El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) para digitalizar el ciclo del agua, una medida que parte desde la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y que movilizará 3.000 millones de euros públicos y privados entre 2022 y 2023 para conseguir adaptar el territorio a la coyuntura de crisis climática y de menor disponibilidad del agua.

La medida, que pretende frenar el despilfarro del agua, pretende mejorar la eficiencia de los usos de este recurso doméstico e industrial, así como los regadíos. Se trata de un plan fundamental en un territorio como el español, uno de los más expuestos a la crisis climática y donde los periodos de sequía serán cada vez más intensos y largos. 

"El agua es tan y importante y sistémica, y la gestión del ciclo es tan determinante para nuestro bienestar, que incide en un tercio del Producto Interior Bruto de nuestro país", ha dicho la ministra Teresa Ribera, que ha recordado que es el tercer PERTE que se aprueba desde su cartera, tras el plan de almacenamiento y de renovables y el del economía circular. 

La crisis climática y la alteración del régimen pluviométrico provocará una reducción del 25% de los recursos hídricos del Estado, tal y como ha recordado la vicepresidenta. Las pérdidas de agua en España debido a los malos usos, además, ascienden al 23% y con este PERTE se quiere reducir el despilfarro en un 10% de cara a 2030.

Para ello, Transición Ecológica plantea medidas concretas destinadas a la digitalización con contadores inteligentes, análisis y mejoras en la vigilancia por parte de los organismos de cuenca. "Nos permitirá reducir los consumos y las pérdidas intolerables en un contexto decreciente escasez", ha añadido la responsable de Medio Ambiente.

El plan movilizará 1.900 millones de euros de capital público y pretende movilizar otros 1.000 millones privados. De esta forma se mejorarán los mecanismos de control y la transparencia en los usos del agua. Para ello se crearán cerca de 3.000 empleos cualificados que incrementarán la gobernanza del agua.

Los PERTE son iniciativas impulsadas por el Gobierno que se enmarcan dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. De esta forma, se canalizan los fondos europeos hacia las diferentes áreas económicas.