La condena impuesta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior del mismo gobierno entre noviembre de 2003 y junio de 2008, no se limita a los siete años de cárcel: también le impone la obligación de reparar el dinero que malversó en la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid. 

Y no es baladí la condena económica. Los magistrados obligan a Prada— a la sazón expresidente de la extinta Oficina del Cargo Popular, una especie de organismo anticorrupción que abrió el PP tras la condena de Gürtel para fiscalizarse internamente— a reponer a las arcas públicas madrileñas el dinero malversado solidariamente con otros tres condenados: 40.482.735,78 euros. 

Es el dinero que gastaron en 24 contratos, entre 2005 y 2011, que poco o nada tenían que ver con la construcción de los nuevos juzgados y otros edificios de lo que iba a ser el flamante Campus de la Justicia de Madrid y que jamás llegó a levantarse. 

Dicen los magistrados que dicha cuantía es de "suma gravedad" y que la malversación "ha provocado daño al servicio público", que en este caso era "la urbanización y edificación de una ciudad judicial que albergara todas les sedes judiciales de la capital y que nunca se logró culminar, hasta el punto que a día de hoy esa ciudad judicial sigue sin existir; tan solo se logró edificar el inmueble que debía ser la sede del Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se completó, y parte de los túneles de conexión entre los distintos edificios", consta en la sentencia.

El presupuesto para el Campus de la Justicia se escapó por falta de previsión, de rigor y en cuestiones superfluas, en una manifestación de desprecio por el dinero público. Así, por ejemplo, cita la sentencia que el contrato suscrito con Foster & Partners, del reconocido arquitecto Norman Foster, acabó incrementado en 13 millones porque no se había tenido en cuenta el precio que había que pagar a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio.

El fracaso del proyecto se debió en gran medida "a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad pública Campus de la Justicia S.A. no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo".

La sentencia condena a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de la sociedad pública Campus de la Justicia, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre. Así, Isabelino Baños, director general técnico; Alicio de las Heras, director financiero; el comisario Andrés Gómez Gordo, director del área de Seguridad y exasesor de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha);  y Félix José García de Castro, letrado asesor, han resultado condenados; este último deberá asumir el pago de los 40 millones en caso de que los anteriores junto con Prada no hagan efectiva la indemnización a la Comunidad de Madrid. 

La parte económica de la condena de la Audiencia Nacional es muy importante, puesto que no siempre se condena a los prevaricadores y malversadores a devolver el dinero público. En este caso, los magistrados acuerdan la medida al haberla solicitado la acusación particular, que es la Comunidad de Madrid, en representación de la ciudadanía de la región.

Entre los contratos enjuiciados figura el suscrito con la Fundación Arte Viva Europa para la exposición 'Campus, imágenes de la Justicia', que supuso más de 400.000 euros. 

Así se dilapida el dinero público

Alfredo Prada prescindió del servicio jurídico de la Comunidad de
Madrid y lo sustituyó por un contrato para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico con el despacho de Félix García de Castro, en enero de 2006. Este abogado era amigo del consejero Prada, consta en la sentencia.

El contrato no fue ofertado públicamente ni se justificó de ningún modo la necesidad de esta contratación ni la elección de ese despacho en concreto. El precio pactado por la prestación de servicios fue de 60.000 euros anuales por el plazo de un año y fue prorrogado hasta el 26 de noviembre de 2008. El importe total abonado a Félix García de Castro fue de 181.800 euros. 

Los magistrados explican que los condenados llevaron a cabo una "intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos, infringiendo la normativa y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea".

Hay que subrayar que Alfredo Prada no acabó bien con Esperanza Aguirre, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2023 y 2012. Tras el congreso de València del PP de 2007, la pugna entre Mariano Rajoy, líder del partido en ese momento, y Aguirre se saldó con la reafirmación del primero y de todos los que le habían apoyado; Prada, entre ellos. 

De Madrid a la Ejecutiva del PP

Así, el que fuera vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre fue nombrado por Rajoy para la Ejecutiva Nacional del PP, lo que supuso el final de su carrera en el gobierno madrileño. Alfredo Prada fue nombrado por Rajoy responsable de Emigración dentro del PP, y posteriormente, presidente de la Oficina del Cargo Popular, designado por Pablo Casado.

Un favor por otro favor, ya que Prada apadrinó a un jovencísimo Casado, nombrándole asesor de la Consejería de Justicia de Madrid cuando aún no se había licenciado en Derecho.

Un comisario de las 'cloacas'

Otro de los condenados por el caso del Campus de la Justicia, el comisario Andrés Gómez Gordo, fue rescatado por el consejero Francisco Granados cuando fue despedido como director de seguridad de la Ciudad de la Justicia, cargo que ocupó entre octubre de 2007 y octubre de 2009. 

Casualmente, trabajando para Granados, Gómez Gordo conoció a Sergio Ríos, el chófer que espió al extesorero del PP Luis Bárcenas por orden del Ministerio del Interior de Rajoy, en lo que es el conocido como caso Kitchen. El comisario Andrés Gómez Gordo está procesado por este caso. 

El comisario Andrés Gómez Gordo ha sido condenado a tres años y medio de cárcel en la causa por la Ciudad de la Justicia, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por el tiempo que ha pasado desde que arrancaron las primeras diligencias. La sentencia no es firme aún.

Su condena ha estado motivada porque firmó varios informes como director de seguridad para la implantación de sistemas de seguridad en la Ciudad de la Justicia, que supusieron incrementos desorbitados de precios. 

Una participación decisiva

En cuanto al exconsejero Alfredo Prada, intervino en los 24 contratos objeto de juicio, la mayoría, contratos de publicidad, algunos con convocatoria pública y otros, de adjudicación directa.

La sentencia explica que fue Alfredo Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.