El Gobierno aspira a aprobar antes de agosto, el mes vacacional habitual del Ejecutivo, gran parte de las leyes más polémicas que llevan enquistadas varios meses o años, y que han provocado los mayores enfrentamientos internos entre los dos partidos que sustentan a Pedro Sánchez.

La aprobación de los indultos, la ley de Vivienda, la denominada ley del "sólo sí es sí" y hasta la ley trans son los objetivos más importantes que se ha propuesto el Gobierno sacar adelante en el próximo mes y medio.

Con ello, se podría decir que se cierra un ciclo tras año y medio de Gobierno de coalición, y en el Ejecutivo y en su entorno se da por hecho que en septiembre se alumbrará una amplia crisis de Gobierno con cambios sustanciales.

Si se cierran estos polémicos asuntos, el Gobierno quiere encarar los futuros retos centrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en superar los dos grandes escollos: derogar gran parte de la reforma laboral y un nuevo sistema de pensiones, que logre el acuerdo con los agentes sociales y el aval de Europa. Pero eso ya será en septiembre y, seguramente, con nuevas caras y nuevas propuestas. Y, de momento, se intentan cerrar los otros asuntos.

Los indultos

En cuanto a los indultos hay consenso entre los dos socios de Gobierno porque en Unidas Podemos siempre han defendido que la vía del indulto es la mejor para "devolver el conflicto catalán al terreno de donde nunca debió salir: la política". En el espacio confederal consideran que no se puede abordar una mesa de diálogo con todas las garantías si antes no se ha indultado a los líderes del procés.

Si da tiempo a terminar los expedientes, podrían ir al Consejo de Ministros el próximo martes, 22 de de junio, aunque probablemente se deje para la última reunión del mes.

El PSOE sabe que esta decisión puede tener un coste político entre su electorado pero Sánchez está decidido a arriesgar y afrontar el conflicto catalán. De cómo transcurra la negociación posterior y su resultado dependerán, en buena parte, las expectativas electorales de los socialistas.

La ley de Vivienda

La ley de Vivienda es una de las medidas que ha causado más conflictos entre el PSOE y Unidas Podemos. Las diferencias entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales en materia de regulación de los alquileres ha lastrado la aprobación de una norma en la que están a punto de cerrarse puntos clave como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional o la creación de un impuesto que grave las viviendas vacías.

La ley acumula ya más de cuatro meses de retraso desde el compromiso inicial al que ambos partidos llegaron en el acuerdo presupuestario (debería haber visto la luz a finales de enero). Sin embargo, en las últimas semanas se han sucedido algunos movimientos que podrían desbloquear el acuerdo más pronto que tarde. En su última propuesta, Transportes cedió y fue más allá de los incentivos fiscales que defienden desde el inicio de las negociaciones para plantear que se puedan congelar los precios del alquiler en las zonas declaradas de mercado tensionado.

Pese a que esta medida es insuficiente para Unidas Podemos (que defiende que sigue incumpliendo el acuerdo de coalición), puede ser un punto de partida para llegar a un consenso. El objetivo del Gobierno es que la norma llegue al Consejo de Ministros antes del mes de agosto, pero todavía no hay acuerdo.

La ley 'sólo sí es sí' y la ley 'trans'

La Ley de Garantías de la Libertad Sexual (conocida como ley del "solo sí es sí") será una de las primeras normas enquistadas en resolverse. Sin embargo, se mantienen importantes discrepancias entre el Ministerio de Igualdad con la Vicepresidencia Primera y con el Ministerio de Justicia (dos departamentos socialistas) en dos leyes concretas: en esta y en la ley trans.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzó hace una semana que la ley del "solo sí es sí" llegaría al Consejo de Ministros "antes de acabar el verano"; y, posteriormente, este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha desvelado que el plan es que se aborde en el Consejo del próximo martes.

Según explicó la propia Rosell, aunque el Consejo de Estado pide algunas modificaciones, éstas no afectan a la definición del consentimiento, que es el eje fundamental de la norma (el consentimiento se podría establecer en el texto a través de la doble negación o en positivo).

También la ley trans tiene una fecha límite; la intención de Igualdad y del resto del Gobierno es que llegue al Consejo de Ministros antes de la celebración del Día del Orgullo Gay (la última semana de junio, aunque la marcha en Madrid se celebrará el sábado, 3 de julio).

La principal diferencia entre los postulados de Montero y los de Carmen Calvo es cómo articular jurídicamente el derecho a la libre autodeterminación del sexo registral de las personas trans. Mientras Igualdad aboga por reconocer este derecho en su plenitud, el departamento de Calvo quiere acotarlo, ya que a su juicio la redacción actual de la norma puede chocar jurídicamente contra la lucha de las mujeres por lograr la igualdad.

En las últimas semanas, la vicepresidenta primera ha tenido reuniones y negociaciones con colectivos trans y LGTBI para alcanzar un consenso con el que poder impulsar la norma, que en principio llegará al Consejo de Ministros refundida en un solo texto junto con la ley de igualdad de las personas LGTBI.

Algunas fuentes apuntan que han salido adelante los postulados de Montero y se articulará el derecho a la libre autodeterminación con el respaldo del Ministerio de Justicia, pero fuentes de la vicepresidencia niegan rotundamente que el tema esté zanjado.

¿Crisis en septiembre?

Y, después de todo ello, lo que esperan en las filas socialistas es que a la vuelta de vacaciones, en septiembre, Sánchez aborde una amplia crisis de Gobierno para afrontar los dos años que le restan de legislatura, porque lo que se da por hecho es que el presidente del Gobierno no adelantará las elecciones en ningún caso.

Aunque el tema ha desaparecido del foco mediático, en los corrillos de entorno gubernamental sigue la inquietud y sigue siendo el tema más comentado, con todo tipo de quinielas sobre a quiénes afectará la crisis de Gobierno y cuál será su alcance.

Todas las fuentes consultadas por Público apuntan que solo pueden especular y que sólo Sánchez sabe lo que quiere hacer. Pero hay un convencimiento generalizado que se reducirá la estructura de Gobierno reduciéndose el número de ministerios, que será un cambio sustancial con caras nuevas y que el presidente quiere afrontar un nuevo ciclo.