Cada año la Comisión Europea elabora un informe en el que analiza la situación del Estado de Derecho en cada país de la Unión. En el de este año, en un apartado en el que se resumen las alertas y crecientes "dificultades" para el ejercicio del periodismo en España, se citan, entre ellas, la forma de actuar de un "funcionario de la Comunidad de Madrid", que "amenaza a periodistas y revela información privada de estos por la publicación de una noticia". 

Se refiere a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien amenazó al elDiario.es por Whatsapp después de dos informaciones de este medio sobre los negocios de la pareja de la presidenta. Y también señaló a periodistas de El País en el mismo contexto informativo.

Este escribió a una periodista que no firmaba las revelaciones y le dijo: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den". Cuando ella le preguntó si era una amenaza, el jefe de gabinete de Ayuso respondió: "Es un anuncio". Un día antes, cuando los redactores de elDiario.es le hicieron varias preguntas sobre el caso, se había limitado a responder: "Vosotros veréis".

"Los periodistas siguen enfrentándose a cada vez más dificultades en el ejercicio de su actividad profesional", recoge el informe de la Comisión. Añade que en un año "se han activado en la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas siete nuevas alertas relativas a España".

Así, refiere en la "intimidación a periodistas", además del caso de Rodríguez, las "amenazas al periodista cubano exiliado Abraham Jiménez Enoa en Barcelona" y el "acoso" a cámaras "mientras cubrían protestas en toda España".

La Comisión también alerta de "atentados a la seguridad e integridad físicas de periodistas" —"acuchillado el periodista Alfredo López Penide, de La Voz de Galicia"—; de "la detención y el encarcelamiento de periodistas" —"dos periodistas (de El Mundo y El Español) detenidos por cubrir unas protestas" y el "fotoperiodista Rodrigo Mínguez, detenido violentamente por agentes de escolta"; y de "otros actos que tienen efectos disuasorios sobre la libertad de los medios de comunicación", entre los que apunta el rechazo del Gobierno de Murcia a darle una acreditación a "la periodista Rosa Roda".

Reforma 

El informe de la Comisión añade: "El Estado respondió a cinco de estas alertas indicando que los casos de detención de periodistas, que se debían a actos supuestamente no relacionados con el ejercicio de sus actividades profesionales, están siendo actualmente investigados por los tribunales".

La Plataforma del Consejo de Europa tiene 24 alertas activas en España. Y el proyecto Mapping Media Freedom registró 52 alertas en 2023, por casos de agresiones físicas, acoso o intimidación y amenazas.

El informe remacha: "La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana [la ley mordaza], si se aprueba, podría responder a las preocupaciones de los periodistas. Tanto el Gobierno como las asociaciones de periodistas respaldan el proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo propuesto al final de la legislatura anterior. Aunque en la práctica ha habido muy pocos casos en que un órgano jurisdiccional haya solicitado a los periodistas que revelen sus fuentes o requisado su equipo, los periodistas consideran que sería mejor que dicha protección estuviese plasmada por escrito en una ley".