de negocios, como por ejemplo a Qatar. Villarejo ha ganado mucha pasta con Adrián... muchísima".

No es de extrañar, pues, que Villarejo tenga cuentas en paraísos fiscales. En el informe de Asuntos Internos de la Policía sobre su fortuna –que desveló Público hace más de tres meses–, los investigadores pidieron a la Fiscalía que solicitase a la Tesorería de la Seguridad Social la vida laboral del comisario, con el fin de averiguar para quién trabajó entre 1983 y 1989 (estando de excedencia) y de dónde pudo salir el dinero con el que inició sus negocios. Pero la Fiscalía jamás puso en marcha indagación ninguna sobre él.

En el entramado que está revelando la operación Lezo también figura otro personaje destacado: Mauricio Casals, presidente de La Razón, adjunto al presidente del Grupo Antena 3 y miembro del Consejo del Grupo Planeta, quien estuvo imputado en el caso –junto al director de ese diario, Francisco Marhuenda– por intentar coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no activase las investigaciones judiciales sobre Ignacio González y el Canal Isabel II.

Ya en marzo pasado, Público reveló que De la Joya y Villarejo comieron en un céntrico restaurante de Madrid con Mauricio Casals, quien llamó a Antonio García Ferreras, director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo, para que se incorporase al encuentro, en el que hablaron sobre el conflicto con Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, por los papeles de Panamá.

El comisario Villarejo afirmó –en conversación con este periodista– ser muy amigo de Casals, de quien dijo también que es "muy amigo de la pequeñita", en referencia a Soraya Sáez de Santamaría. Y, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Casals buscó "impunidad mediática y judicial para González". En una de las conversaciones telefónicas interceptadas, Casals afirma que "Ferreras se ha portado de cine" al parar en La Sexta una noticia contra el expresidente de Madrid, hoy en prisión.

Lo que es indudable es que De la Joya se presentó ante el juez del caso Lezo con el abogado Ernesto Díaz Bastién, socio de Villarejo en algunas de sus empresas; entre ellas Schola Iuris, escuela de práctica jurídica en la que dan clase jueces y fiscales en activo.

Más llamativo aún es que en Schola Iuris han impartido clases –bien remuneradas–, desde el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix –quien trató de frenar varias de las investigaciones sobre Ignacio González–, hasta el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, quien al parecer es también mencionado elogiosamente por Ignacio González en sus llamadas telefónicas interceptadas en la operación Lezo.