Un grupo de trabajo conformado por varios miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados revisará los criterios de acreditación de periodistas de la Cámara Baja, según confirman fuentes de presidencia del Congreso. "Se estudiarán cuestiones de forma, nunca de contenido", han enfatizado las mismas fuentes. El proceso de estudio que inicia el órgano rector del Congreso ha sido motivado por el escrito remitido por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios a la Cámara acerca del caso Vito Quiles, enviado de EDATV en el Congreso.

La APP, en su escrito, al que dieron cobertura la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), expresa su "disconformidad y rechazo ante el hecho de que personas vinculadas a partidos políticos, coaliciones o formaciones que se presenten a las elecciones ejerzan de periodistas en los espacios que el Congreso de los Diputados y el Senado tienen destinados al ejercicio de la profesión. 

Y continúa: "Estamos viviendo con asombro el hecho de que Vito Quiles, número 57 de la lista electoral de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta se siente en la sala de prensa del Congreso de los Diputados e, incluso, haga preguntas a los y las portavoces parlamentarios". Además, la APP remarca que "hay varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez".

La asociación considera todo ello "contrario a la ética de la profesión" y, por tanto, "incompatible para acceder a una acreditación como periodista parlamentario". En la carta, por último, solicita a las instituciones responsables que tomen medidas para proteger "la necesaria independencia y equidad en el desempeño periodístico".

Es esa exposición de motivos la que ha llevado a la Mesa de la Cámara Baja a mandatar a un grupo de trabajo, conformado por miembros de los distintos partidos que componen el órgano, realizar una propuesta de criterios para "favorecer la práctica y la convivencia de la actividad periodística". En cualquier caso, fuentes del entorno de la presidencia subrayan que esa propuesta deberá contener normas "a nivel general, en ningún caso ad hoc". 

Se espera un proceso de revisión ágil

No se espera que este proceso de estudio o revisión de criterios se demore demasiado. Se habla, incluso, de un límite de unas dos semanas para que el grupo de trabajo exponga su propuesta.

De todas formas, se descarta, a priori, que la redacción de estas normas vaya a dar lugar a un régimen sancionador y también que vaya a tener carácter retroactivo. En cualquier caso, las fuentes consultadas remarcan que el grupo de trabajo todavía no se ha reunido y, por tanto, es pronto para sacar conclusiones,