El régimen franquista, así como las condenas de todas sus tribunales, son declarados como ilegales con la nueva Ley de Memoria Democrática. Esta es una de las múltiples novedades que incluye el texto aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados. 

Desde el comienzo de su andadura, uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición era el de mejorar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero en 2007. El texto debatido en la Cámara Baja, ahora tendrá que pasar por el Senado donde podría sufrir algunas modificaciones. 

Redefinir el concepto de víctima

La Ley de Memoria Democrática redefine el concepto de víctima, al incluir a toda persona "que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales" como consecuencia del franquismo.

Así, las personas exiliadas, enviadas a campos de trabajos forzosos, participantes de la guerrilla antifranquista o represaliadas por su condición sexual, serán algunas de las numerosas causas por las que se podrán tipificar como víctimas.

Una búsqueda activa con las personas desaparecidas

Con la nueva ley, el Estado se guarda un papel activo en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Se calcula que alrededor de 114.000 personas se hayan en paradero desconocido por estas circunstancias. 

Para ello, la norma prevé la elaboración de un mapa con la localización de personas desaparecidas, donde se incluirán las fosas comunes. También, la creación de un banco estatal de ADN de víctimas del franquismo para así poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos. Además, se elaborará un censo con los nombres de las víctimas fallecidas y de las supervivientes. 

La Ley de Amnistía continua en vigor

Una de las principales polémicas que suscitaba esta nueva ley era lo referido a la Ley de Amnistía de 1977. Dicha norma, que en su momento pretendía liberar a los presos políticos de la prisión, para buen sector de la izquierda se ha terminado convirtiendo en una ley del olvido y perdón de los crímenes franquistas.

Por este motivo, durante la Comisión constitucional donde se aprobó el proyecto ley, ERC pidió derogar esta Ley de Amnistía. Sin embargo, el Gobierno en el nuevo texto considera que aquella ley fue una "reclamación histórica de la oposición antifranquista", ya que amnistió "todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindica".

Eso sí, la nueva ley señala la necesidad de "garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario". Por lo que todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, quedan supeditadas a Derecho Internacional. Así, se podrían juzgar todos aquellos crímenes no amnistiables como los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o tortura.

Acceso público a los documentos del franquismo

A partir de que la norma entre en vigor, en el plazo de un año, se promoverá la modificación de la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968. El objetivo es el de garantizar el acceso libre, gratuito y universal a todos los documentos guardados por el Estado franquista.

En este punto, la norma no hace mención a la Iglesia católica, la cual aun alberga información vital para muchos crímenes cometidos, como son los casos de bebés robados.

Investigar crímenes más allá de 1978

Una de las enmiendas más importantes, que el Gobierno pactó con Más País y EH Bildu, es la de crear una comisión de investigación que permita conocer si se cometieron vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. De tal modo, se busca reparar el daño causado a a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia".

No obstante, las víctimas de este periodo no podrán ser consideradas víctimas del franquismo, motivo por el cual sus denuncias, ya sean por tortura, asesinato o desaparición, tan solo podrán ser estudiadas. Así, la comisión podrá investigar todo lo ocurrido con damnificados por los GAL, el grupo terrorista que empleó el Gobierno de Felipe González para hacerle la guerra sucia a ETA. 

Crear lugares de memoria democrática

El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Esta medida forma parte de un conjunto de lugares para incentivar la memoria democrática. Así, se dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado. A su vez, solo podrán descansar allí los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la guerra, motivo por el cual se reubicarán los restos que ocupen un lugar preeminente, como es el caso de la tumba del falangista José Antonio Primo.

En esta misma línea, pasarán a ser lugares de memoria: el Fuerte de San Cristóbal, cárcel franquista ubicada en Pamplona, o el Palacio de la Cumbre de Donostia, lugar empleado por los GAL para torturar y asesinar a Joxean Lasa y Joxi Zabala.

De manera similar, se actualizarán los contenidos de la asignatura de Historia en ESO, FP y Bachillerato para dar a conocer la represión sufrida en aquellos años, además de difundir los valores y libertades democráticas. 

Reconocer el papel de las mujeres

Por primera vez, se pone especial foco en la figura de la mujer. Tal como se señala en el artículo 11, la ley reconocerá a todas aquellas mujeres que tuvieron un papel activo en la vida intelectual y política durante los años de la Guerra Civil y la dictadura. 

Además, la ley busca reparar el daño a todas las víctimas, que como madres, compañeras o familiares de los asesinados o represaliados, sufrieron algún tipo de privación de su libertad o derechos por parte del régimen.