Margarita Robles, la portavoz parlamentaria socialista, ha sido la encargada de presentar en el registro de las Cortes un escrito dirigido a la mesa del Congreso, solicitando que reconsidere los acuerdos adoptados por la misma, que dejan, de facto, en suspenso todas las proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios y asambleas legislativas, contra las que el gobierno haya manifestado su disconformidad, siempre alegando motivos presupuestarios.
Hasta ahora el modus operandi de la mesa ha sido o admitir el veto del gobierno o pedirle más información, que nunca llega, para poder tomar una decisión, que, por lo tanto, no llega a tomarse. El número de ocasiones en que el Gobierno ha recurrido a esta potestad, que la Constitución le da, no tiene precedentes: 74 veces ha presentado escrito de disconformidad.​

En dos ocasiones, la Mesa del Congreso, consideró insuficientes sus motivaciones, lo que llevó al gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional. El 20 de enero del 2017, el Gobierno planteó ante el más alto tribunal “un conflicto de atribuciones” contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso del 18 de octubre de 2016, que rechazaba su disconformidad con la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica sobre la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa), presentada por el PSOE.

El pasado 12 de abril, el Constitucional, sentenció, por unanimidad, que la proposición de ley socialista para la modificación de la LOMCE no puede ser vetada por el gobierno y señala, claramente, los límites que establece la ley a su capacidad de veto por motivos presupuestarios: el veto solo puede producirse cuando la iniciativa legislativa, en cuestión, afecte a los ingresos y gastos reflejados en el Presupuesto en vigor y nunca en relación a presupuestos futuros y, además, debe argumentarse de forma expresa, objetiva y suficientemente motivada.

El partido socialista aprovecha esta sentencia para intentar obligar a la Mesa del Congreso a reconsiderar todos los vetos, no solamente los que han afectado a iniciativas de su partido (11, en concreto,) porque afirma que “no solo han impedido la aprobación de la proposición o la enmienda sino, lo que es mucho más grave aún, su debate en el Pleno del Congreso”.

Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso y diputada de Unidos Podemos, en declaraciones a Público, anuncia que presentarán en el registro esta misma tarde o mañana por la mañana, a más tardar, un documento similar solicitando la reconsideración de la admisión de las  20 proposiciones de ley de Unidos Podemos, vetadas por el Gobierno. Sobre si cree que esto puede cambiar las cosas y obligar a que lleguen al pleno todas estas iniciativas vetadas, se muestra escéptica porque prevé que Ciudadanos puede volver a bloquearlas “volviendo a pedir documentación”, una táctica habitual de los naranjas.

Por su parte, Ciudadanos, se ha negado a hacer ninguna declaración a Público, con respecto a esta cuestión. Su gabinete de prensa se limita a informar de que “ese tema se tratará la semana próxima en las reuniones de Dirección”.

Carles Campuzano, el portavoz del PDeCat, en declaraciones a Público, también anuncia que están trabajando en un escrito parecido, exigiendo la tramitación de sus proposiciones de ley vetadas, y añade: “Nosotros hemos innovado buscando fórmulas para tratar de superar sus vetos” y “no ha habido manera”. Como ejemplo, recuerda que presentaron una proposición de ley para incrementar la prestación por hijo a cargo y que especificaron en el texto que “los efectos económicos fueran los que prevean los presupuestos generales del Estado” y lo vetaron.

Fuentes de ERC, también reconocen a Público, que están estudiando cómo recurrir sus dos iniciativas vetadas por el Gobierno. 

Al PNV, el Gobierno no le ha vetado ninguna iniciativa legislativa. Cierto es que hubo un conato con una del parlamento vasco, sobre el amianto, pero se resolvió y siguió su tramitación correspondiente.

En la siguiente reunión de la Mesa, está prevista la consideración del veto del Gobierno a la proposición de ley socialista para la revalorización de las pensiones con respecto al IPC. Será la primera vez que la Mesa valore uno de estos vetos, tras la ya llamada sentencia antivetos del gobierno, que obligará a Ciudadanos a reposicionarse o a buscar otro argumento para continuar bloqueando la tramitación parlamentaria del grueso de las proposiciones de ley de la oposición.