El Congreso despidió la legislatura el pasado jueves tras la celebración de la última sesión plenaria de este curso político, aunque formalmente las Cortes no se disolverán hasta el martes, cuando el presidente del Gobierno publique el decreto de convocatoria de elecciones. Algunos diputados destacaban a la salida del hemiciclo que esta había sido “una legislatura de cambios”.

Una tesis que antes había sido respaldada por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, durante su última intervención en la tribuna, bautizó la legislatura como la de “las primeras veces”. Sánchez explicó su expresión haciendo referencia a que durante este curso político había triunfado por vez primera en la historia del Parlamento una moción de censura. También es la primera vez, destacó, que el signo político de la Presidencia del Congreso era distinto al del Gobierno, y que estaba en manos del principal partido de la oposición.

Pero no todos los parlamentarios compartían la opinión de sus compañeros y del presidente. “Si algo ha sido esta legislatura es la de las buenas intenciones”, ironizaba un diputado. Unas buenas intenciones que se han dado de bruces contra una realidad definida por las escasas reformas sociales significativas que ha producido el trabajo parlamentario.

El Congreso ha tenido bastante actividad legislativa desde que se constituyeron las Cortes, en julio de 2016. Los grupos y los diputados han registrado más de 240 proposiciones de ley en todo este tiempo, normas que, sumadas a los proyectos de ley que emanan del Gobierno arrojan una cifra de más de 270 iniciativas registradas en la Cámara Baja, sin contar con las leyes que provienen del Senado y de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, esta productividad a la hora de registrar leyes no se ha visto acompañada, de ninguna manera, por el trabajo durante su tramitación. En toda la legislatura, que ha durado casi tres años, solo han visto la luz 33 leyes. El total de reformas aprobadas durante el curso político asciende a 94, pero la gran mayoría, 60, han sido resultado de la convalidación de decretos elaborados por el Gobierno.
Durante la legislatura en la que el PP tenía mayoría absoluta en la Cámara (2011-2015), lograron completar su trámite casi 220 iniciativas, en cuatro años y sin contar con los decretos presentados por el Ejecutivo.

De hecho, el resultado individual de cada año supera a la suma de estos últimos casi tres años de legislatura, a excepción de 2012. En 2011 se aprobaron 50 leyes, 25 en 2012, en 2013 se aprobaron 36 normas, 44 en 2014 y en 2015 se llegaron a aprobar 65. Pero incluso en 2010, cuando no había una mayoría absoluta en el Congreso, se aprobaron más iniciativas, 53, que en esta legislatura. La cifra más alta de leyes aprobadas de este curso político se da en 2018, cuando vieron la luz 16 iniciativas (11 leyes y cinco leyes orgánicas).

Las causas de esta sequía legislativa son muchas, pero responden, en líneas generales, al intento de los bloques políticos de entorpecer la actividad parlamentaria de sus rivales. Durante estos años, los grupos se han quejado en numerosas ocasiones de los bloqueos que se han perpetrado en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen la mayoría, a través de la petición de sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas, lo que de facto paraliza la tramitación de una ley sin límite.

Algunas leyes exitosas y muchos fracasos

Aunque ha habido importantes reformas (casi todas vía decreto), como la recuperación de la sanidad universal, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la ampliación del derecho al sufragio para las personas con discapacidad, han sido muchas las normas que se han quedado por el camino tras sufrir una lenta tramitación marcada directamente en la mayoría de las ocasiones por el bloqueo parlamentario.Este es el caso de la ley de Igualdad LGTBI.

El Congreso la admitió a trámite en septiembre de 2017, pero el debate de totalidad no se celebró hasta cinco meses después, en febrero de 2018, debido a la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas solicitada por algunos grupos. En ella se recogían, entre otras medidas, la despatologización de la transexualidad o el derecho de todas las mujeres a acceder a técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos.

Esta situación también se ha dado con la derogación de la denominada ley mordaza. Aunque durante estos últimos meses los grupos trataron de pisar el acelerador en la fase de ponencia, la norma estuvo bloqueada en el trámite de enmiendas durante varios meses, a lo que se añadió la complejidad de la existencia de dos textos presentados (uno del PNV para reformar la ley mordaza y otro del PSOE para derogarla), que finalmente se refundieron en uno. Finalmente decayó, a punto de ser finalizada, con el adelanto electoral.