BARCELONA. El fiscal que lleva el caso en el juicio al ex-President de la Generalitat  Artur Mas y las ex-consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, Emilio Sánchez Ulled, ha insistido,  en la última sesión de la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la consulta del 9 de noviembre de 2014, en que no se juzga lo que ocurrió ese día si no si hubo o no desacato del mandato de actuación cautelar del Tribunal Constitucional.

Sánchez Ulled ha puesto especial énfasis en señalar que no se está juzgando o persiguiendo a la democracia. Por ello ha añadido que no se juzga la acción de los voluntarios el día de la consulta, sino la actuación del Govern de la Generalitat y si esa conducta "es o no delito".

El fiscal, en su intervención, se ha defendido a si mismo de las acusaciones de politización de la fiscalía y de su eventual dependencia del Gobierno. "La fiscalía no recibió ninguna indicación. Yo no lo habría consentido", ha asegurado. 

En relación al President Mas ha afirmado que "articuló una estrategia de desafío abierta de lo dictado por el Tribunal Constituciona,l con la participación directa de las dos acusadas", Rigau y Ortega.

"Los acusados sabían perfectamente lo que estaban haciendo", ha insistido el fiscal. Un acto político, según él, "puede ser perfectamente constitutivo de delito".

El fiscal Emilio Sánchez Ulled durante su exposición de conclusiones en el juicio del 9-N

La Generalitat, según ha explicado el fiscal, siguió con la organización de la consulta "desde el segundo del 4 de noviembre", fecha en la que se produjo la comunicación de suspensión por parte del TC. "Eran conscientes del mandato del TC, de lo que implicaba, y los acusados decidieron prescindir caprichosamente", ha insistido, ylo ha ejemplificado con el uso de la página web, la apertura de centros escolares como espacios de votación o la campaña de publicidad institucional.

Sánchez Ulled mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para Mas por desobediencia grave y prevaricación, y de nueve años para Ortega y Rigau como "cooperadoras necesarias".

Tras el fiscal, expondrá su informe la acusación popular, ejercida por los sindicatos policiales UPF y SPP y Manos Limpias -que solicita doce años de inhabilitación- y las defensas de Mas, Ortega y Rigau, que piden su absolución al considerar que no desobedecieron la suspensión de la consulta que decretó el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre.

Mas ha anunciado su intención de hacer uso de su derecho a la última palabra, lo que también se prevé que hagan Rigau y Ortega, antes de que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, dé por finalizado el juicio y el caso quede visto para sentencia.​

"Mas no se esconde", argumenta su defensor 

"No se puede desobedecer si no se es requerido", ha afirmado Xavier Melero, abogado defensor del ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha basado la exposición de sus conclusiones en la idea de que el Tribunal Constitucional no utilizó ninguno de los mecanismos para dar eficacia a sus resoluciones.

"El gobierno del Estado y algunas de sus instituciones han intentado mediatizar la acción de la justicia", ha dicho, al tiempo que recordaba que hasta que no se produjo la interposición de la querella, "siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado", el Gobierno central no hizo nada más que menospreciar la convocatoria del 9-N.

También ha recordado la opinión de la Junta de Fiscales de Catalunya, que no apreció delito alguno y así lo publicitó y ha manifestado su extrañeza por el hecho de  que la "capacidad de interrupción" se dejara en manos de quienes impulsaban el proceso participativo.

"Artur Mas no escondió nunca el impulso de su gobierno", "nunca ha dicho 'yo no he sido', ha afirmado el abogado para poner en cuestión la "prueba de carga". No dice nada esa prueba, segun él.

Rafael Entrena, abogado defensor de la ex-consejera Joana Ortega, ha asegurado que fue un error la aceptación a trámite de una querella de naturaleza política", así como la apertura de un juicio cuando no existen indicios de ningún tipo de delito.

Y el abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, ha puesto el acento en el hecho de que la fiscalía se hubiera "excusado" por haberse abstenido de actuar hasta que el Gobierno instó a la Fiscalía del Estado a plantear la querella. "Esto hace pensar en las ingerencias del Gobierno español en la fiscalía", ha afirmado. 

"El gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados"

Las palabras de Jordi Pina han sido seguramente las más duras del conjunto de intervenciones de la defensa de los abogados. Ha dicho textualmente, que a pesar de lo que pueda haber dicho el fiscal en torno a la independencia del ministerio público, "el gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados".

Pina también ha argumentado poniendo en cuestión la competencia del Tribunal Constitucional para actuar como "poder judicial", cuando, según ha explicado, se admitía hasta hace relativamente poco tiempo que no lo era. En la Constitución, ha recordado el abogado de Rigau, el poder judicial aparece separado del ámbito del Tribunal Constitucional.

El abogado ha insistido en que las resoluciones del Constitucional son declarativas y no ejecutivas, según la ley vigente en 2014, luego modificada, pero además ha mantenido que no pudo haber obediencia por parte de Irene Rigau, porque no se la requirió para ello y porque no se puede afirmar que hubo desobediencia por su parte, sin tener en cuenta que pidió aclaraciones.  ​