El juzgado de instrucción de Murcia llevará a juicio al exconsejero de  Agricultura del PP Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer por sus implicaciones en el caso Topillo, relacionado con los vertidos contaminantes en el Mar Menor. Además, el juez ha pedido una indemnización de 16 millones de euros para responder de las posibles responsabilidades civiles que se les puedan atribuir en su momento.

El juicio viene precedido por la acción de la Fiscalía que pidió para Cerdá y Aldeguer 21 meses de prisión  y una multa de 16 meses con una cuota diaria de 12 euros por un delito de prevaricación contra el medio ambiente.

Por un lado, existen indicios suficientes de la presunta responsabilidad de Antonio Cerdá, ya que no aplicó la normativa aprobada para evitar esos vertidos durante su administración. Sobre Aldeguer, actual director general del Agua valenciano, era conocedor de las desalobradoras ilegales de las que presuntamente procedían los vertidos y que, sin embargo, no actúo con las inspecciones debidas para frenar la situación.

Antecedentes

En el caso Topillo se ha investigado la contaminación del Mar Menor por nitratos provocados por las desalobradoras— instalación industrial para quitar la sal del agua del mar o de acuíferos y convertirla en agua potable o apta para el riego —ilegalmente instaladas en el Campo de Cartagena durante los años que van del 2012 al 2017. Además, de los acusados citados, también están involucradas las empresas responsables de esta contaminación como: GS Spain, Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños.

La Fiscalía les ha acusado de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente como de "perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales" y de poner en "riesgo de grave perjuicio para la salud de las persona" (art. 351). Junto a la Fiscalía, se suman a la acusación Green Peace, Ecologistas en Acción, ANSE y Seo Bird Life.