El Congreso ha publicado este martes las declaraciones de intereses económicos de los diputados, que por primera vez tuvieron que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes Generales el pasado mes de octubre.

La totalidad de ese código entró en vigor entonces, salvo la parte relativa al registro de las declaraciones de intereses, ya que se acordó dar de plazo a sus señorías hasta el 15 de febrero para presentarlas.

Este martes, una semana después de esa fecha, el órgano de gobierno de la Cámara trasladó las declaraciones a la Oficina de Conflicto de Intereses y dio el visto bueno para su "inmediata" publicación en el Boletín del Congreso y su página web, que se ha hecho efectiva poco después.

En esa declaración de intereses económicos cada diputado debía consignar las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

También debían informar de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, "tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general".

Apenas contribuyen a fundaciones y obras benéficas

Al mirar las fichas de los miembros del Gobierno, que son diputados, y de los principales líderes de la oposición destaca su escasa implicación con las asociaciones sin ánimo de lucro, así como la falta de obsequios, salvo los que se practican entre familia y amigos.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido diputado desde 2008, salvo el período en que dimitió entre 2016 y hasta las elecciones de 2019. Entre 2014 y 2016 fue secretario general del PSOE, puesto que recupera en 2017 y desde 2018, presidente del Gobierno. Percibe derechos de autor, beneficios que dona a la Obra Social NUR.

La vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, ha sido hasta junio de 2018, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y, desde entonces, vicepresidenta.

El vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, refiere que desde antes de 2014 percibe derechos de autor y que era presentador y director de programas televisivos hasta que en 2014 es elegido europarlamentario y en 2016, diputado en el Congreso y desde 2020, vicepresidente. Dona parte de su sueldo a la Fundación 25 de mayo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que fue consejera de la Junta de Andalucía desde 2013 y desde 2018, ministra. Su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, fue parlamentaria en Galicia desde 2012 y en 2015 fue elegida diputada. Desde 2020 es ministra.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, declara que es diputado desde 2009 y desde 2018, ministro. Contribuye con aportaciones a ACNUR y la Fundación Plan Internacional de España.

La de Igualdad, Irene Montero, es diputada desde 2016 y ocupa esa cartera desde 2020. En el apartado de donaciones, obsequios y beneficios, sí hace constar que recibió una herencia de su. padre en 2018 de 240.000 euros. Dona parte de su salario a la Fundación Instituto 25 de mayo para la democracia.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es diputado desde 2011 y ha publicado cuatro libros. Su padre le ayudó a adquirir su vivienda y se ha beneficiado, por herencia de su madre, en un porcentaje de una vivienda en El Rincón de la Victoria (Málaga) y en Cenicero (La Rioja). Hace donaciones eventuales a la Fundación Europa de los Ciudadanos.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fue diputada de 2016 a 2018, y ministra de Política Territorial desde entonces y hasta 2019, cuando fue nombrada para el cargo que ahora ocupa, por los que sí obtiene obsequios protocolarios, que no le generan conflictos de intereses. Es patrona de Fundación Ortega y Gasset y de la Gregorio Marañón, sin retribución, además de la de Rafael Campalans.

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, está en la Fundación Pablo Iglesias y contribuye al Instituto de Salud Carlos III, Médicos del Mundo y Aldeas Infantiles.

El presidente del PP, Pablo Casado, es patrono de la fundación Concordia Patrono y FAES y contribuye a Médicos sin fronteras y Cruz Roja.

Santiago Abascal, líder de Vox, se remite en la declaración a lo consignado en formularios anteriores y asegura que las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar su actividad política "en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente".

Similares declaraciones aportan sus compañeros de partido Macarena Olona, Iván Espinosa De Los Monteros o Francisco Javier Ortega Smith.

El diputado de Compromis, Joan Baldoví contribuye a la Fundación Carreras, Amnistía Internacional, Acnur y Adena con cantidades periódicas.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, paga cuotas a la Asociación Cultural Centro de Estudios del Jiloca, Rolde de estudios aragoneses y la Fundación politécnica de Acción pública en defensa del patrimonio aragonés.