MADRID.- El titular del juzgado de instrucción número 2, Arturo Zamarriego, intenta desenmarañar cuántas personas de los Cuerpos de Seguridad del Estado pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos al facilitar al pequeño Nicolás datos sobre las matrículas de dos motos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Éstas le habrían seguido a finales de septiembre de 2014 o “a las personas con las que me relacionaba en ese momento”, según aclaró en su última entrevista.

Por este motivo, ayer fue imputado el sargento de la Guardia Civil Luis Vázquez que tendrá que ir a declarar el 22 de mayo junto con el comisario de la Policía Nacional Miguel Ángel Barrado, también señalado por un presunto delito de revelación de secreto, al igual que tres policías municipales. Ese día también pasarán por el juzgado en calidad de testigos el comisario Eugenio Pereiro y el inspector jefe Aurelio Vega que han sido señalados por el comisario Barrado en un escrito enviado al juzgado.

Ya están imputados en la causa, junto con Francisco Nicolás, otras diez personas: el ex coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande; cinco policías municipales, dos guardias civiles y dos policías nacionales.

En el caso del sargento Vázquez, destinado en la Unidad de Seguridad de Su Majestad el Rey, a finales de septiembre de 2014 consultó las matrículas de esos dos vehículos a petición del agente de la Guardia Civil también imputado en la causa, Francisco Javier Sánchez López. Fue de esta forma como el presunto estafador supo que pertenecían a un Cuerpo de Seguridad, al aparecer las matriculadas como Secretaria de Estado.

El agente Javier Sánchez formaba parte del grupo de Whatsapp Centro Nacional de Seguridad, que Francisco Nicolás había creado para comunicarse con él y con los agentes de la Policía Municipal, Felipe Gallego y Jorge González Hormigos.

A Javier Sánchez, a quien se fue ganando poco a poco, Francisco Nicolás le puso como señuelo su relación con el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. Por ejemplo, en el mes de julio y mientras este agente está inmerso en el proceso de evaluación interno, el pequeño Nicolás vía Whatsapp “le habla de su amistad con Arsenio [Arsenio Fernández de Mesa, Director General de la Guardia Civil] y con ‘Paco el Secretario de Estado’”, según consta en el sumario. Francisco Martínez Vázquez es uno de los miembros del Gobierno que participó en diversas ocasiones en los desayunos organizados por Francisco Nicolás para la empresa Executive Forum.

Acusaciones entre policías

Por su parte, el comisario Miguel Ángel Barrado que fue también imputado hace una semana envió a finales de marzo un escrito al director adjunto operativo de la Policía (DAO), el comisario Eugenio Pino para que este lo remitiera al juzgado en el que aseguraba que: “No conozco de nada ni he tenido nunca relación personal o telefónica con Francisco Nicolás Gómez, ni con nadie de su entorno. No he consultado nunca la matrícula ni cualquier otra relacionada con el asunto en la base de datos de la Dirección General de la Policía ni en ninguna otra”. Sin embargo, la Unidad de Asuntos Internos tiene localizada una búsqueda de esas matrículas desde su terminal el 30 de septiembre de 2014.

El comisario Barrado, en la actualidad destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), era el secretario general de la Comisaría General de Policía Judicial cuando presuntamente realizó está búsqueda. Es decir, el segundo al mando. “Como secretario general de la Comisaría General de Policía Judicial yo era la única persona de la Comisaría autorizada por la Dirección General para utilizar esta herramienta, asignándome la correspondiente clave. Por este motivo, toda petición tenía que hacerse a través de mí”.

En su explicación al juez, Barrado asegura que “hechas las pertinentes indagaciones, he comprobado que esa solicitud me fue realizada, cumpliendo todos los requisitos, por el comisario Eugenio Pereiro, actualmente jefe de la Unidad Central de Investigación Tecnológica y en aquel momento jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Udyco Central, motivando su petición en el marco de la colaboración que viene desarrollando desde hace tiempo con la Policía Municipal de Madrid y, más concretamente, porque se lo pedía el segundo jefe de dicha Policía Municipal y a la vez responsable de Asuntos Internos del mismo Cuerpo”. Sin embargo, algunas fuentes policiales aseguran que “este marco de colaboración” no corresponde al comisario Pereiro que “en ese momento estaba encargado de dirigir la Unidad de Localización de Fugitivos”.

El comisario no sólo señala a un compañero bajo sus órdenes, sino que asegura que el ordenador era gestionado por un inspector del que proporcionó los datos de identidad y el número profesional al juez. Este inspector jefe es Aurelio Vega, llamado ahora a declarar como testigo.

Según el escrito de Barrado en el que se exculpa, pero que ha llevado a que se cite a sus agentes, “la petición se refería exclusivamente a 'comprobar o saber si algún funcionario policial podría haber consultado dicha matrícula y no su titularidad o cualquier otra circunstancia relativa a la misma'. Es preciso recordar que Francisco Nicolás, según la propia investigación, lo que pretendía era conocer la titularidad o propiedad del vehículo, lo que en ningún momento se produjo”.

El comisario solicita al DAO, Eugenio Pino, que “cancele, suprima o elimine cualquier referencia o dato desfavorable” relacionado con él de las bases de datos de la Unidad de Asuntos Internos.
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A pesar de sus explicaciones, el 22 de mayo tendrá que pasar a declarar junto con el comisario Eugenio Pereiro. Con ellos ya son tres los comisarios de la Policía Nacional relacionados con este caso. A mediados de abril pasó ante el juez Zamarriego el comisario José Manuel Pérez Villarejo para dar explicaciones sobre una posible manipulación de pruebas de la Unidad de Asuntos Internos que ya ha quedado desmontada.