MADRID.- Las “injurias graves a los Ejércitos, clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, según recoge el artículo 504.2 del Código Penal, presuntamente vertidas contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una entrevista concedida al diario El Mundo es lo que ha motivado el proceso judicial que se inicia mañana contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias. La acusación es la Abogacía del Estado y esta es la primera vez que esta institución decide querellarse contra un ciudadano por estos motivos.

Los hechos, al margen de las afirmaciones hechas en televisión de ser un charlie que colabora con los servicios secretos, se centran en dos repuestas dadas a los periodistas Eduardo Inda y Estaban Urrieztieta. El pequeño Nicolás les asegura que “mi teléfono fue pinchado por el CNI ilegalmente durante dos meses” y ante la pregunta “¿le consta que el CNI pinche teléfonos de forma ilegal?, la respuesta del presunto estafador es “sí”.

Fuentes oficiales del Centro Nacional de Inteligencia explican a Público que “esa afirmación es muy grave. No se puede permitir que se digan ese tipo de mentiras sin que defendamos nuestro buen nombre, aprovechándose de que tenemos que ser una institución discreta”.

En este caso, además, las pruebas que constan en el sumario del caso Nicolay corroboran, según las fuentes consultadas, que las afirmaciones del imputado no son ciertas.

La grabación ilegal

La prueba que confirmaría que Nicolás injuria, aunque no podrá ser utilizada en un juicio al ser obtenida de forma ilegal, es la grabación de una conversación mantenida entre los investigadores de Asuntos Internos y dos agentes del CNI. En estos momentos, el juzgado de instrucción número 2 que instruye el caso Nicolay investiga quién capturó esa conversación, cuyo contenido es real, pero que ha sido manipulada al no incluirse algunas partes -como el saludo o la despedida-, según los expertos de Policía Científica.
Sin embargo, en la conversación se recogen varios datos que desmontarían las acusaciones de Francisco Nicolás sobre la manipulación de pruebas en su caso por parte del excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y sobre las escuchas ilegales del CNI.

El excomisario Martín Blas le dice en un momento de la conversación a uno de los dos agentes de los servicios secretos que pida a su “juez que amplíe”, refiriéndose al teléfono móvil del todavía sospechoso. El espía e interlocutor le responde “a ver cómo lo justifico”. Es decir, explican a Público fuentes letradas del caso, “los investigadores de la Policía le están pidiendo a los agentes del CNI que le soliciten a su juez del Tribunal Supremo que les dé más cobertura, bien para escuchar las conversaciones de Nicolás, bien para otra cuestión”.

Público ha querido confirmar con fuentes oficiales del CNI si existe o existía una investigación abierta por el Tribunal Supremo de la que ellos se encargaran, pero la respuesta ha sido que “ese tipo de información es clasificada”. Sin embargo aclaran que “cualquier tipo de actuación que choque con los derechos fundamentales de los ciudadanos está avalada por el juez que nos compete, evidentemente”.

Otros indicios de ese mismo audio desmontan las acusaciones de Francisco Nicolás Gómez Iglesias contra el CNI. No sólo existiría una autorización judicial, tampoco sería cierto que se hubiera “pinchado” el teléfono. En el argot policial y judicial “pinchar” significa “escuchar” las conversaciones que se mantienen, incluso leer los mensajes. Sin embargo, los agentes literalmente dicen “el teléfono no se ha movido de Maudes”.

Los expertos en seguridad consultados entienden esta frase como que “el teléfono de Nicolás estaba monitorizado, es decir, se podía posicionar y conocer su localización, si se encuentra en una calle o en otra. Pero esto no es lo mismo que tener pinchado el teléfono”. Por eso estas fuentes entienden que el destituido comisario de Asuntos Internos, actualmente reincorporado a la investigación por orden judicial, “le puede estar pidiendo a su colega del CNI que le pida a su juez del Tribunal Supremo que amplíe la monitorización a una escucha, que es algo que puede plantearse perfectamente en una investigación sin que sea un delito. Además, esto también significaría que Nicolás no era el sujeto relevante de la investigación abierta en el Tribunal Supremo”.

Esta información es coincidente con la desvelada por Público en enero, en la que aseguramos que el Tribunal Supremo tenía abierta una investigación centrada en las personas con las que las que Francisco Nicolás se relacionaba y que el presunto estafador se cruzó en el camino.

Manipulación

La estrategia de Francisco Nicolás para poder utilizar la grabación de la conversación entre los investigadores y los espías se ha ido desmontando también por la declaración del comisario José Manuel Villarejo Pérez.

A pesar de que el propio comisario dice haber denunciado “manipulación de pruebas” por parte del comisario Martín Blas, cuando el pasado 17 de abril pasó delante del juez Arturo Zamarriego para ser interrogado sobre si sabía que existiera una intervención del teléfono del pequeño Nicolás aseguró con sorna que “nunca he estado en una reunión con el CNI”.

Todo el conocimiento que el comisario José Manuel Villarejo tenía de este asunto venía, según su declaración, “de los comentarios” del comisario Eugenio Pino, el número dos de la Policía Nacional. Según han confirmado a Público fuentes adjuntas a la Dirección Adjunta de la Policía (DAO), dirigida por Pino, “es cierto que en la grabación el comisario Marcelino le solicita al agente del CNI que le pida a su juez una medida, porque Asuntos Internos no tenía autorización judicial”.

Sin embargo, pese a ser conocedores de que los investigadores y el comisario Marcelino Martín Blas no cometieron irregularidad alguna durante los seguimientos a Francisco Nicolás antes de su detención, este fue cesado de su puesto en Asuntos Internos. El comisario Villarejo incluso llega a decir en su declaración que lo que el DAO le transmitió fue “la preocupación del comisario de Asuntos Internos porque le hubieran grabado”.