El Consejo de Ministros aprobó el 5 de noviembre un Real Decreto-ley con el primer paquete de ayudas tras la catástrofe de la DANA. En concreto, son 10.600 millones de euros. Este jueves, el Congreso de los Diputados lo ha convalidado con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Como cualquier decreto aprobado por el Gobierno, la Cámara Baja tenía que avalarlo. Además, se tramitará por el proyecto de urgencia. 

Se trata de un paquete de medidas que tiene tres fases: la respuesta inmediata a la tragedia, la reconstrucción de las zonas afectadas y el relanzamiento del País Valencià y el resto de territorios que sufren las consecuencias del temporal.

En concreto, el ámbito de actuación son 78 municipios (75, valencianos; dos, castellanomanchegos y uno andaluz), aunque en todo momento se ha dejado claro que se pueden incluir más. 

En el decreto se concreta que el Ejecutivo pone a disposición de los ciudadanos afectados hasta 72.000 euros para casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para reparar viviendas dañadas; hasta 10.300 para cambios de muebles o la reparación de los mismos y hasta 37.000 para arreglar desperfectos en comunidades de vecinos.

Por otra parte, de los 10.600 millones de euros, 838 están destinados a pymes y autónomos. Más en concreto, los autónomos recibirán ayudas por valor de 5.000 euros, mientras que las de las pequeñas y medianas empresas oscilarán entre los 10.000 y los 150.000. El proceso para recibirlas es sencillo y bastará con indicar el número de cuenta, siempre según el Gobierno.

Además, el paquete incorpora otras medidas como la creación de una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores y autónomos, medidas de carácter fiscal (exención del pago del IBI correspondiente al ejercicio de 2024 o la reducción del IAE) y otras para apoyar a los ayuntamientos. Por ejemplo, el pago por parte del Gobierno central del 50% de las obras que se tengan que realizar en los próximos meses.

En general, el sentir de los grupos parlamentarios, que han avalado el decreto, es que es necesario ampliar las ayudas para las familias y que el paso de los días no puede ocultar la importancia de lo ocurrido en el País Valencià. El Gobierno, desde que se conocieron los efectos de la DANA, se ha comprometido a que eso no ocurra. De hecho, tras el primer paquete de ayudas, aprobó un segundo, de 3.765 millones de euros, que también tendrá que pasar por el Congreso.