Ha sido una lección de historia de España. La que ha dado el veterano comisario Juan Antonio González, alias JAG, tras cruzar la puerta del Congreso de los Diputados para prestar declaración en la comisión que investiga la malversación de fondos reservados en la Operación Kitchen, realizada al margen de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que él creó y dirigió hasta su salida en febrero de 2012 (acusado de formar parte de la policía del exministro socialista, ya fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba).

JAG ha sido uno de los cinco policías y un abogado que han pasado esta semana de doble sesión para rendir cuentas sobre como funcionaba el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, supuestamente con el beneplácito del presidente del  Gobierno, Mariano Rajoy, y presuntamente con el inestimable consejo y aportación de la entonces ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. 

No es tarea fácil, porque los comisarios saben bien como eludir su deber de declarar. Fue el caso del primer compareciente del martes, Andrés Gómez Gordo, alias Cospedín por haber trabajado como director de Documentación (en realidad era de Seguridad y otras labores) cuando María Dolores de Cospedal era presidenta de Castilla La Mancha. El policía la había conocido en la Comunidad de Madrid, donde Gómez Gordo había trabajado para Francisco Granados (imputado en el caso Púnica) y para Alfredo Prada (el imputado junto con el propio policía por la causa de la Ciudad de la Justicia, un proyecto sin terminar en el que desaparecieron unos 100 millones de dinero público). En su comparecencia en el Congreso, Cospedín utilizó el comodín del acusado, e incluso hizo humor negro al contestar a uno de los portavoces del PSOE: "Me encanta que me haga esa pregunta, pero no le podré contestar porque me encuentro inmerso en una investigación judicial, Tándem, y me acojo a mi derecho a no declarar".  

"A Villarejo le conocí hace mucho años, en la transición"

Tras Cospedín, tomo la palabra en la comisión de investigación el comisario Juan Antonio González, quien se lanzó a contar su currículo: desde que al morir el dictador Francisco Franco se creó, dentro de los servicios de Información, el conocido como Grupo Antigolpe, estrechamente relacionado con la Brigada Político Social (allí detuve desde al asesino de Yolanda González, al de los abogados laboralistas de Atocha, a Santiago Carrillo cuando regresó a España en la Transición, a miembros del PSOE o a otros del PP), hasta que al final fue destituido por los populares acusado de tener afinidad con los socialistas. También dijo a los diputados que él nunca había viajado a Arabia Saudí con Villarejo como otros mandos (como desveló Público) y que, además, él había sido el creador de la UDEF.

Es curioso que esos detenidos de la extrema derecha se fugasen, como es el caso de los abogados de Atocha, o que acabaran colaborando con la Policía de la que Juan Antonio González era jefe, apenas unos meses después de que abandonase el puesto de comisario general de Policía Judicial. Es lo que pasó, por ejemplo,  con Emilio Hellín, huido de la prisión por el asesinato de Yolanda González cuando era miembro del Batallón Vasco Español, que apareció en 2012 como perito de la Policía, con la que llevaba años colaborando en tareas informáticas. 

Seguramente sin querer, JAG (como aparecía también su nombre escrito en los papeles del cabecilla de la trama Malaya Juan Antonio Roca) estaba poniendo encima de la mesa muchas claves para desentrañar los últimos cuarenta años de la cloaca policial. Porque del grupo Antigolpe salieron Enrique García Castaño (Blasillo, alias que se ganó por su cercanía al lider de Fuerza Nueva Blas Piñar), José Manuel Villarejo (quien se infiltró  en el PCE) o el comisario Carlos Salamanca, entre otros. 

El diputado del PP, Luis Santamaría, le preguntó si tenía conocimiento de si Villarejo tuvo relaciones con algún presidente del Gobierno. JAG respondió remontándose a 1982, cuando llegó al poder Felipe González, quien "se reunió con Villarejo y con el secretario general del sindicato [se refiere al SPP, creado por el comisario jubilado y del que fue abogado Emilio Rodríguez Menéndez]".

La historia, casi leyenda, que corre por la Policía sobre esta reunión de Villarejo con Felipe González es algo más siniestra: una amenaza al joven presidente socialista con un "recuerda que tus escoltas también son policías", que fue el empujón final para que al entonces inspector de la Comisaría General de Información sus jefes le invitaran a tomarse esa "excedencia" (no acreditada por el Ministerio de Administraciones Públicas). Durante esa excedencia, de 1983 a 1993, Villarejo creó un emporio empresarial, al que sus jefes policiales llaman "cobertura" sin ninguna legislación que lo ampare, y que todos ellos aprovecharon y utilizaron. ​

En 1995, Juan Antonio González se debió de volver a cruzar con Villarejo durante la detención del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Margarita Robles estaba al frente de la Secretaría de Estado de Interior. Fue cuando cuando comenzó la limpia en la Dirección General de la Policía, cuyo papel de director adjunto operativo (DAO) lo ostentaba Agustín Linares, otro de los hombres de la foto que abre este reportaje. Linares, que acabó de director de Seguridad del Banco Santander, era la persona que protegía a Villarejo, según dice el comisario jubilado en una charla que con su compañero Enrique García Castaño en 2005.

Quien tenía más información sobre este momento de la historia (entre la aparición del GAL y la salida caída del PSOE de Felipe González del poder), era el comisario ya jubilado Marcelino Martin-Blas ("45 años de servicio a España en los que no he faltado ni un día a trabajar, ni he agotado las vacaciones"), que declaró por la tarde del miércoles. "En los años 90 fui secretario general de la Comisaría General de Información. En 1995 realicé una minuta en la que yo daba cuenta sobre el señor Villarejo a Régimen Disciplinario y daba cuenta de que no venía a trabajar. El Comisario General de Información, Gabriel Fuentes, y el director general aprovecharon entonces y le mandaron a Policía Judicial", comentó en la comisión parlamentaria. Es precisamente en la Policía Judicial donde Juan Antonio González volverá a reunir a su equipo, con un nuevo miembro que había estado con él en la zona del Levante, de quien dicen que es un chico listo, con proyección: el agente José Luis Olivera. 

González y la formación de la UDEF con Olivera y Villarejo

Olivera, actual director de Crisis de la Real Federación Española de Fútbol, eterno aspirante a Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), exdirector del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y exjefe de la UDEF hasta el verano de 2012 (cuando Juan Antonio González se va de Comisario General de Policía Judicial para trabajar con César Alierta y el expolicia Florencio San Agapito) fue el último en cerrar el segundo día de sesión, el jueves.  

El Oli, como le llama Villarejo, explicó fue Juan Antonio González quien le presenta en el año 2000 a Villarejo, "al volver de Alicante, cuando entro como jefe de Estupefacientes". JAG le dice que Villarejo es una persona que está excedente pero que está trabajando con ellos en localizar a una persona muy importante, Laureano Ubiña. "Al cabo de los años me entero que no está excedente, que está en activo y que tiene unas empresas de cobertura", aseguró a los diputados. La información sobre Oubiña se la proporciona a Villarejo uno de sus clientes más famosos, el traficante de armas Monzer Alkassar, como declaró por videoconferencia a la justicia de EEUU el comisario en su favor. Alkassar, cliente del comisario jubilado durante más de una década, estaba procesado por el juez Baltasar Garzón, y la justicia española mantuvo en España sin extraditar a pesar de multitud de peticiones.

Juan Antonio González, explica así como conoce a Olivera: "Cuando el PSOE me nombra Comisario General de Policía Judicial, convenzo al ministro José Antonio Alonso de que para perseguir el crimen organizado hacía falta tener un grupo central especializado en delincuencia económica. Soy yo quien nombra a Olivera jefe de la UDEF; soy yo quien hago la Operación Astapa, que viene de una denuncia contra el alcalde Antonio Barrientos por dos concejales socialistas; al igual que la Operación Gürtel, que viene también de una denuncia de dos concejales del PP". 

JAG, al igual que Olivera, no sabían sin embargo nada de los negocios de Villarejo con algunos de los imputados en esas operaciones (como Sandokán en Malaya, José María Clemente Marcet en la Operación Hidalgo, sus propios intereses urbanísticos en Estepona que se ventilaron con la Operación Astapa, y un largo etcétera que llega hasta las últimas operaciones de la UDEF). Lo que sí ha reconoció González es que Villarejo le facilitó un par de notas sobre Gürtel "una sobre Arganda y otra sobre Boadilla": la primera relacionada con Ignacio González y que favorecía a su "amigo" Francisco Granados; y la segunda sobre Leopoldo Arnáiz, que beneficiaba los intereses urbanísticos de Villarejo en el municipio en el que reside. 

Ni González ni Olivera dieron relevancia alguna a que el primero tuviera una empresa domiciliada en una de las oficinas del comisario jubilado, con la que facturaba al expresidente de Telefónica César Alierta, o que Asuntos Internos solicitara en un informe que se investigase el patrimonio del ahora director de Crisis de la RFEF, por tener reconocido en un contrato privado un 5% de una de las sociedades del comisario Villarejo y del policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso. 

"Intenté investigar a Olivera y a la UDEF en 2012"

Quien se desquitó con ganas en su declaración en la comisión de investigación del Congreso fue el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas. Durante su comparecencia, el PSOE le preguntó que por qué creía que le estaban intentando involucrar en Kitchen: "Eugenio Pino ha dicho que en 2012 yo intenté una investigación sobre la UDEF; realicé un informe, pero no conseguí judicializar. El señor Pino dice que con eso se lió la de Dios". Más adelante, amplió la información a preguntas de la diputada de ERC, Pilar Valluguera: "Entre 2009 y 2012 se rumoreaban cosas de la UDEF; que iban a las operaciones y la prensa ya estaba; que si se vendía vino en un despacho... Entonces yo intenté hacer una investigación sobre el señor Olivera y el señor Álvaro Luna. Hice un informe para pedir una autorización judicial para intervenir los teléfonos de ese grupo. Fui llamado por la Fiscalía de Madrid en 2013 para decirme que, por revelación de secretos, no procedía; luego lo leí, y resulta que estaba en el informe. En la Policía, que no te autoricen unas intervenciones telefónicas, está a la orden del día; pero ahora dice Pino que se lió y que ahí se perdió la confianza en mí. ¿Cómo van a contar conmigo para hacer estas cosas".

Y siguió su relato: "No tuve nada que ver con la operación Kitchen, y la pruebas son que el chófer [del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos] nunca ha dicho que me conociera en ninguna de las declaraciones prestadas. Y usted se preguntará por qué me toman declaración como investigado [a lo que asiente el diputado del PSOE]. Tengo acceso a la causa y a las declaraciones, entre ellas a la del señor Eugenio Pino, que después de involucrarme en 2020 dice que no está seguro si yo me reuní con el chófer, por que el conductor ya ha negado cuatro o cinco veces que a mi no me conoce". 

Martín-Blas explicó que conoció a Villarejo "en septiembre de 2012 en el despacho de Eugenio Pino". Los diputados de Vox, aliados del comisario de las cloacas, intentaron sacarle puntilla: "¿Qué estatus tenía respecto a él, Villarejo tenía un puesto superior, diferente?", le preguntaron. Y el ex jefe de Asuntos Internos explicó, sencillamente: "Yo soy comisario desde 1990; Villarejo tiene un puesto que no existe en el catálogo de la Policía". 

Entonces Martín-Blas relató su calvario, que está culminando en Kitchen, empezó en 2012 cuanto intentó investigar a Olivera, y se acentuó en 2013, "cuando se publica que han detenido a un inspector que es el hermano de Andrés Gómez Gordo en la Operación Emperador, y no me habían facilitado las diligencias, siendo yo el jefe de Asuntos Internos".

El colmo llega en 2014, con el caso del pequeño Nicolás: "En octubre me  pide el señor Pino que me haga cargo de la investigación, y me dice que contacte con el CNI, que me lo explicarán. En el registro de Nicolás y en la declaración aparece Villarejo y sus empresas y se lo cuento a Pino; y cuál es mi sorpresa que se empiezan a publicar las diligencias y la declaración, en un medio desconocido. Pido que se investigue el medio y enseguida sale Cenyt [la empresa de Villarejo]; no tenía mucha idea de qué era Cenyt, pero algo me sonaba. Se lo digo a Pino y me dice que se lo diga al secretario de Estado; pero todavía no había empezado la investigación al señor Villarejo, y ya van el señor Villarejo, el actual jefe de Asuntos Internos y hasta el señor Gago a decirle al juez Zamarriego que me retire del asunto". 

"En 2014 había vuelto a coincidir en el despacho de Pino, y el DAO me dijo que escuchara a Villarejo, porque había unos policías que estaban extorsionando  a un importador hindú", recordó el exjefe de Asuntos Internos. La causa se conoció como Operación Varma y quien finalmente intentaba supuestamente extorsionar al importador era Villarejo, utilizando una de sus identidades y al abogado Oscar Jiménez Rubia (que fue detenido en el despacho de Javier Iglesias, alias El Largo, el abogado de María Dolores de Cospedal, de los hermanos Cierco de la BPA, y ahora también de la mujer de Villarejo, Gema Alcalá). Javier Iglesias, como Cospedín, también abrió su comparecencia en la comisión de Kitchen en la mañana del jueves con un "me acojo al secreto entre abogado y cliente" (incluso cuando le han preguntado si el cliente era Mariano Rajoy). 

El diputado de Vox siguió incidiendo en sus preguntas al ex jefe de Asuntos Internos en conocer desde hace cuánto se sabía que Villarejo trataba con los DAO. En 2017, acogiéndose a la ley de Transparencia, Marcelino Martín-Blas pidió conocer "cuál era la figura del agente encubierto, qué ley le protegía y qué había pasado con los informes apócrifos [unas notas informaticas involucrándole en la Operación Cataluña que entregó a los hermanos Cierco]". Según relató, la respuesta que recibió del director German Iglesias era que "la figura del agente encubierto no existía". Además, comentó que "en el caso Pujol, Pino mandó un escrito diciendo que yo le había dado un pendrive relacionado con la familia y que a mi me lo habían dado unos detectives de Método 3. Fui a declarar y expliqué que nunca lo tuve".

Sobre la Operación Cataluña, Martín Blas aseguró en el Congreso que se trata de "un concepto periodístico porque yo lo único que hice fue ir a ver a los fiscales para que siguieran investigando al señor Millet, y di todos los detalles en el Parlament". "Fui con el señor Olivera porque me obligó el señor Pino, y yo no veía nada ilegal en ir a ver a un fiscal, cuando habían intentado investigarle antes. Volvimos, y al día siguiente estaba en la prensa que había una operación, que si los políticos, y llega Pino y me dice 'mira, te vas a hacer famoso'. En diciembre otro periodista publica que la Operación Cataluña la habíamos diseñado Cosidó y yo desde 2011 ¿y de Olivera nada?". 

Pero la culminación del enfado, y su desquite, llegó al recordar la campaña en la que medios afines al comisario Villarejo, como Atresmedia, Carlos Herrera o Ana Rosa Quintana, le acusaron de ser quien había grabado al ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho y haber entregado esos audios a Público. "El comisario Enrique García Castaño dijo que él tenía la Operación Cataluña en su casa. Lo que estaban haciendo el señor Villarejo y García Castaño me lo atribuyen a mi. También dijeron que yo había grabado al ministro y la había difundido, y ahora viene García Castaño y lo explica solo, que le grabó él. ¿Sabe la que me liaron con eso?".