Si hay una palabra que define la situación política del Perú de los últimos casi 10 años, esa es 'inestabilidad'. La inestabilidad es la norma en ese país, tanto que a una le cuesta seguir al día con los cambios de ministros, gabinetes enteros, intentos de impeachment y cambios de presidentes. En los últimos 7 años Perú ha tenido 6 presidentes.

Hagamos un breve repaso de estos gobiernos.

Ollanta Humala: gobernó entre 2011 y 2016, detenido por lavado de dinero y asociación ilícita.

Pedro Pablo Kuczynski: renunció dos años después, en 2018, por denuncias de corrupción y tras varios intentos de impeachment.

Martín Vizcarra: duró otros 2 años, en 2020 el Parlamento le declaró el impeachment por "incapacidad moral", una figura en la Constitución peruana de la que hablaremos más adelante.

Manuel Merino: conocido como "el breve". Duró en el cargo apenas 5 días. 

Francisco Sagasti: se convirtió en presidente interino, básicamente para convocar nuevas elecciones para 2021, en las que, con algo más de 8 millones de votos, salió elegido, en la segunda vuelta, Pedro Castillo.

¿Por qué tantos presidentes en tan poco tiempo? ¿Por qué tantos intentos de impeachment? Por el poder que tiene el parlamento sobre el presidente. Veamos. Perú no es un régimen parlamentario en el que al primer ministro o al presidente lo eligen diputados en el Parlamento.

Al presidente del Perú lo elige el pueblo en las urnas, pero en la Constitución peruana existe algo que se llama 'vacancia', un procedimiento que le permite al Parlamento acabar con el presidente y obstaculizar sus iniciativas.

En 1993, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, se redactó una nueva Constitución que estableció que la presidencia de la república queda vacante si el Congreso declara la "incapacidad moral o física" del jefe de Estado.

El nuevo término, que es bien vago, de 'incapacidad mora' se convirtió para el Congreso en una varita mágica con la que acabar con presidentes sin mayor problema. Se requiere reunir 87 votos y pá fuera.

Eso es lo que le ha ocurrido a Castillo, a Kuczynski, a Vizcarra y al propio Alberto Fujimori, cuando en el año 2000 huyó a Japón, acusado de corrupción y violaciones de los DDHH. Ya veis la mala suerte que tiene Perú: le tocan presidentes moralmente discapacitados todo el tiempo.

Y es como un pez que se muerde la cola: para acabar con el abusivo uso de la herramienta de 'vacancia', se necesita una nueva Constitución.

Para una nueva Constitución se necesita la aprobación del Parlamento, y el Parlamento está muy a gusto con las oportunidades que le da la figura de vacancia por 'incapacidad moral'. Si tienes el derecho -constitucional- de dar una suerte de 'golpe blando' siempre que lo necesitas, ¿por qué renunciar a ello?

Castillo, que ganó a la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos contra los DDHH, llegó al gobierno con la promesa de convocar una asamblea constituyente para cambiar, finalmente, esa Carta Magna de 1993 que hace al país ingobernable.

Y por supuesto, desde el día uno tenía su sentencia de vacancia firmada, con un parlamento fujimorista, contrario al cambio que defiende el modelo existente y su conjunto de privilegios.

Y la verdad es que todos sabíamos desde entonces que eso era cuestión de tiempo. En poco más de un año de su gobierno intentaron 'vacarlo' tres veces, por su incapacidad moral y física, sí señor.

Así que la decisión de disolver el parlamento, para mí, fue un intento torpe de resolver una crisis de gobernabilidad que paralizó el país y no dejaba avanzar en nada. La aplastante mayoría de los medios por supuesto no tardaron en calificarlo de autogolpe y hasta en compararlo con el 'fujimorazo' de 1992, sin prestarle atención a ese detallito de vacancias permanentes a las que recurre el Parlamento.

Y sin fijarse en otro detallito determinante: cuando Alberto Fujimori suspendió la Constitución, declaró el estado de emergencia, y cerró el Congreso (que supuestamente le estaba obstaculizando la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso), contó con el apoyo del ejército y de la oligarquía.

Pedro Castillo no tuvo absolutamente ningún respaldo: ni del ejército, ni de su compañera de fórmula… ni de organizaciones internacionales. La OEA, que tuvo un papel clave en avalar el golpe en Bolivia, esta vez tampoco sorprendió: transmitió su apoyo a Dina Boluarte y habló de la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país.

Dina Boluarte, que es la primera presidenta mujer del país, también tiene todas las de ser una presidenta fugaz, igual que sus antecesores. Porque el Congreso es el mismo, permanece en las mismas manos, del fujimorismo y parece que no se van a calmar hasta que asuma Keiko Fujimori, que ya perdió tres elecciones populares, pero no la esperanza de llegar al poder, sea como sea, evidentemente.