El Gobierno y sus socios parlamentarios siguen sin llegar a un acuerdo definitivo en lo que respecta a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. En la última ponencia, celebrada a puerta cerrada este miércoles, se han materializado a través de enmiendas transacciones cambios ya pactados entre las fuerzas favorables a modificar la polémica norma de Mariano Rajoy. Si bien, los principales escollos que dificultan la reforma han vuelto a quedar aparcados, según han señalado varias fuentes de la negociación.

Para ERC y EH Bildu son cuatro los artículos que complican su apoyo total a la norma, que deberá tener mayoría absoluta para recibir el visto bueno. Se trata del artículo 36.6, que hace referencia al delito de desobediencia; el 37.4, que es el de faltas de respeto a la autoridad (ambos son de los preceptos más usados para sancionar en base a esta polémica norma); la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

Pese a estos flecos aún pendientes, el portavoz de Unidas Podemos en la ponencia que estudia dicha reforma, Enrique Santiago, se ha mostrado optimista. "Esperamos poder realizar en breve, probablemente la semana que viene, la que ya sería la última reunión de la ponencia, donde podríamos solventar los pocos aspectos que ya quedan", ha apostillado en declaraciones a los medios. 

En este sentido, ha destacado los nuevos aspectos incluidos este miércoles en el texto por parte del grupo de trabajo de la Comisión de Interior. Uno de ellos es la reducción de las cuantías mínimas para las infracciones leves, graves y muy graves, aunque el tope de las máximas en el supuesto de las más graves se mantiene.

Esto es, según ha añadido, el tramo mínimo de las infracciones leves oscilará entre los 100 y 500 euros (la normativa actual fija un máximo de 600). La cuantía de las graves se establecerá entre 501 euros y 25.000 (frente a los 30.000 actuales), y el tope mínimo de las muy graves (alteraciones en espectáculos deportivos o culturales, por ejemplo) será de 25.001 euros hasta el máximo de 60.000 que no se ve alternado. 

Se ha profundizado también en la aprobación de normas que impulsen la reparación del daño causado, la sustitución de indemnizaciones por trabajos comunitarios y los nuevos mecanismos de conciliación. Asimismo, se ha incorporado una disposición sobre transparencia "para que el Ministerio de Interior informe periódicamente de las actuaciones policiales y el alcance social", ha detallado Santiago.