Al Gobierno se le ha agotado la paciencia con Isabel Díaz Ayuso. El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, para reinstaurar las medidas que permitan frenar la expansión del coronavirus. Estará en vigor durante 15 días, y su aprobación llega a las puertas del puente del 12 de Octubre, cuando suele aumentar sensiblemente el número de desplazamientos desde la capital.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha trasladado a Ayuso que la situación sanitaria no permite esperar más, que es necesario proteger la salud pública con esta herramienta, que permite restringir derechos fundamentales -como los de movilidad. Ayuso no ha querido contemplar el mantenimiento del confinamiento perimetral de la capital y de otras nueve ciudades de la región con preocupantes indicadores sobre la propagación del virus, y ha insistido en su plan de confinar por zonas de salud, ya aplicado hasta el pasado viernes.

A su vez, la presidenta madrileña le ha reclamado más tiempo -mientras se evidenciaba la división existente en el seno de su Ejecutivo del que Ciudadanos también forma parte-. Ambos han acordado que sus respectivos equipos seguirán dialogando sobre los posibles futuros escenarios en los próximos 15 días, pero no han sido capaces de llegar a otro tipo de entendimiento.  

Fue Ayuso quien descolgó el teléfono durante la mañana, si bien el presidente ya había retrasado la hora de comienzo del Consejo de Ministros, inicialmente previsto para las 8.30 horas, y pospuesto hasta las 12.00, también porque Ayusohabía pedido más tiempo. Al filo de las 12.25, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, comparecía en rueda de prensa para volver a criticar al Ejecutivo central, y para insistir en los buenos resultados de las medidas aplicadas por su Gobierno.

Sánchez trasladó este jueves un ultimátum a Ayuso, si bien ésta se ha mantenido en sus posiciones. Tras la suspensión de la aplicación de las nuevas restricciones a la movilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Sánchez exigió a Ayuso que mantuviese el confinamiento perimetral de la capital y otras ciudades con una nueva Orden - en este caso fundamentada en una ley orgánica-. También le ofreció que requiriese formalmente al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma, y por tanto que ambos gobiernos caminaran juntos.

La tercera opción, la más drástica, pasaba por declarar el estado de alarma en Madrid, pero sin necesidad de contar con el visto bueno del Gobierno regional. Desde que Sánchez y Ayuso oficializaron su acercamiento, el 21 de septiembre, y pese a las maniobras, cambios de posición y dardos lanzados por Madrid, el Ejecutivo se ha resistido a aplicar esta herramienta sin el visto bueno de la presidenta regional.

La Constitución, y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, facultan al Gobierno a declarar el estado de alarma en territorios concretos o en el conjunto del Estado, si bien este ámbito territorial debe quedar establecido en el decreto en cuestión.

La decisión, además, la ha rubricado un Consejo de Ministros presidido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con Sánchez de visita oficial junto al rey en Barcelona. Inicialmente estaba previsto que el Consejo fuera breve, de no más de media hora, si bien se ha prolongado durante dos.

De hecho, estaba previsto que los ministros de Sanidad, Salvador Illa, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecieran en rueda de prensa a las 12.30 horas. Una hora y media después, Moncloa ni siquiera había estimado la hora definitiva de esta rueda de prensa.

Estará en vigor 15 días, luego dependerá del Congreso

La Constitución, en su Artículo 116, así como la ley orgánica en cuestión, regulan la aplicación del estado de alarma. El Ejecutivo tiene potestad para declararlo durante 15 días, pero después debe contar con el aval del Congreso de los Diputados.

De hecho, en las etapas más duras de la pandemia, el Gobierno tuvo que pelear los apoyos necesarios para prorrogar el estado de alarma hasta el 21 de junio -entró en vigor el 14 de marzo-.

Pese a gravedad de la situación, y a la enorme cantidad de personas fallecidas por covid-19 en esas jornadas, el tono de estos debates fue muy bronco, con ataques de gran calado entre los grupos, y con numerosas críticas de los aliados parlamentarios hacia el Ejecutivo por no negociar debidamente estos apoyos. 

Además, y teniendo en cuenta que la dirección nacional del PP apoya sin fisuras la actuación de Ayuso .y hasta la celebra-, todo hace pensar que el principal partido de la oposición volverá a negar su apoyo al Gobierno.