Las actividades presuntamente ilegales de Jorge Fernández Díaz mientras desempeñó el cargo de ministro del Interior, entre finales de 2011 y principios del pasado mes de noviembre, con el fin de perseguir el proceso secesionista en Catalunya y sus promotores serán investigadas al menos durante tres meses en el seno de la comisión de investigación parlamentaria.

Esta comisión se constituirá el próximo jueves una vez haya finalizado el pleno de la Cámara baja, según ha anunciado la presidenta, la popular Ana Pastor, en la reunión que ha mantenido este martes la Junta de Portavoces. Los comisionados serán: tres del grupo parlamentario popular,  dos del grupo socialista, dos de Unidos Podemos, más otro representante por cada uno de los restantes grupos. En total estará integrada por 11 parlamentarios.

La comisión fue creada por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 27 de septiembre que respaldó por una amplia mayoría (tan solo se opuso el PP) la propuesta presentada por el grupo socialista, a la que se sumaron el grupo de ERC y los diputados del PCeCAT (la antigua Convergéncia).

La tardanza en constituirse (casi cuatro meses y medio después) se justifica en la petición que realizó a los grupos parlamentarios la presidenta Pastor de esperar a la evolución de la enfermedad que sufría Fernández Díaz (un cáncer de hígado). El pasado mes el propio ex ministro declaró en una entrevista en El Periódico de Catalunya que había superado su grave dolencia.

La comisión estará presidida, según han acordado los grupos parlamentarios, por el diputado del grupo vasco del PNV Mikel Legarda. Tradicionalmente, este tipo de comisiones han sido presidida por diputados de formaciones políticas minoritarias, aunque nunca un diputado de este grupo había presidido una de las 17 comisiones de investigación que ha habido en el congreso de los Diputados. La última fue en 2004 sobre los atentados del 11-M de ese año.

Tras su constitución los comisionados deberán elaborar un plan de trabajo y, sobre todo, una agenda de comparecencias, así como la solicitud de toda la documentación que se considere necesaria para la realización de su trabajo de investigación. Todas las personas que sean citadas tienen la obligación de comparecer, según establece la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados. Al menos deberán ser llamadas con 15 días de antelación y pueden estar acompañadas por un asesor durante su declaración.

La petición de la comisión de investigación surgió tras el escándalo político generado tras la difusión en exclusiva por Público a finales del pasado mes de junio de unas conversaciones entre el entonces ministro Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, en el propio despacho del titular del departamento ministerial.

En las conversaciones (grabadas en 2014) se ponían de manifiesto actitudes y actividades claramente destinadas a perseguir el proceso soberanista catalán y a sus promotores, tanto en las instituciones como en entidades de la sociedad civil.

Unos días después de las revelaciones el director de la OAC fue apartado de sus funciones. De forma paralela se abrió un gran escándalo político que puso de manifiesto la existencia de una “policía política” destinada a emponzoñar la actividad política y sus protagonistas, especialmente en el ámbito de Catalunya.