Son casi cuatro años de investigación, desde que el 3 de noviembre de 2017 los agentes de Asuntos Internos y la Agencia Tributaria detuvieran al comisario jubilado José Manuel Villarejo, su mujer Gemma Alcalá, su hijo y socios, hasta que el juez Manuel García Castellón ha llegado a tener indicios sólidos para imputar a los políticos que supuestamente se sirvieron de su estructura empresarial y de la logística (ambas creadas a la sombra del Ministerio del Interior) para frenar las causas judiciales que les acechaban: la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su presunta vinculación con el caso Kitchen.

Además, según la cadena Ser, las imputaciones políticas podrían seguir ascendiendo hasta la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que, según este medio, podría haber utilizado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para frenar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Aunque fuentes consultadas por Público que formaban parte del Gobierno del PP explican: "Si fue ella, ten seguro que no fue ella. Había un presidente del Gobierno, ¿no? Pues deberían preguntar ahí". Y es que todos los caminos, como aparece incluso en las agendas del comisario Villarejo, conducen al expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy.

El detonante de las imputaciones a Cospedal y a su marido no ha sido la ingente cantidad de material incautado en los registros de hace cuatro años. Entre ese material había agendas y audios que relevan la estrecha relación desde hace treinta años entre Villarejo y López del Hierro (quien ha sabido que era investigado mientras se negaba a declarar en la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados). Y también conversaciones tan explícitas como en la que el comisario le pide al empresario (a quien el comisario jubilado apoda El Polla) que le ayude para que pare a Público por las informaciones que señalan las "ayudas" que podría estar recibiendo de la UDEF para no salir en sus investigaciones (por ejemplo, el reportaje que reproduce la conversación en la que el policía le dice al marido de Cospedal: "Con mis grabaciones a la novia de Pujol, empiezan a señalar a tu parienta").

El juez ha tenido en cuenta para las imputaciones anunciadas este miércoles la nueva documental incautada en 2020, después de que el detective Francisco Marco denunciara que le estaban intentado vender una serie de audios y de documentación en nombre del comisario (que se encontraba en la prisión de Estremera, de Madrid).

La investigación de esa denuncia llevó a una nueva detención de Villarejo en su celda (y también de su mujer Gemma Alcalá, el compañero de prisión Alfonso Pazos y una pareja de Alicante), así como a la incautación en la cárcel de 13 agendas que rellenan los huecos que faltaban en la anterior remesa. Por ejemplo, si en el primer registro de 2017 se había encontrado la agenda que iba de los meses de junio a diciembre de 2016, en 2020 se encontró la agenda que cubría los primeros meses de ese año. 

Todo ello forma parte de la que se conoce como la pieza 28 del caso Tándem, que el juez guarda con gran sigilo, ya que no está dejando a las partes que tengan acceso a la documental que obra en ese sumario al considerarla "secreto de Estado". García Castellón ha pedido a Asuntos Internos que elaboren informes con lo relacionado con el resto de la veintena de piezas aún abiertas en la causa; y es en uno de estos oficios en el que se han recopilado las citas y los mensajes que le hacían falta al juez de la Audiencia Nacional para cerrar el círculo de las imputaciones. 

Las acusaciones y defensas consultadas por Público no entienden como el juez García Castellón no ha enviado a analizar a la Policía Científica las nuevas pruebas, ya que temen que podrían haber sido adulteradas por Villarejo o su mujer, al igual que los audios. Por eso, las partes prevén pedir que "se cotejen con las anteriores agendas y se estudien los audios, para que nadie pueda desvirtuar la prueba por haber sido manipulada o fabricada en prisión".

MR, Mariano Rajoy en las agendas de Villarejo

En las agendas incautadas en 2017 (a las que sí han tenido acceso las partes) ya había muchos muestras de la estrecha relación entre el comisario jubilado, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, así como otros indicios que apuntaban al expresidente del Gobierno, señalado en las agendas como MR, que identifican a Mariano Rajoy (a quien Villarejo, en diversas conversaciones con empresarios como Adrián de la Joya o con comisarios como José Luis Olivera o Enrique García Castaño, llama El Barbas o El Asturiano), como se puede ver en el extracto que mostramos a continuación. 

Estas anotaciones tratan aparentemente de gestiones relacionadas sobre la Operación Lezo en junio de 2017 (pocos meses antes de que Villarejo fuera detenido). Son las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre el presunto entramado del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a la sazón enemigo de Francisco Granados, de Cristina Cifuentes y del sector del PP madrileño que aupó a María Dolores de Cospedal y que esta protegió hasta el final de su mandato.  

El caso Lezo se inicia porque un anónimo informa a la Guardia Civil que OHL ha pagado 1,4 millones de euros supuestamente a Ignacio González por la construcción del tren de Navalcarnero en 2007, después de que Cospedal (como consejera de Transportes de Madrid) hiciera el convenio y la concesión correspondiente. Sin embargo, el dinero acabó en realidad en la cuenta del empresario Adrián de la Joya en Suiza. Este hecho se descubrió después de que el país helvético contestara a la comisión rogatoria enviada por García Castellón y la Guardia Civil en el caso Lezo. No obstante, la investigación sigue manteniendo que ese dinero iba destinado al expresidente madrileño, aunque De la Joya se la quedara durante una década.

En las anotaciones de la agenda de Villarejo aparece escrito "MR toque a MAZ para apartarse". Según las fuentes consultadas por Público, esto haría referencia a José Manuel Maza, que era el Fiscal General del Estado en esa fecha (el 29 de junio de 2017). Maza fallecería en Argentina el 18 de noviembre de 2017, quince días después de la detención de Villarejo. 

Las fuentes consultadas también destacan otra anotación en esta misma página, y que reza "MR- mensaje a través de FEDE". En aquellas fechas, según fuentes del PP, "Federico Trillo estaba ya fuera del mapa del PP como para hacer de intermediador entre Villarejo y Mariano Rajoy". También podría tratarse de Enrique de Federico, excomisario general de Policía Judicial, y que cobijó a Villarejo cuando fue expulsado en 1995 de la Comisaría General de Información por Gabriel Fuentes y Marcelino Martín-Blas. Sin embargo, en 2017 "estaba ya muy mayor y no es seguro de que pudiera mediar con Rajoy", según apuntan veteranos policías consultados. 

Así las cosas, que el comisario jubilado dijera la semana pasada en su comparecencia en el Congreso que hablaba con Mariano Rajoy a través de un teléfono, del que dio los primeros y los últimos números, hace pensar a algunos conocedores del caso que ese "FEDE" en mayúsculas podría tratarse de las iniciales de los apellidos del exministro Jorge Fernández Díaz. Si finalmente no se aplazan, están previstas la próxima semana las comparecencias del extitular de Interior y de Rajoy en la comisión Kitchen; es el momento que podrían aprovechar los imputados para preguntar por estas anotaciones.

El jefe de gabinete de Cospedal y el investigador de la Guardia Civil

Según el auto con el que el juez Manuel García Castellón ha imputado a Cospedal y a López del Hierro, el jefe de gabinete de la ex secretaria general del PP en sus etapas de presidenta de Castilla La Mancha y de ministra de Defensa, José Luis Ortiz, es otra de las piezas claves en la comunicación entre el matrimonio y el comisario (a pesar de que Villarejo llevaba desde 2016 imputado en diferentes causas: por ejemplo, por grabar al CNI y a Asuntos Internos en el caso del pequeño Nicolás, o por el apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto).

Llama la atención que una de las anotaciones de Villarejo que aparecen también en las agendas del comisario incautadas en 2017 señale (como se muestra a continuación) que Ortiz le facilita los datos del teniente coronel Francisco Almansa, jefe de Delitos Económicos de la Guardia Civil que lleva las investigaciones de los casos Lezo y Púnica y también sobre Mario Conde. En esos casos aparecen constantes alusiones a Villarejo, a Torre Picasso (donde tenía su despacho el comisario jubilado) o al empresario Adrián de la Joya (su socio en algunas operaciones), sin que finalmente ninguno haya acabado mal parado en dichas causas. 

José Luis Ortiz, según la anotación, le habría proporcionado a Villarejo el "contacto PACO ALMANSA. Teniente Coronel UCO" con la explicación de las aficiones del jefe de Delitos Económicos de la Guardia Civil en la época de Manuel Corbi (otro habitual en la agenda de Villarejo y uno de sus fieles colaboradores después de que le ayudase en un asunto de salud de un miembro de su familia). Así, puede leerse: "Muy enamorado de los caballos, tiene muchos ejemplares, y su padre era también un enamorado de la equitación". Según apuntan diversas fuentes a Público, el jefe de Delitos Económicos de la Guardia Civil encargado de las investigaciones sobre dichos casos que afectan al PP (en los que nunca se investigó a Villarejo, a pesar de que en las escuchas en Púnica aparecía expresamente como Francisco Granados le había contratado) es hijo de Fernando Almansa, quien fuera jefe de la Casa Real con Juan Carlos I, entre los años 1993 y 2002. 

Es llamativa esa mención a los caballos. Villarejo, De la Joya y López del Hierro son también muy aficionados, y el comisario jubilado tuvo una hípica en Córdoba.  

Al final de esa página de la agenda de 2016 también aparece mencionado otra de las personas que, según el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, utilizaba Villarejo para hablar con Mariano Rajoy: Mauricio Casals. En este caso, la anotación se refiere a  una reunión que el presidente de La Razón habría mantenido en el Hotel Palace de Madrid con exparlamentarios como Vicente Martínez Pujalte (del PP) o José Antonio Durán i Lleida (de CiU). Porque en esto de las cloacas parece que no se salva nadie.