El Gobierno no tiene ninguna intención de permitir que la censura parental del Ejecutivo de Murcia termine de imponerse en los centros educativos. La coalición del PSOE y Unidas Podemos dará todos los pasos que hagan falta para frenar la medida impulsada por Vox y aceptada por PP y Ciudadanos. Desde el Gobierno no tienen ninguna duda de que la censura parental vulnera "derechos fundamentales". 

La medida propuesta por el partido de ultraderecha supone que los padres decidan si sus hijos pueden asistir a las actividades complementarias en las escuelas, entre las que se enmarcan las charlas de diversidad LGTBI.

El Gobierno de coalición también mostró unidad al salir a la rueda de prensa por primera vez con ministras del PSOE y de Unidas Podemos. La portavoz María Jesús Montero acudió a la sala de prensa de la Moncloa con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El ministerio de Educación ya anunció este jueves que recurriría la censura parental porque "socava el derecho a la educación". Celaá confirmó en la rueda de prensa de este viernes que ya ha mandado un requerimiento al Ejecutivo de Murcia, formado por PP y Cs, para que den marcha atrás con esta medida.

En este sentido, Celaá explicó que llegarán hasta los tribunales si es necesario porque esta medida va contra "los derechos constitucionales". También consideró que la censura parental afecta directamente al "currículum básico" de un centro y, por tanto, vulnera "el derecho fundamental a la educación" y "la capacidad de los centros educativos de elaborar su currículum".

Además, Irene Montero anunció que va a pedir comparecer en el Congreso y en el Senado a petición propia en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La ministra de Igualdad explicó que el Gobierno considera que esta medida es "una ruptura" del pacto. Criticó la censura parental por ser machista y defendió el derecho de todos los niños a ser educados en la igualdad, independientemente de si sus padres son "homófobos".

De hecho, ambas ministras consideraron que los padres no pueden decidir la educación de sus hijos si la educación que quieren va en contra de los derechos fundamentales y constitucionales. Así hicieron referencia a las declaraciones del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros que afirmó que "los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también se mostró igual de firme que las ministras respecto a la censura parental. "Vamos a recurrir cualquier intento de PP, Ciudadanos y Vox que vulnere el derecho a los menores de recibir una educación integral". "Si entendemos que una medida vulnera algún derecho, responderemos con contundencia", insistió.

Desde el Gobierno esperan que el Ejecutivo de Murcia responda al requerimiento y acabe con esta medida. Sin embargo, las tres ministras asumieron que si no es así presentarán el recurso y la legalidad de la censura parental acabará en los tribunales. 

Los partidos de la coalición no son los únicos que se han posicionado en contra de la medida. Alrededor de 40 asociaciones y colectivos de Murcia firmaron ya un documento y denunciaron que la censura parental "ataca" la autonomía de los centros, además de contravenir las leyes regionales de Igualdad Social LGTBI y sobre violencia de género.