La organización Gürtel se aseguró que los contratos públicos "se adjudicaran confirme a los designios de la banda". Así de contundente se expresa el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata al abrir juicio oral a 21 investigados por la pieza del caso que se centra en el gran pelotazo urbanístico de la trama en Arganda del Rey (Madrid) que define como "actividad depredatoria".

El auto dado a conocer este lunes impone fianzas cercanas a los 80 millones de euros y sienta en el banquillo a Francisco Correa y Pablo Crespo, entre otros líderes de la trama , así como a los constructores Fernando Martin (Martinsa-Fadesa) y Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica).

En la pieza de Arganda del caso Gürtel la Audiencia Nacional juzga los pelotazos de la trama en esta localidad del sureste de Madrid, en la carretera de Valencia. Sus actividades se desplegaron allí entre 1998 y 2009 a través de la manipulación de los contratos públicos y con cargo a los fondos municipales. El gran pelotazo fue la venta de una parcela a la constructora Martinsa por 77 millones de euros.

25 millones en comisiones

El auto detalla que se habrían pagado 25 millones de euros en comisiones, a través de distintas sociedades instrumentales de Mónaco y Suiza. Este dinero habría sido aportado por los empresarios Martín, Amando Mayo Rebollo y Manuel Salinas Lázaro. Correa se habría llevado una comisión de un millón de euros.

De la Mata impone 78 millones de euros de fianza para Correa y su mano derecha, Crespo, y 79,1 millones a Martín. Otros 75 millones deberá depositar el abogado y supuesto 'muñidor' de Gürtel Ramón Blanco Balín. Mientras, los empresarios de origen zaragozano Salinas y Mayo tendrán que afianzar 75 y 80,88 millones de euros, respectivamente.

Son procesados  además cuatro políticos del PP: Benjamín Martín Vasco, diputado en la Asamblea de Madrid; Ginés López, el alcalde popular de la localidad durante tres legislaturas (1995-1999, 2003-2007 y 2007-2009) y conocido por los integrantes de la trama como El Gafitas; Juan Fernández Caballero, entonces consejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda y Tomás Martín Morales, el Director de Programación del Ayuntamiento que organizaba fiestas a todo trapo en su mansión de Boadilla del Monte, donde trabajó para El Albondiguilla, Arturo González Panero, el alcalde de esta segunda localidad investigado en Gürtel dentro de la pieza de Época 2 de la trama. 

Actividad depredatoria

Todos ellos son sentados en el banquillo por los delitos de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

El juez detalla en su auto la "actividad depredatoria" que desarrollaron los 21 investigados:

Los políticos amañaron contratos

Unos, como los políticos -el alcalde, el diputado y los políticos del PP-, utilizaron su "privilegiada posición en las entidades públicas de Arganda del Rey, que les daba competencias muy relevantes en el área de contratación pública, lo que permitía a la organización asegurar que los contratos se adjudicaran conforme a los designios de la banda". Para ello, designaron un "complejo plan" para amañar contratos públicos, realizaron adjudicaciones arbitrarias, facilitaron los pliegos "con antelación a sus compinches", otorgaron "absurdamente" plazos cortos a la competencia, fijaron precios ilegales, fraccionaron contratos para hacerse con "el botín"... Los adjetivos del juez son ilustrativos de la forma de proceder de la trama Gürtel que anidó en el PP durante más de una década.

Los técnicos colaboraron

Otros, como los técnicos -Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado del Olmo y Álvaro García del Río- colaboraron con los designios" de la banda en los distintos procesos de contratación, por medio de informes técnicos o de valoración, validando procedimientos o autorizando facturas y pagos.

Los cabecillas corrompieron

Y otros, como los jefes y miembros de las empresas de Gürtel Correa, Crespo, Isabel Jordán y Pablo Collado, armaron "todo el plan, corrompiendo activamente a los anteriores, con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo con sus intereses".

Y los empresarios pagaron comisiones millonarias

Por último, los empresarios -Martín, García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Ramón Blanco Balin o Manuel Salinas Lázaro-, contribuyeron "decisivamente" para conseguir la adjudicación de los contratos públicos. Para ello, "presentaron sus ofertas amañadas", con "precios desorbitados", y con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos. "Y para ello prometieron, y abonaron" las comisiones millonarias que habían pactado con los líderes de Gürtel, quienes se repartieron el dinero con las autoridades públicas.

Grandes delitos de corrupción

El juez considera, además, que deberán ser juzgadas como responsables civiles subsidiarias las siguientes sociedades: las constructoras Martinsa, Constructora Hispánica y Teconsa, y las mercantiles del grupo de Correa Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. Estas últimas sociedades de Gürtel habrían servido para "enmascarar los pagos a cargos
públicos" y lograr la desviación de fondos públicos para su enriquecimiento personal.

Les atribuye los delitos de prevaricación, fraude, cohecho, falsedad (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación.