La primera sentencia sobre la red de corrupción surgida alrededor del Partido Popular es demoledora. Francisco Correa y los suyos eran beneficiados por la Administración valenciana: disponían de información privilegiada y facturaban con márgenes desproporcionados.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, considera que se manipularon y alteraron concursos públicos para beneficiar a las empresas de Correa en la realización de los expositores de Valencia en las ferias de Turismo durante los años 2005 a 2009.

El fallo supone un varapalo para el Gobierno de Francisco Camps, ya que condena no sólo a la cúpula de Gürtel, sino a los políticos y funcionarios que participaron en estas adjudicaciones. Porque la Administración autonómica alteró los criterios de adjudicación y pagó facturas engordadas.

Esta es la relación, al detalle, de las personas condenadas y de los delitos:

Francisco Correa durante el juicio sobre los contratos de la trama con la Administración valenciana.

FRANCISCO CORREA, cabecilla de la trama Gürtel: 13 años de prisión y casi 4 millones de euros de multa.

Asociación ilícita: 3 años de prisión, 13.500 euros de multa y 9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con la contratación administrativa.

Delito continuado de tráfico de influencias: 1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros.

Delito continuado de malversación de caudales públicos: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Cohecho activo: 3 años de prisión, multa de 5.000 euros y 8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Pablo Crespo, acompañado de su abogado, Miguel Durán. EFE/J. J. Guillén

PABLO CRESPO SABARIS, 'número dos' de la red: 13 años y 3 meses de prisión y casi 4 millones de euros de multa.

Asociación ilícita: 2 años y 6 meses de cárcel, multa de 11.250 euros y 7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con la contratación administrativa.

Delito continuado de tráfico de influencias: 1 año de prisión, multa de 3,9 millones de euros.

Delito continuado de malversación de caudales públicos: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Falsedad documental: 1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros.

Cohecho activo: 2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market en Valencia, durante su declaración en el juicio de la pieza de Fitur

ÁLVARO PÉREZ ALONSO, ‘El Bigotes’, delegado de Gürtel en Valencia: 12 años y 3 meses de cárcel y multas cercanas a 4 millones de euros.

Asociación ilícita: 18 meses de prisión y multa de 11.250 euros.

Delito continuado de tráfico de influencias: 1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros.

Delito continuado de malversación de caudales públicos: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Falsedad documental: 1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros.

Cohecho activo: 2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con la contratación administrativa.

Imagen tomada de un monitor durante el juicio a la primera época de Gürtel. EFE/Fernando Alvarado

ISABEL JORDÁN, exadministradora de empresas de Gürtel: 6 años de prisión y multa de 17.250 euros.

Asociación ilícita: 18 meses de prisión y multa de 11.250 euros.

Prevaricación administrativa: 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Absuelta del delito de tráfico de influencias.

Delito continuado de malversación de caudales públicos: 3 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta.

Falsedad documental: 1 año y 6 meses de prisión y multa de 6.000 euros.

CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ, consejero delegado de Orange Market, la empresa de Gürtel en Valencia: 4 años y cuatro meses de cárcel y 9.450 euros de multa.

Asociación ilícita: 16 meses de prisión y 5.850 euros de multa.

Francisco Correa y Mónica Magariños, exempleada de las empresas de Correa, sentados en el banco de los acusados en la sala del juicio./ EFE-Juan Carlos Cárdenas

Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Absuelto del delito de tráfico de influencias.

Malversación de caudales públicos: 1 año y 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación absoluta.

Falsedad documental: 1 año y 6 meses de prisión y multa de 3.600 euros.

MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ, ex empleada: 3 años de prisión y 1.800 euros de multa.

Asociación ilícita: 12 meses de prisión y 1.800 euros de multa.

Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Absuelta del delito de tráfico de influencias.

Malversación de caudales públicos: 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación absoluta.

La alcaldesa de Novelda (Alicante) y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez durante el juicio . EFE/Manuel Bruque

MILAGROSA MARTÍNEZ, expresidenta de las Corts Valencianes y exconsellera de Turismo con Francisco Camps: 9 años de prisión y 5.000 euros de multa.

Prevaricación administrativa: 9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Cohecho pasivo: 3 años de prisión, 5.000 euros de multa y 8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

RAFAEL BETORET, ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez: 6 años de prisión

Prevaricación administrativa: 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos y falsedad documental: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

ISAAC VIDAL, ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT): 7 años de prisión y 2.700 euros de multa.

Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos: 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Falsedad documental: 3 años de prisión, 2.700 euros de multa y 2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

JORGE GUARRO, ex jefe del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo: 4 años de prisión.

Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos: 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

ANA GRAU 3 años de prisión y 900 euros de multa.

Prevaricación administrativa: 4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Falsedad documental: 3 años de prisión, 900 euros de multa y 2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Absuelta del delito de malversación de caudales públicos.

La exconsellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, durante su declaración como acusada.EFE/ Juan Carlos Cádenas

ANGÉLICA SUCH: Absuelta del delito de prevaricación administrativa por el que había sido procesada.

JUAN BOVER: Absuelto del delito de prevaricación administrativa.

La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

El tribunal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros (1.938.000) y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones.