El Pleno del Congreso ha instado este jueves al Gobierno a tomar medidas para luchar contra la proliferación de los delitos de odio, con campañas institucionales específicas para su prevención y también para concienciar sobre los riesgos de la desinformación, una moción que ha contado con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

La iniciativa se ha aprobado a instancias del PSOE, Unidas Podemos y ERC que pactaron una moción derivada de la interpelación que, sobre el auge de la extrema derecha, los independentistas dirigieron la semana pasada al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En un principio ERC pretendía que el Congreso aprobase un texto para emplazar al Ejecutivo a analizar el "activismo ideológico de la ultraderecha" en la Administración y los poderes del Estado, incluyendo la Justicia, y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército. "Al fascismo, a la extrema derecha franquista, ni agua", proclamó durante el debate la diputada de ERC María Carvalho.

Sin embargo, los de Gabriel Rufián acabaron aceptando una enmienda del PSOE y el grupo confederal en la que, por ejemplo, desaparecían las menciones a la ultraderecha y a las Fuerzas Armadas, y que es la que se ha aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV o Bildu. Durante la discusión de esta iniciativa en el Pleno del pasado martes, los socialistas señalaron que existen muchas formas de combatir el fascismo, mientras que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, apuntó directamente al cierre de los CIEs, el fin de las devoluciones en caliente o garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Por contra, el PP, Vox o Ciudadanos rechazaron el texto apuntando que se trata de una moción "consecuencia de odio" que pretende que el Gobierno impulse "una caza de brujas", según apuntaron los 'populares'; sobre todo cuando es la propia ERC la que cumple, a juicio de Cs, con las características propias de la ultraderecha: "pasado mítico inventado, adoctrinamiento, victimización o racismo".  Vox, al que se dirigieron todas las críticas, se defendió cuestionándose que le llamen ultraderecha "por defender la Constitución, la vida, la familia, la igualdad de todos los españoles, el Estado de Derecho o la separación de poderes", entre otras cosas.

Igualdad de trato y no discriminación

En concreto, con la moción aprobada, el Pleno insta al Gobierno a poner en marcha medidas y planes efectivos para promover la igualdad de trato y no discriminación en la Administración General del Estado y en los poderes del Estado, incluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial. También le pide que realice una evaluación y "un plan de mejora de toda la acción del Gobierno relativa a la lucha contra los delitos de odio, en colaboración con el resto de administraciones públicas, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil".

El último punto de la moción, incluye un llamamiento al Ejecutivo para promover campañas institucionales para la prevención de delitos de odio y para concienciar a la población sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales e Internet.