¿Qué pasa con la LOMCE, la ley “mordaza”, la reforma laboral, la modificación de la ley del Tribunal Constitucional, las tasas judiciales, el recorte a la universalización de la asistencia sanitaria, el tijeretazo a la revalorización de las pensiones, la “modificación” del Estatuto de la RTVE para poder manipularla, la dotación económica de la ley de la Memoria Histórica, la limitación de las instrucciones judiciales y un largo etcétera?

Estas son algunas de las modificaciones legislativas que llevaron a cabo Mariano Rajoy y su Gobierno gracias a su mayoría absoluta parlamentaria entre finales de 2011 las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Unas reformas “estructurales”, justificadas por la “herencia recibida” y la crisis económica, que conformaron la mayor “contrarreforma” realizada por un Gobierno desde 1977 y que estuvo acompañada de una gran carga ideológica ultraconservadora.

Pero, al margen de la legislatura frustrada del primer semestre del pasado año, Rajoy está en el Gobierno con apenas el respaldo expreso de los 134 escaños de su grupo parlamentario más otros tres de sus coaligados; apenas 137 frente a 213 de la oposición. Durante el mandato hegemónico buena parte de la oposición, minoritaria en aquel momento, se juramentó para derogar esas iniciativas cuando lo permitiera la aritmética. En consecuencia, ¿qué está pasando con aquellas promesas?

Hasta ahora el Gobierno ha tenido una existencia realmente tranquila en términos parlamentarios. Consciente de su debilidad, y de la incapacidad de Rajoy de buscar apoyos, apenas ha presentado un par de proyectos de ley, aparte de una serie de decretos-ley para su convalidación. El resto ha sido un deambular por debates sobre proposiciones no de ley, las famosas PNL, y mociones en los que ha salido derrotado en no pocas votaciones, algunas significativas; pero a la postre sin mayor trascendencia ya que tan solo “instan” al Gobierno acometer una determinada acción, pero sin fuerza legal.

La primera derrota parlamentaria de trascendencia que ha sufrido el Gobierno ha sido esta semana con la derogación del decreto-ley para liberalizar el sector de la estiba en los puertos españoles. Además, ha sido una experiencia que no había vivido ningún Gobierno desde 1977 (hubo un par de “errores” que se subsanaron inmediatamente).

Pero pese a la debilidad de Rajoy y su Gobierno en el hemiciclo del Congreso de los Diputados las iniciativas para derogar las contrarreformas de la anterior legislatura parecen estar estancadas, cuando no en proceso de maceración. Aunque es un proceso que ya ha comenzado a echado a andar.

La iniciativa más avanzada es la relativa a la paralización del calendario de la LOMCE, una de las leyes “malditas” del anterior Gobierno de Rajoy. La proposición de ley, del grupo socialista, se encuentra en la comisión de Educación en plazo para la presentación de enmiendas.

Se trata de una reforma parcial y urgente, que no supone la derogación total de la “ley Wert”, pero sobre l que hay consenso en la oposición para aprobarla. Una nueva ley educativa está a examen en una subcomisión parlamentaria para llegar a un “pacto de Estado” sobre la cuestión.

Otra iniciativa en materia laboral para reformar el estatuto de los Trabajadores con el fin de equiparar a los empleados de las subcontratas con los de las empresas para las que trabajan también está en fase de enmiendas en la comisión de Empleo. Ambas fueron vetadas por el Gobierno, pero la Mesa de la Cámara baja decidió no hacer caso y se están tramitando.

Sobre la reforma laboral de Rajoy no hay presentada ninguna iniciativa para derogarla. PSOE y Podemos, entre otros grupos, son conscientes de la complejidad que representa elaborar un texto que sea aceptado por todos, aparte de que sirva para echar bajo los duros recortes de derechos impuestos en 2012. Sin embargo, si hay textos para combatir otras polémicas leyes de Rajoy, principalmente del PSOE, de Podemos y ERC.

Para empezar, este martes el pleno debate la proposición de ley socialista para derogar la “ley mordaza” de Fernández Díaz. Podemos la apoyará, aunque en su debate presentará enmiendas ya que en principio se propone volver a la legislación anterior, es decir la “ley Corcuera” de 1992. Hay presentada otra iniciativa, pero parcial, contra la misma ley, del PNVC, que no tiene fecha para su debate de toma en consideración por el pleno.

El mismo grupo socialista, según han confirmado a Público, llevará al pleno a la semana siguiente, es decir el día 28, su proposición de ley para eliminar la reforma que introdujo Rajoy para nombrar al presidente de RTVE, eliminando las garantías que hicieron posible una desconocida independencia del ente público en la segunda legislatura de Zapatero.

“José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE designado por Rajoy, tiene los días contados. Antes de julio habrá una nueva ley en el BOE”, aseguran fuentes socialistas que dicen contar con apoyos necesarios para que en la nueva temporada haya una estructura independiente para gestionar la televisión y la radio públicas.

A día de hoy los grupos parlamentarios de la izquierda han hecho ya una parte del trabajo para derogar la legislación de Rajoy. Así, por ejemplo, el grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea tiene presentada una proposición de ley para eliminar la reforma del Tribunal Constitucional que permitió la imposición de sus resoluciones. Está “a la cola” para ser tomada en consideración. Este mismo grupo defiende otra iniciativa legal para regular el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se encuentra en fase de enmiendas en la comisión de Empleo.

El grupo independentista catalán de ERC y el PSOE tienen presentadas sendas proposiciones de ley – la primera en fase de enmiendas y la segunda a la espera de toma en consideración – para “devolver” la capacidad de la justicia española para intervenir en asuntos considerados de “justicia universal” que eliminó Rajoy con si reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre la administración de justicia existe otra iniciativa legislativa, del grupo socialista, que busca eliminar la contrarreforma de Rajoy consistente en acortar y limitar el procedimiento de instrucción de las causas judiciales, con el consiguiente perjuicio a las partes implicadas. También se encuentra en fase de espera a la toma en consideración por el pleno de la cámara.

Por su parte, el Gobierno también interviene, negativamente, paralizar el proceso de reconversión legislativa que pretende la oposición, que tiene una amplia mayoría en la Cámara baja. El Ejecutivo, con una interpretación más que discutible – tal como se recoge en un informe elaborado por los letrados de la institución parlamentaria - de la Constitución, tiene vetados de momento siete proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.

De ellos, tres se refieren a iniciativas que quieren eliminar otras tantas contrarreformas hechas por el anterior Gobierno también presidido por Rajoy: cambiar los criterios para la revalorización de las pensiones – es una iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios de la oposición, sin excepción -; volver al criterio de la universalización de la asistencia sanitaria – del PSOE – y eliminar las tasas judiciales impuestas por el ex ministro Ruiz-Gallardón, también del grupo socialista.

La mayor dificultad para que estas iniciativas lleguen a buen puerto, es decir al BOE, según reconocen fuentes parlamentarias, estriba en los recelos de unos grupos respecto a las iniciativas de los otros. “Hay coincidencia en que hay que cambiar la legislación de Rajoy, pero en el método, menos en el fondo, hay discrepancias. Es posible que con el paso del tiempo se eliminen; o no”, explica un veterano diputado de la oposición.